En septiembre del 2019, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, emitió un acuerdo para establecer los lineamientos con los que operaría el “Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción” que no es más que un conjunto de procedimientos, de esos que ha puesto en marcha la 4T y que (dicen) están hechos para combatir la corrupción.  

Como su nombre lo indica, este sistema tiene como elemento principal la participación de un “ciudadano alertador” que es aquella persona o funcionario público que informa (a través de una plataforma o página web) sobre la existencia de actos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos; que se hayan cometido, se estén cometiendo o sea probable que se cometan, por parte de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. El ciudadano que realice la denuncia deberá señalar: los hechos, documentos, fotografías, notas taquigráficas, audio o video que funden su denuncia, garantizándole a cambio el anonimato y darle la protección necesaria para evitar represalias. A partir esto que podemos llamar denuncia anónima, la autoridad investigará administrativamente, sancionará y en su caso, denunciará penalmente a los señalados como responsables de tales actos.

Para mayor preocupación nuestra por la existencia de este sistema, carente de todo fundamento constitucional y legal y que por si mismo parece más una herramienta de persecución política, en los lineamientos se señala en principio que el ciudadano alertador no recibirá pago alguno por su colaboración (lo cual es necesario en cualquier mecanismo de investigación para evitar testigos o denuncias falsas); sin embargo, hace algunos días se reformó esta norma y ahora un organismo llamado Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de las Víctimas de la Corrupción se encargará de que, si el ciudadano o denunciante anónimo considera indispensable recibir un pago por su información, deberá orientarlo sobre las figuras legales para ello y, en su caso, canalizarlo con las instancias competentes; en otras palabras, hacer lo necesario para que se le pague.

La existencia de un mecanismo así en un estado democrático de derecho, es grave e inaceptable puesto que, con la aparición de estos ciudadanos informantes que fácilmente pueden convertirse en “acusadores pagados” con recursos públicos, al servicio del gobierno de López Obrador y su partido; se violan principios y derechos constitucionales básicos como la seguridad jurídica, el debido proceso, la necesaria imparcialidad en las investigaciones y otros, que son herramientas de defensa del ciudadano contra el poder, además de afectar el funcionamiento de nuestra ya debilitada democracia.

Aunque se traten de justificar por parte del gobierno actual estos mecanismos como acciones necesarias para mejorar al país, estamos seguros de que estos informantes anónimos, junto con la prisión preventiva oficiosa por corrupción, la extinción de dominio y otros mecanismos más, están hechos para amedrentar y perseguir a personas incomodas para el gobierno actual, opositores y contra cualquier ciudadano que se atreva o insista en denunciar los abusos de este indolente y dictatorial gobierno.