Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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México ha sufrido el incremento de los ataques armados contra la población civil año con año. La situación ha llegado a niveles alarmantes debido a que la semana pasada asesinaron a nueve inocentes en Ciudad Juárez, incendiaron 25 tiendas Oxxo y desataron balaceras en Jalisco y Guanajuato.
Diversos especialistas afirman que el origen de la violencia, que llega a niveles de terror, está en dos vertientes: primera, en las pocas oportunidades que la población tiene para salir adelante, y segunda, en la fallida estrategia de seguridad del gobierno.
De acuerdo con Anaximandro Pérez Espinosa, historiador por la UNAM, investigador de historia fiscal y militar en el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees), para combatir la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha potenciado la militarización a través de la Guardia Nacional, pese a ello, no se ha retrocedido ni un ápice en los atentados contra la población civil, por el contrario, hay una escalada exponencial.
Analistas le atribuyen este crecimiento al hecho de que López Obrador está tomando realmente cartas en el asunto del combate al crimen organizado, a lo que le han respondido con atentados que reflejarían su control sobre la nación.
Para Daniel Vázquez Valencia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y doctor en Sociología, las redes de criminalidad están constituidas incluso por las mismas estructuras políticas y por estructuras empresariales: “buena parte del gobierno y también de los sectores empresariales forman parte de las redes de macrocriminalidad: gobernadores, fiscalías, grupos de policía e incluso algunos regimientos militares”.
Lo anterior implica que haya impunidad, debido a que “hay actores políticos que no solamente no hacen su trabajo de combatir el crimen sino incluso están ahí para solventarlo y para apoyarlo”.
José María Ramos, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto José Ortega y Gasset de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, detalló que es imperativa la capacitación de los miembros de la policía. Explicó que se debe copiar el modelo de seguridad de países que tienen buenos resultados en ese ámbito.
Al respecto, Anaximandro Pérez agregó que para lograr copiar las formas de seguridad de otros países se debe reorganizar el Estado. En ese sentido, Pérez Espinosa criticó el hecho de que no se puedan financiar estrategias que combatan el crimen desde la raíz debido al modelo de austeridad que ha impuesto la 4T.
“Por eso lo mejor es que la población civil se organice, que exija resultados del gobierno y que en un futuro no vote por Morena”, finalizó.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.
En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
Casi el 40% de la población gana el salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales.
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La ley contempla 34 agravantes, incluyendo la extorsión cometida con violencia.
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Escrito por Redacción