A pesar de que México conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para revelar sus aportaciones a la cultura y la resistencia, el Estado poco ha contribuido a la protección de sus derechos humanos y rescatarlos del abandono y las injusticias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha reportado que en el país existen más de 23 millones de personas de tres años de edad y más, que se identifican como indígenas, cifra equivalente al 19.4 por ciento de la población nacional.

En Durango, las comunidades indígenas enfrentan desafíos significativos, entre los que destacan su falta de acceso a servicios básicos, la marginación social y económica y la insuficiencia de políticas públicas que satisfagan efectivamente sus necesidades y derechos fundamentales.

Esta entidad es habitada por cinco etnias indígenas principales: tepehuanos, mexicaneros (nahuas), huicholes, coras y rarámuris (tarahumaras). Según el Censo del Inegi 2020, 58 mil 286 mexicanos en Durango se reconocen como indígenas y hablan lenguas originarias.

La marginación y exclusión de las comunidades indígenas de Durango son las mismas que padecen otros pueblos originarios de México. A pesar de los 17 planes gubernamentales de “justicia” aplicados por los gobiernos federales durante décadas, persiste su pobreza, que en algunos casos resulta extrema.

La realidad de las comunidades indígenas de Durango está marcada además por el rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud y la discriminación, pese a que sus autoridades tradicionales desempeñan un papel fundamental en la defensa de sus derechos y la demanda de satisfacción a sus necesidades.

El rezago educativo

La maestra Guadalupe Solís, docente en una escuela primaria de las comunidades indígenas de Durango, reportó a buzos que, entre las dificultades por superar del magisterio, destacan la barrera de la lengua y, sobre todo, el desinterés del gobierno estatal para equipar las escuelas básicas.

“Nos enfrentamos a muchos problemas, desde la falta de materiales hasta la barrera del idioma. La mayoría de los niños hablan tepehuano como primera lengua; y aunque están aprendiendo español, eso les dificulta seguir el ritmo del resto de los alumnos”, explicó.

La situación económica en las comunidades indígenas resulta precaria, porque obliga a muchos niños y adolescentes a abandonar la escuela para trabajar y ayudar a sus familias. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 80 por ciento de los habitantes de estas comunidades vive en situación de pobreza y muchos niños empiezan a trabajar desde temprana edad, por lo que interrumpen sus estudios.

Juan Flores de la Cruz, joven de 17 años que dejó la escuela a los 14, informó a este medio que abandonó sus estudios porque sus padres “necesitan que trabaje para ayudar en la casa. Aquí la escuela no te da mucho, sólo los que pueden irse a la ciudad tienen más oportunidades”.

Muchas de las escuelas de las comunidades indígenas no tienen acceso a Internet, sus aulas son insuficientes para el número de alumnos y los materiales didácticos son escasos o inexistentes. El rezago educativo afecta a muchos de ellos porque tienen menos oportunidades laborales y mayores dificultades para acceder a estudios superiores.

Además, el rezago educativo contribuye a la pérdida de identidad cultural, ya que los jóvenes migran en busca de trabajo; y muchas veces dejan atrás sus tradiciones y lenguas nativas; lo que perpetúa la pobreza y marginación de estas comunidades.

Los esfuerzos que algunas organizaciones sociales hacen para superar el rezago educativo e implementar programas educativos bilingües se ven limitados por la carencia de infraestructura adecuada y la falta de recursos públicos; además, los programas escolares no siempre reflejan las necesidades y la cosmovisión de las comunidades indígenas.

En la región duranguense donde viven comunidades tepehuanas, huicholes y mexicaneras, las brechas del acceso y calidad educativa se han acentuado por factores históricos, geográficos, sociales y culturales. Los tepehuanos integran la población indígena mayoritaria de Durango, cuyo hábitat se halla en la región sur, principalmente en la Sierra Madre Occidental.

De acuerdo con el Inegi, la tasa de analfabetismo en las zonas indígenas del estado es significativamente más alta que en el resto de la población y en algunas áreas supera el 15 por ciento. Esto contrasta con el promedio nacional, que alcanza 4.7 por ciento. Además, la cobertura educativa en niveles de secundaria y preparatoria está muy lindada, lo que incrementa las tasas de deserción escolar.

Muchas comunidades indígenas se localizan en zonas de difícil acceso, lo que limita la construcción de escuelas y la llegada de personal docente capacitado. En algunas localidades, los niños deben caminar varias horas para llegar a la escuela más cercana, lo que propicia la asistencia irregular.

Aunque la mayoría de los niños indígenas hablan español, el tepehuano, el huichol y el mexicanero se conservan como lenguas maternas. La falta de materiales educativos en sus idiomas y la carencia de maestros bilingües obstaculizan su aprendizaje. El bajo currículo nacional de los estudiantes indígenas es consecuencia de un proceso educativo ajeno que no considera sus particularidades ni lingüísticas ni culturales.

Sistema de salud excluyente

En las zonas rurales de México, especialmente en las comunidades indígenas, el acceso a los servicios de salud de calidad permanece como promesa incumplida; de la que no están exentas las etnias de Durango, cuyas familias deben recorrer largas distancias para llegar a los centros de salud, donde a menudo falta personal médico, no se hablan las lenguas indígenas y no hay medicinas.

Las comunidades tepehuanas, mexicaneras y huicholas de Durango se ubican entre las más excluidas del sistema de salud de México, cuyos servicios son excluyentes para las personas indígenas que viven en áreas rurales y periféricas del entorno urbano.

Los centros de salud en las áreas indígenas suelen ser pequeños, mal equipados y carecen de los insumos necesarios para ofrecer atención médica adecuada; además de que frecuentemente faltan medicamentos básicos y equipos de diagnóstico o emergencia.

Muchas comunidades indígenas se ubican en áreas montañosas; los caminos no siempre están en buen estado y las distancias entre ellas y los centros de salud más cercanos toman muchas horas, lo que dificulta la atención oportuna de pacientes.

María Leocadia González, tepehuana de 45 años, comparte su experiencia con buzos: “mi hijo se enfermó de una infección; y como el centro de salud no tenía medicinas, tuve que caminar cinco horas para llegar al hospital más cercano. Cuando llegamos, ya estaba muy grave”.

Pedro Gurrola, huichol de 60 años, contó que, en su comunidad, no hay médico residente: “el doctor viene una vez al mes; y si alguien se enferma entre sus visitas, sólo nos queda recurrir a remedios caseros o esperar a que no sea algo grave”.

La oferta de los servicios de salud es demasiado limitada; esto provoca que la mortalidad infantil y materna sean muy altas. Según datos de la Secretaría de Salud, las tasas de mortandad en las comunidades indígenas son significativamente mayores a las del resto de la población estatal.

Las indígenas embarazadas enfrentan mayores riesgos debido a la falta de atención prenatal adecuada y a la carencia de personal especializado en partos.

A pesar de los programas públicos destinados a mejorar la cobertura de salud en zonas rurales, como el programa IMSS-Bienestar, su atención es insuficiente. Con frecuencia, los recursos no llegan a las comunidades más necesitadas o son mal distribuidos.

La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la limitada inversión en infraestructura rural contribuyen a que las deficiencias persistan.

Marginación y discriminación 

Además de pobreza, desigualdad y barreras lingüísticas, las comunidades indígenas enfrentan discriminación estructural, cuya consecuencia mayor se manifiesta en la falta de representación legal adecuada ante las instituciones judiciales.

La falta de conocimiento sobre sus derechos y su desconfianza en las instituciones se convierten en enormes barreras. Los programas de justicia establecidos por el gobierno, aunque están bien intencionados, no han logrado superar las limitantes porque las comunidades indígenas no han participado en su diseño y ejecución.

Uno de los principales obstáculos de los pueblos indígenas duranguenses para acceder a la justicia consiste en la barrera lingüística, ya que a pesar de que el Estado reconoce su derecho a contar con intérpretes en sus lenguas originarias, en los procesos judiciales ese ordenamiento se cumple rara vez.

La falta de intérpretes capacitados y la escasa sensibilización de los operadores judiciales sobre las particularidades culturales de las comunidades provocan que los indígenas con problemas legales no puedan defenderse adecuadamente en los juzgados y tribunales.

Los abusos, las detenciones arbitrarias y los juicios injustos en su contra son frecuentes. La falta de información clara en su lengua materna, más la ausencia de apoyo legal especializado, propician su indefensión, sobre todo en delitos relacionados con la defensa de sus territorios, donde sus líderes son criminalizados por defender las tierras contra los intereses gubernamentales o privados.

El sistema judicial estatal está diseñado para servir a quienes comprenden y dominan las leyes; y las comunidades indígenas a menudo carecen de abogados conscientes de sus necesidades. La mayoría de los litigantes no están capacitados para trabajar con las comunidades indígenas, lo que abre más la brecha en defensa de sus derechos.

En muchos casos, los indígenas detenidos no cuentan con apoyo legal de oficio gratuito o les asignan defensores públicos que desconocen y no respetan sus derechos culturales. Por ello, hay numerosos casos de indígenas que han pasado meses o incluso años en prisión sin haber sido debidamente procesados y han padecido la violación de sus derechos fundamentales.

Además, las autoridades judiciales a menudo discriminan a las comunidades indígenas y tratan a sus integrantes como “inferiores” o “incapaces de comprender las leyes”, lo que los vulnera más ante la pobreza, violencia física y la violación de sus derechos humanos.

La falta de medios para defenderse legalmente obliga a las comunidades a recurrir a mecanismos de justicia informales y aceptar procesos o condenas injustas. En una de las entrevistas que este medio efectuó a los líderes indígenas, uno de ellos lamentó:

“No confiamos en la justicia porque no es nuestra. Cada vez que uno de nosotros va a un tribunal, sabemos que no tenemos las mismas oportunidades que otros. Nos ignoran, nos acusan sin pruebas y ni siquiera podemos hablar en nuestra lengua para defendernos”.