La construcción del Tren Maya, uno de los proyectos estelares del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) costará 750 mil millones de pesos (mdp) y se impuso contra la voluntad de las comunidades indígenas, grupos ambientalistas y arqueólogos, porque a lo largo de sus mil 525 kilómetros está destruyendo flora, fauna y las milenarias ruinas mayas.

Y todo esto para aumentar la riqueza de los empresarios más poderosos del país y del mundo, entre los que destaca el multimillonario Carlos Slim.

El pasado 17 de abril, AMLO se reunió con su amigo en su rancho de Chiapas para revisar los avances del proyecto y para citarlo con orgullo publicó un tuit: “Desayuné en Palenque con Carlos Slim porque estamos evaluando el avance en la construcción del Tren Maya, y su empresa tiene un tramo a su cargo. También hablamos de otros temas y le mostré la ceiba más grande que tengo en la quinta”.

En varias de sus conferencias “mañanerasˮ ha exhibido videos en los que se muestran imágenes de las obras de construcción en los distintos tramos del Tren. El cinco de julio destacó la importancia de su impacto económico en el Sureste de México: “Vamos a terminar el Tren Maya, es la obra más grande, mil 500 kilómetros, es como comunicar de aquí de la Ciudad de México a Yucatán”.

Pero ocultó las inconformidades que tal obra ha generado, sobre todo en las comunidades y los ejidos indígenas de la región maya, donde además de los grandes daños al medio ambiente, ha recibido amenazas de las empresas constructoras y turísticas, cuyos propietarios los obligan a vender sus tierras.

Las denuncias de estos delitos no obtienen respuesta ni de las fiscalías de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, ni de la Fiscalía General de la República (FGR); tampoco han funcionado los amparos interpuestos por los campesinos mayas.

A la fecha se desconoce el estudio de impacto ambiental (MIA) que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debió presentar antes de la construcción, incluso las comunidades y pueblos mayas no saben por dónde pasarán las vías férreas; ya que las empresas contratadas por el Gobierno Federal están arrasando el entorno de la ruta.

La asociación Ejidos Unidos en Defensa del Territorio (EUDT) fue la primera en protestar cuando denunció extorsiones por parte de una empresa contratada por Fonatur. “Hace dos años que se acercaron, no explicaron el proyecto y únicamente justificaron que habría derrama económica”, se quejó una de las dirigentes afectadas, quien también denunció que hasta ahora no han recibido un solo peso de la anunciada “derrama”.

Las empresas beneficiadas

Hasta ahora, los únicos beneficiarios del Tren Maya son las empresas a las que el Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, ha encargado la construcción de varios tramos del ferrocarril. El tramo dos, de 235 kilómetros y que va de Escárcega a Calkiní, está en manos del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, y las compañías CICSA y FCC Construcción.

En sus mil 525 kilómetros, el Tren Maya tendrá 75 estaciones e interconectará a las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán. La inversión proyectada por el Gobierno Federal es de 720 mil a 750 mil mdp, que provendrán de fondos públicos y privados.

El Presidente ha justificado esta obra con el argumento de que el Tren conectará a las principales regiones y los grandes centros turísticos de la Península de Yucatán, así como a las comunidades rurales. “Esto abrirá una serie de oportunidades de comercio y desarrollo social, beneficiando a la población y empresas locales y al turismo nacional e internacional”, declaró en una de sus “mañaneras”.

En el tramo dos, el Grupo Carso, CICSA y FCC Construcción, cuyo contrato por 18 mil 553 mdp fue obtenido mediante licitación, se realizan trabajos de cartografía, topografía, hidrología, geohidrología y drenaje; el proyecto de plataforma y vía, el suministro de materiales, vialidades y sistemas de drenaje, entre otros procedimientos.

También participan, en la construcción del Tren Maya, las empresas Ideal e Ingenieros Civiles Asociados (ICA). El Grupo Carso tiene en sus manos, asimismo, el proyecto de conexión interoceánica Veracruz-Oaxaca (construye en específico la autopista Mitla-Tehuantepec) que tiene 169.23 kilómetros de longitud y la inversión asciende a 13 mil mdp. Este proyecto incluye construcción, ampliación, conservación, operación, mantenimiento y modernización de la vialidad por un periodo de 40 años y operará desde 2023.

