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Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua y que encabeza la panista María Eugenia Campos en contra de la distribución de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.
La Primera Sala aprobó el proyecto del ministro Arturo Zaldívar por unanimidad y sin debate, quien argumentó que la distribución de los libros no incide en la esfera competencial del gobierno estatal, ya que la elaboración, producción y distribución de los libros de texto es competencia exclusiva de la federación.
Además, el expresidente del alto tribunal puntualizó que aducida falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas resulta improcedente, al tiempo en el que subrayó que los argumentos de la administración de María Eugenia Campos se apoyan en instrumentos de mera legalidad y en disposiciones que no confieren una atribución a las entidades federativas.
Esa resolución, abre la posibilidad de que en Coahuila también se inicie con la repartición de los libros de texto, lo cual ocurrirá cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva los recursos de reclamación interpuestos contra la admisión a trámite de la controversia que promovió esa entidad.
La decisión se tomó horas después de que ocho magistrados y magistradas del máximo tribunal del país se unieran al paro de los trabajadores del PJ.
La Primera Sala confirmó la decisión del PAN para analizar la contradicción de criterios entre la Corte y el TEPJF y evitar que Morena, PT y VEM obtuvieran la mayoría calificada.
Mario Aburto fue condenado por el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.
La nueva presidenta ocupará el cargo solo por nueve meses, y no dos años, como está establecido actualmente.
El proyecto no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para declarar la invalidez de la reforma judicial
La SCJN también validó, por mayoría de votos, la circular 17/2024 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que reconoció el paro de labores de juzgados y tribunales federales.
Superan en gastos a la anterior administración encabezada por Arturo Zaldívar.
El amparo se anunció luego de que el Senado aprobara en lo general la extinción de 13 de 14 fideicomisos.
Con esta resolución, la SCJN demostró –y a la 4T– que el Estado de Derecho está vigente y que existen las vías legales y constitucionales para cuestionar todos los actos y normas que arriesguen el porvenir de la República.
Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la propuesta de solidarizarse con la decisión.
Tras denunciar ante la FGR a Arturo Zaldívar, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén aseveró que Arturo Zaldívar pasará a la historia como el peor presidente de la SCJN, tras actuar de manera indebida y presuntamente ilegal.
El presidente del blanquiazul, Marko Cortés, cuestionó que “la solicitud de juicio político de Morena contra un ministro de la Corte es una bravuconada más o el anuncio formal de un golpe de Estado".
Se suman al paro de labores de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Especialistas de México, Argentina, Perú y Colombia, exhortaron a los ministros de la SCJN a negar el amparo contra el etiquetado frontal a empresas que cuestionan su constitucionalidad.
Esta aprobación se produce en medio de un paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial y diversas manifestaciones en contra de la propuesta.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera