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Dice un importante principio de Derecho Penal, denominado de intervención mínima o de ultima ratio, que las sanciones penales se han de limitar a lo indispensable, es decir, que sólo se debe criminalizar una conducta cuando no haya más remedio, esto es, cuando otras medidas, ya sean de carácter administrativo, económico o social, hayan fracasado.
Si bien este principio tendría que ser observado en el manejo de la política criminal en nuestro país, tanto el Gobierno Federal como los legisladores de Morena, parece que lo han olvidado, puesto que las medidas que han propuesto e implementado para hacer frente a la criminalidad han sido, en su mayoría, de carácter penal: cambiar leyes para procesar y castigar a los ciudadanos por simples sospechas de haber cometido algún delito, crear más tipos penales, incrementar las penas de prisión, etc.
Muestra de ello es la reforma aprobada para combatir la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas. Esta reforma, que entrará en vigor en los próximos días, califica como delincuencia organizada los delitos de: contrabando, defraudación fiscal, y la expedición, venta, compra o adquisición de facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, cuando el monto de lo defraudado o de las facturas exceda los 7,804,230 pesos. Igualmente, convierte estos actos en amenaza de seguridad nacional, igualándolos al terrorismo, la traición a la patria y al genocidio. En consecuencia, a las personas señaladas de haber cometido estos delitos: se les impondrá prisión preventiva oficiosa; no podrán optar por reparar el daño o acceder a cualquier otro mecanismo de solución alternativa de controversias durante el proceso penal, establecido en la ley; y, tratándose de la compra o venta de facturas falsas, la pena podrá ser hasta de nueve años de prisión, pudiéndose imponer penas adicionales, si con dichas conductas se cometen otros ilícitos.
La reforma en cuestión es preocupante porque: se comete, con el procedimiento seguido para aprobarla, un presunto fraude a la ley, ya que, en lugar de modificar el artículo 19 constitucional (que regula la prisión preventiva), a través del proceso y las votaciones que nuestra Constitución exige, Morena optó por modificar las normas secundarias para obtener indirectamente ese resultado, lo cual sienta un mal precedente en el proceso legislativo; es una medida desproporcionada y excesiva, tomando en cuenta las conductas que intenta castigar; viola, como otras reformas recientes, la presunción de inocencia, el debido proceso y otros derechos fundamentales; y finalmente, pone en riesgo a los ciudadanos honestos ya que, aunque se dice que afectará sólo a personas que expidan o usen facturas falsas, la reforma también incluye otros hechos que caen en el tipo penal de defraudación fiscal y que cualquier contribuyente, por error u omisión, pudiera cometer.
Ante reformas como esta, que prácticamente anulan derechos fundamentales y vulneran nuestro orden constitucional, es pertinente preguntarnos ¿Serán este tipo de medidas las que nuestro país necesita? Muchos mexicanos consideramos que no.
Los colonos adquirieron, en 1985, los lotes de un predio de 192 hectáreas que perteneció a varios propietarios urbanos, quienes los pusieron a la venta mediante instrumentos jurídicos.
Desde 2008 las RR. SS. son la herramienta principal de los políticos para influir en las decisiones de la población. En México, desde 2018 Morena obliga a los trabajadores a ver las "mañaneras" y reaccionar en RR SS. y así inflar cifras.
Turismo Las divisas generadas por el turismo en el país, tuvieron una caída del 15 por ciento durante el primer trimestre de este año, principalmente por las medidas tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Qué cosas tan raras vemos, en muchas ocasiones, en las notas de ocho columnas de los diarios nacionales, unas medio raras y a veces medio absurdas, y otras; que siempre reflejan a una sociedad descompuesta, pero sobre todo que seguimos siendo un país some
Destacó que en RSP se busca invitar a la gente para que se incluya al proyecto y pueda mejorar su calidad de vida mediante el trabajo conjunto.
la representante del FAM, Xóchitl Gálvez, registró su precandidatura a la presidencia de la República, acompañada de las excandidatas presidenciales Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota.
El jefe de Gobierno, Martí Batres, retira los dictámenes para el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) que fueron enviados al Congreso capitalino.
En 2023, con elecciones en el Edomex y Coahuila –claves para las federales y presidencial de 2024– se prevé que la inflación se mantenga alta y que se disipe el tan aplaudido aumento de 20% al salario mínimo.
El pasado jueves 15 de febrero el presidente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez, anunció la designación del diputado local ex perredista Janecarlo Lozano.
No sorprende el nombramiento de Ulises Lara como encargado de despacho de la FGJCDMX, lo que sí preocupa es que el funcionario es cercano a la familia del jefe de Gobierno, Martí Batres.
La aprobación de la nueva Ley de Ciencia podría significar la extinción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Se tiene previsto que Reino Unidos abandone el bloque comunitario el próximo 31 de enero, según lo dio a conocer el ministro en su cuenta de Twitter.
Todo indica que la política fiscal de AMLO será la misma: enfocada a comprar conciencias y votos para que Morena gane las elecciones en 2024; y, como los gobiernos anteriores, ignore los problemas del país.
El combate a la corrupción es solo el pretexto para imponer la política presidencial, los intereses que representa, su ideología y necesidades.
En 2006, AMLO se quejó de que Felipe Calderón le arrebató el triunfo en las elecciones de ese año; le llamó "presidente espurio" sin prever que ahora cuando sí es un “presidente legítimo”, sus resultados son peores que los del panista.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.