Hace una semana, AMLO recibió a Carlos Slim en Palacio Nacional, donde también estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, para que el multimillonario hiciera público su compromiso de revisar toda la Línea 12 del Metro y reparar el tramo que se derrumbó a principios de mayo pasado.

“Nos quitan recursosˮ, pueblos en el olvido

A pesar de que el Tren Maya fue “vendido” por el Gobierno Federal como un proyecto que acabará con la pobreza y el rezago social de las comunidades rurales de la Península de Yucatán, las miles de familias mayas están lejos de ver el sesgo “redentor” que el Presidente le atribuye: “Nos quitan recursos. Se plantea construir el mal llamado Tren Maya; nosotros no invadimos las vías, las vías nos invadieron”, coinciden integrantes de un ejido por el que pasará el Tren.

La EUDT, con sede en Campeche, reveló que ha denunciado las extorsiones y violación a los derechos humanos realizadas, hace dos años, por la empresa Barrientos y Asociados, contratada por Fonatur para obtener el derecho de vía. El contrato es por 62 mdp.

De 2019 a la fecha, los representantes de la empresa han visitado varias veces a los ejidatarios para amenazarlos diciéndoles que si se continúan negando a ceder sus terrenos los van denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En una ocasión, uno de los empleados los amenazó con un arma de fuego y fue denunciado ante la FGE; pero hasta el momento se desconoce si ésta ha investigado la denuncia. María Elena Hernández, del ejido Don Samuel afirmó: “no tenemos información de nada, del impacto a las comunidades, al medio ambiente, las instancias como Fonatur, la Procuraduría Agraria no estuvieron”.

Ejidatarios de las comunidades de Candelaria, Miguel Alemán y los ejidos del municipio de Escárcega, como Aro y División del Norte, han sido víctimas de esta empresa. Ellos no se oponen al proyecto, pero exigen que “se transparente la obra. Las propias autoridades ejidales han sido víctimas de engaño, maltrato psicológico, discriminación, pedimos la intervención de las autoridades federales”, declara María Elena.

Hasta el momento, los ejidatarios desconocen cuánto recibirán por metro cuadrado y el avalúo total de los terrenos que quieren quitarles el gobierno y la empresa citada. Pese a las resistencias de los campesinos mayas y la concesión del amparo 674/2020 contra la construcción de las vías del Tren, los trabajos de la empresa se efectúan sin pausa alguna.

La asociación EUDT insiste, por otro lado, en manifestar su preocupación por el impacto ambiental del Tren Maya en su región, donde existe amplia variedad de flora y fauna que resulta “muy valiosa” para las comunidades rurales. Por ello, “exigimos que Fonatur y las propias empresas nos presenten los estudios de impacto ambiental de flora y fauna; sabemos que han hecho estudios, pero a dos kilómetros de las vías y no aquí”.

Recientemente, en una manifestación pública organizada por EUDT, la abogada de los ejidatarios, Leticia Cruz Ortegón, comentó que están en espera de especificaciones, así como información relacionada con el pago a los ejidatarios; ya que tanto la Procuraduría Agraria como la empresa se han negado a brindar estos datos y la cantidad de tierra que les quitarán.

La denuncia de los campesinos es respaldada por varias asociaciones defensoras del medio ambiente, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C. (Cemda), que exige la presentación inmediata y las acciones de resguardo del medio ambiente en toda la ruta del Tren Maya.

En un documento se pronunciaron contra la obra emblemática del Presidente y advirtieron: “El proyecto del Tren Maya y las obras conexas implican numerosos riesgos e impactos ambientales a todo el sureste mexicano, zona de alta riqueza biológica e importancia para la conservación y protección de la selva maya, del acuífero y de la biodiversidad. Aunque la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide identificar los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los ecosistemas terrestres y costeros, es posible identificar que el Tren Maya y las obras conexas causarán diversos riesgos e impactos ambientales. El proyecto del Tren Maya transgrede los derechos humanos y no contribuye a fomentar la conservación del patrimonio biocultural”.

