En agosto del año pasado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a no reprimir ni criminalizar ninguna de las manifestaciones realizadas contra su gobierno u otra dependencia. Previamente había asegurado que no utilizaría la ley del garrote porque “la violencia no se combate con violencia”.

El mismo día de su toma de protesta, el cinco de diciembre de 2018, Sheinbaum prometió fortalecer la seguridad en la capital con varias estrategias, entre ellas la desaparición del Cuerpo de Granaderos, cuyas tareas de seguridad pasarían a otros grupos “que no fueran de represión hacia la población”.

Pero nada de esto se ha cumplido. Ocho meses después, el 16 de agosto de 2019, durante una protesta contra la violencia de género conformada por grupos feministas, ocurrió el primer encontronazo de la señora Sheinbaum con la realidad y de la policía con las manifestantes, resultando lesionadas 34 personas. “En todos los otros casos no vamos a criminalizar la manifestación social, lo que nos interesa es avanzar en un clima de paz y de justicia”, aseguró entonces la Jefa de Gobierno. 

Cuatro días después, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldó a su compañera de partido y aseguró que su gobierno no usaría la fuerza pública contra las movilizaciones sociales. “Puede ser que los conservadores empiecen a decir que hace falta mano dura, porque así son: muy hipócritas, pero no se usará la fuerza. Éste no es un gobierno autoritario. Vamos a actuar con tolerancia. Prohibida la represión”, declaró en su conferencia mañanera.

Pero de entonces a la fecha se registraron, al menos, tres grandes represiones contra movilizaciones efectuadas por distintas demandas. Una ocurrió el 22 de octubre de 2019, contra 80 alcaldes de diversas regiones del país, que solicitaron audiencia con AMLO para exigir mayores recursos a sus municipios. La manifestación, realizada afuera de Palacio Nacional, fue dispersada con “aerosol defensivo natural”. El mandatario y otras autoridades federales justificaron la represión con el argumento de que los ediles “pusieron en riesgo la vida de los trabajadores” de la sede presidencial.

Otra de las represiones violentas se efectuó contra comerciantes informales del Centro Histórico de la CDMX, que fueron embestidos por un grupo de personas armadas con tubos y palos a las 13.00 del 18 de enero, mientras avanzaban sobre el cruce de las calles El Carmen y República de Venezuela. Este ataque, del que resultaron lesionados tres ambulantes, se dio mientras caminaban hacia el Zócalo y cuando personal no uniformado de la Dirección General de Reordenamiento de la Vía Pública del gobierno capitalino realizaba un operativo en el Perímetro A del Centro Histórico.

Cuatro días después, el 22 de enero, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la activación del programa Recuperación del Centro Histórico 2020-2024, con el que se retiraría a los ambulantes de 27 calles del centro capitalino. “Nos han criminalizado, pero no somos los enemigos, somos el pueblo trabajador, y también somos ciudadanos que sufrimos porque nos han robado, nos han amenazado y nos han extorsionado”, denunció la señora Concepción, una de las vendedoras ambulantes desalojadas del Centro Histórico.

Una tercera represión violenta aconteció el viernes 14 de febrero durante la manifestación que grupos feministas efectuaron frente a las instalaciones de los diarios El Universal, Excélsior y La Prensa. Los colectivos feministas denunciaron que el Grupo de Ateneas (mujeres policías especializadas para atender las marchas de mujeres) utilizaron extinguidores y gas pimienta para dispersar su manifestación de protesta contra los feminicidios. “Marabunta desmiente estas declaraciones, fuimos testigos del uso indebido de extintores de polvo químico seco sobre las manifestantes, la presidenta y personal de la @CDHDF también fueron rociados y dos integrantes de Marabunta fueron directamente atacados con gas pimienta”, publicó este colectivo en su cuenta de Twitter.

Ante las acusaciones, Sheinbaum pidió pruebas. Las feministas contestaron con una ola de videos y fotos de las agresiones, que fueron publicadas en varias cuentas de Twitter y Facebook. Las mujeres policías tuvieron que abandonar el cerco formado frente a las manifestantes para lavarse el rostro con agua; pues también fueron víctimas del químico verde rociado durante la movilización.