La iniciativa de reforma a la vivienda planteada por el presidente Andrés Manuel es una de las que más llama la atención por lo difícil que se ha vuelto para la mayoría de la población acceder a ella en varias zonas del país. De acuerdo con el último informe del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el crecimiento de la producción de vivienda se concentra en casas residenciales, mientras que la vivienda económica se produce cada vez menos. Como resultado de estas tendencias de producción, junto al empobrecimiento de la gente, 30.5 por ciento de los mexicanos no tiene vivienda propia.

La iniciativa planteada beneficia únicamente a los derechohabientes del Infonavit. Los cambios en la responsabilidad del Instituto consisten en la facultad para construir la vivienda; facultad para arrendar lo que se construya, con mensualidades de 30 por ciento del salario de la persona trabajadora, y una vez cumplidos los diez años, la persona podrá adquirir la vivienda. La iniciativa tiene el objetivo de acabar con la crisis de vivienda que enfrenta el país, sin embargo, una que está dirigida sólo a la gente que tiene acceso al financiamiento de Infonavit, no tiene la capacidad de hacerlo. Este cambio en las responsabilidades del Instituto beneficiaría únicamente a 15 por ciento de la población sin vivienda.

Desde que en México se empezó a hacer política de vivienda después de la Revolución, éstas siempre han atendido a un pequeño segmento de la fuerza de trabajo, al sector formal. Hasta cierto punto, éste es uno de los orígenes de la crisis de vivienda que México padece, ya que el desarrollo económico nunca ha sido suficiente para emplear de manera formal, con todas las prestaciones de ley, a la abundancia de fuerza laboral por la que destacamos. La reproducción de la mano de obra formal sirvió para forjar una mayor base social de trabajadores mediante la cooptación de algunos, mientras se reprimía y excluía a otros segmentos de trabajadores. Los empleados y auto-empleados en la informalidad desde la constitución del México moderno han quedado excluidos de la asistencia para una vivienda asequible.

Si bien en 1990, el Infonavit sufrió reformas en su funcionamiento para pasar de participar en el diseño, construcción y financiamiento a restringirse únicamente al financiamiento, la solución no es volver a lo que había antes. Los problemas de la vivienda se han profundizado. Por el lado del mercado de trabajo, el sector informal ha aumentado a niveles que nunca antes había tenido. Y por el lado de la vivienda, la falta de regulación en el mercado en las ciudades altamente pobladas ha provocado el encarecimiento de la compra-venta y se ha formado una especulación en torno a los inmuebles, además de la inflación y las altas tasas de interés. Querer aplicar reformas nostálgicas para solucionar problemas reales podría ocasionar otros problemas en vez de solucionar los nuevos.

La iniciativa de reforma a la política de vivienda no beneficia a la gran mayoría de las familias que con sus medios de financiamiento no pueden adquirir una vivienda; sigue repitiendo el patrón que se venía implementando desde antes de las llamadas reformas neoliberales. Con ello, el Presidente demuestra que su interés no es erradicar la crisis de la vivienda, sino solamente preparar el terreno para las urnas de junio de 2024. La iniciativa de reforma a la vivienda, como muchas otras que planteó AMLO el pasado cinco de febrero, no son ideas pensadas ni estudiadas para resolver los problemas que tanto afligen a los pobres de México.