Esta mañana Aquiles Córdova Morán, dirigente del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), solicitó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervenir en la prohibición que el Gobierno de Chiapas ha dado para usar el estadio Víctor Manuel Reyna en el evento del 45 aniversario antorchista al considerar este acto como una violación constitucional.

La denuncia se dió a través del artículo de opinión de Córdova Morán, donde precisó que (sic) “(...) el evento para celebrar el 45 Aniversario del Movimiento Antorchista Nacional en los estados del sureste, fue terminantemente prohibido por el gobierno del estado donde se llevaría a cabo”, subrayó además que “el decreto es seco y definitivo: no se permite la celebración de dicho evento por órdenes superiores, y si lo hacen habrá consecuencias”, motivo por el cual el dirigente expresó su consternación.

“Solicito a la Secretaria de Gobernación, la respetada jurista Olga Sánchez Cordero, su atinada intervención como responsable de la política interior del país, para que se respete nuestro legítimo derecho a la reunión pacífica”, finalizó el dirigente en su escrito.

En fechas recientes el Movimiento Antorchista ha denunciado actitudes que la administración federal ha tenido en contra de la organización social de los mexicanos. La nueva denuncia corre en uno de los estados administrados por un gobernador extraído de MORENA, el abogado Rutilio Cruz Escandón Cadenas.

El artículo 6º de la Constitución Política  de México declara que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

Fragmento completo del artículo del Ing. Aquiles Córdova Morán, “El respeto a las garantías individuales y ciudadanas no es nunca graciosa concesión”...“recibo información de que el evento para celebrar el 45 Aniversario del Movimiento Antorchista Nacional en los estados del sureste, fue terminantemente prohibido por el gobierno del estado donde se llevaría a cabo. El ukase (decreto) es seco y definitivo: no se permite la celebración de dicho evento por órdenes superiores, y si lo hacen habrá consecuencias. Esta fórmula, como todos sabemos, esconde mucho más de lo que expresa, razón por la cual intimida más y no hay a quién responsabilizar directamente de la arbitrariedad ni a quién acudir en demanda de justicia. ¿Y la declaración de respeto irrestricto al derecho ciudadano de manifestación? Desde esta tribuna solicito a la Secretaria de Gobernación, la respetada jurista Olga Sánchez Cordero, su atinada intervención como responsable de la política interior del país, para que se respete nuestro legítimo derecho a la reunión pacífica. Y a Dios encomiendo el destino de mi solicitud, el mío y el de mis compañeros del sureste.”