Los fideicomisos benefician a sectores sociales específicos necesitados de apoyo en seguridad, protección o para desempeñar alguna labor profesional; otorgan recursos seguros, sujetos a una normatividad. Protegidos por la ley, nadie puede cortar las ministraciones asignadas, mientras se cumplan las normas constitutivas. La Secretaría de Hacienda, con los fideicomisos públicos en cuestión, otorga recursos etiquetados, permanentes, que no dependen del presupuesto anual ni de los vaivenes de la política, y que dan seguridad, confianza e independencia política, pues quienes los reciben no se obligan a la incondicionalidad con los gobernantes, a mendigar “apoyos” ni a ser rehenes electorales.

Pues bien, fueron suprimidos los 109 fideicomisos y fondos, arrebatando los recursos a las instituciones, o, “en el mejor de los casos”, obligándolas a suplicar por el apoyo ante el ejecutivo, ahora con potestad absoluta para conceder o negar. Quedan promesas de seguir otorgando recursos... lo real es que los tenían y se los quitaron. Las dos cámaras, en ignominiosa sumisión, dieron la estocada final, leales al Presidente, no al pueblo que las eligió. Ahora la Tesorería de la Federación administrará discrecionalmente 68 mil millones más, provenientes, primero, del extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), cuya bolsa contaba con 6 mil 861 millones, y cuya desaparición deja indefensas a poblaciones arrasadas por huracanes, o devastadas por sismos; también incautaron el Fondo de la Financiera Rural, el segundo más grande (12 mil 563 millones). Se está desmantelando lo que quedaba de banca de desarrollo para pequeños productores.

Severamente despojado, el Conacyt perdió 91 fondos y fideicomisos (25 mil 741 millones de pesos), entre ellos 26 Centros Públicos de Investigación. Se eliminó el relacionado con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, aumentando así la vulnerabilidad del país (el Conacyt había eliminado la estratégica área de biotecnología); se suprimen, además, centros y fondos como el de Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología; Tecnología Forestal; Alimentación; Cambio Climático y Agua. Se retiran los recursos al CIDE, Colegio de la Frontera Norte, Colegio de Michoacán, Colegio de la Frontera Sur, el CIMAT, Instituto Mora, Colegio de San Luis. Imposible agotar la lista; destacamos solo los dedicados a investigación en temas como: Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, Actividades Espaciales, Energía, Ecología, Ingeniería y Desarrollo Industrial, Química Aplicada, Óptica. Un golpe terrible a la ciencia, ya en sí rezagada: en 2017 recibía el 0.49 por ciento del PIB, porcentaje que en el Presupuesto 2020 se redujo a 0.38. Consecuencia lógica: 95.2 por ciento de las patentes registradas en México son para extranjeros; 4.8 por ciento para mexicanos.

Al retirarse el apoyo gubernamental a la investigación, es lógicamente esperable que investigadores y centros busquen financiamiento en el sector privado, nacional y transnacional; la ciencia quedará más aherrojada aún al gran capital, investigando lo que a éste convenga, no lo que el interés social demande: un avance hacia la privatización de facto. En la economía del conocimiento tomarán más ventaja los corporativos transnacionales, ahondándose así nuestra situación de país maquilador. Además, los proyectos de largo plazo, o que no vayan acordes con la ideología del Presidente en turno, no tendrán posibilidades. Se reducirá la necesaria cooperación e intercambio de conocimientos con otros países e instituciones. Se está desmantelando el aparato científico, reduciéndolo a sus últimos bastiones, cada vez más marginales, en las universidades y algunas otras instituciones muy abandonadas. Y no olvidemos que, si la ciencia se pierde, su lugar será irremisiblemente ocupado por el fanatismo y el misticismo, precisamente el bagaje ideológico del Presidente y que pretende imponer a todos los mexicanos.

Además de lo expuesto, se suprime el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, que pierde 213 millones, agravando las cosas, pues en el presupuesto 2021 a la Conade se le reducen ya 107.5 millones respecto a 2020. Somos un país vergonzosamente rezagado frente a otros más pobres y con menos habitantes (fuimos lugar 61 en la Olimpiada 2016). Asimismo, se atenta contra la cultura al eliminar el Fidecine (224 millones). El cine de hoy no es, ni de lejos, aquel de la Época de Oro, y está dominado por el extranjero. “En 2019, las películas norteamericanas saturaron las pantallas de los complejos comerciales en México y acapararon 86 por ciento de los espectadores, mientras las mexicanas pudieron ser vistas por el 10 por ciento; las europeas, por dos por ciento; y latinoamericanas, apenas por 0.2 por ciento” (Imcine, 2019). Estamos culturalmente colonizados por Hollywood, con la consecuente pérdida de identidad cultural y el sacrificio de talento de mexicanos privados de condiciones para realizarse.

A manera de justificación, el presidente alega que hay corrupción (como en La Boquilla, las guarderías, las casas refugio para mujeres víctimas de violencia, el Seguro Popular, Prospera, y todo lo que no le guste). Pero no ofrece evidencia: al menos en el caso de la ciencia. Si tal fuera la razón, lo lógico sería acusar a los corruptos ante las instancias correspondientes, abrir carpetas de investigación y aplicar la sanción legal correspondiente; pero no: se procede a destruir las instituciones. Con esa lógica se puede desmantelar todo el aparato, dejando el poder absoluto en una sola persona. Y qué, ¿todos los fideicomisos estaban corrompidos o desvirtuados? ¿Ninguno tenía remedio? La bandera de la lucha contra la corrupción es la patente de corso que justifica todo, hasta quemar la casa para calentarla. En obvia incongruencia se eliminan los fideicomisos sectoriales (26 en total) entre Conacyt, secretarías de Estado y otras dependencias, ¿pero no se supone que en este gobierno ya no hay corrupción? No habría entonces motivo para eliminarlos, pues son fideicomisos entre dependencias federales dirigidas, supuestamente, por puros funcionarios honestos.

El combate a la corrupción es solo el pretexto para imponer la política presidencial, los intereses que representa, su ideología y necesidades. En lo inmediato y superficial le acicatea la falta de dinero para conservar el poder; su estrategia, absolutamente improductiva, no da para eso. Antes de la pandemia el Gobierno consumió el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; hoy, el erario sufre la caída de la economía, de la venta de petróleo y la recaudación fiscal. La cosa se agrava por la negativa de aplicar impuestos a los grandes corporativos, en un esquema fiscal progresivo, donde paguen proporcionalmente más quienes más ganan, aquellos que hoy, en la crisis, agigantan sus fortunas. Antes que hacer eso, mejor arramblar con los recursos de la ciencia, el deporte, el campo, el medio ambiente y la cultura. López Obrador necesita enormes sumas para la compra de votos, con sus programas de transferencia monetaria directa y para sus obras faraónicas irrenunciables. La solución, entonces, fue irse sobre los fideicomisos, medida que frenará el desarrollo y el bienestar social, deteriorará más nuestros recursos, nos someterá en mayor medida a las transnacionales y debilitará a México en el contexto internacional. Cuánto sacrificio cuesta al país el gobierno de la “Cuarta Transformaciónˮ.