Fonatur ignora cuatro suspensiones

Decenas de comunidades integradas en la asamblea maya Múuch’ Xíinbal han pugnado por que el Gobierno Federal cancele el Tren Maya, cuyos trabajos de construcción han ignorado cuatro suspensiones dictadas por jueces federales contra la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el tramo 3, lo que evidencia un desafío frontal de Fonatur y el Gobierno Federal a las determinaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En la última semana de junio, la asamblea maya reveló que el proyecto del Tren Maya no fue consultado ante ninguno de los directamente afectados, tampoco hubo diálogo con las comunidades mayas en conflicto; y a la fecha, éstas carecen de la información completa y oportuna para tomar decisiones respecto al proyecto que “está impuesto bajo un manto de democracia inexistente y a todas luces ilegal”.

Les preocupa también que no exista un informe sobre los más de 10 mil vestigios arqueológicos encontrados en la ruta donde se construyen las vías del tren, así como la carencia de locales donde sean resguardadas y exhibidas las piezas prehispánicas mayas rescatadas durante el proceso de construcción y que deben permanecer en sus lugares de origen.

Múuch’ Xíinbal denunció que Fonatur copta a los grupos y organizaciones que impulsan el turismo comunitario con la intención de inducir la idea de desarrollo, y que las comunidades acepten el proyecto. “Exigimos al Gobierno Federal que respete nuestro territorio y los recursos naturales que lo integran, que no se continúe con la destrucción de las selvas desplazando animales de su hábitat con el pretexto de desarrollar el sur del país, un falso desarrollo que nos quieren vender como bienestar y justicia social; pero que solo traerá destrucción y más pobreza en las comunidades mayas”, reza el pronunciamiento.

La asamblea advirtió, asimismo, que el Tren requiere grandes extensiones de tierras ejidales y, con la oferta de compra de éstos, está generando un problema entre los habitantes de las comunidades ubicadas en la ruta. “Exigimos que se cancele el proyecto mal llamado Tren Maya, ya que la especulación inmobiliaria y la desinformación originan afectaciones directas que se traducen en conflictos ejidales; tal es el caso de la comisaría de San Antonio Chun que corresponde al municipio de Umán, Yucatán, donde los que se oponen a la venta de la totalidad de su ejido han recibido insultos y amenazas” asegura textualmente la denuncia.

Además de los ambientalistas nacionales, opositores al proyecto insignia del Presidente, organizaciones internacionales, entre ellas Greenpeace, combaten la construcción del mismo. En junio del año pasado, 159 organizaciones no gubernamentales (ONG) y 85 activistas enviaron un documento al residente de Palacio Nacional para advertirle sobre las serias consecuencias ambientales del Tren Maya y los atropellos a los derechos y garantías de las poblaciones locales, principalmente de los pueblos indígenas.

Uno de los puntos de la misiva afirma: “el megaproyecto afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos cuatro entidades y avanza sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad. No existió un diálogo preliminar con las comunidades pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro (derecho a la libre determinación)”.

Las ONGs, sustentadas en varios estudios científicos, advirtieron que el Tren Maya “propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas”.

Además, el proyecto genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural de la Península de Yucatán. Según la información de que dispone Greenpeace, en los alrededores del trazo del Tren Maya, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registrados siete mil 274 sitios arqueológicos. Mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que serán afectados directamente.

Pero ninguna denuncia contra su proyecto ha conmovido al Presidente de la República quien, en más de una ocasión, ha señalado que no existe ningún problema, incluso ha ironizado con el argumento de que “hay sitios donde hay poquita selva” y que, por ese motivo, el impacto ambiental será mínimo. Con respecto al daño a las comunidades mayas nada ha dicho. Todo sea por la buena relación de amistad que tiene con el empresario más rico de México.