La situación en el campo mexicano es crítica, con niveles persistentemente altos de pobreza rural. Estudios que abarcan el periodo de 2008 a 2018 indican que la pobreza en estas áreas ha oscilado entre un preocupante 41 por ciento y un alarmante 46 por ciento. Además, la carencia de acceso a la alimentación en el sector rural fluctúa entre el 20 y 25 por ciento, evidenciando una significativa deficiencia.

La inseguridad alimentaria afecta a más del 80 por ciento de los hogares rurales, y este problema se agrava con la creciente importación de alimentos. Este fenómeno contribuye a la pérdida de seguridad alimentaria y al desmantelamiento del aparato productivo. Esta situación ha llevado a una disminución en la inversión en investigación agrícola, a pesar de su papel crucial para abordar estos desafíos. Un ejemplo claro de esta concentración de problemas es la distribución desigual de subsidios en estados como Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua.

La participación del sector primario en el Producto Interno Bruto (PIB) ha exhibido falta de dinamismo en los últimos años, reflejando una tasa de crecimiento del 1.73 por ciento durante el periodo 2006-2019. A pesar de las inversiones dirigidas a aumentar la producción, esta realidad resalta la necesidad de no limitarse únicamente a incrementar la productividad, sino de abordar la reducción de costos de insumos y labores, siempre desde una perspectiva sustentable. El censo agropecuario de 2022 subraya que el 82 por ciento de las unidades de producción enfrentan altos costos, amplificando los retos.

Paralelamente, se observa una creciente concentración en la producción, el procesamiento agroindustrial, el financiamiento y el mercado de productos agropecuarios, todos en manos de empresas trasnacionales. Esta concentración relega al pequeño productor al eslabón más bajo de la cadena, desplazando la contribución de valor hacia los sectores agroindustriales y de servicios, sin que esto se traduzca en un aumento de ingresos para los productores. Un estudio en Veracruz sobre la cadena productiva del café ejemplifica esta disparidad, donde sólo el uno por ciento de los ingresos de la venta del café beneficia al productor, mientras que el comercializador se queda con más del 30 por ciento.

En el ámbito crediticio, la relación entre los créditos agrícolas y el PIB agropecuario es evidente: un mayor acceso a créditos tiende a impulsar el crecimiento. Aunque se reconoce que políticas de tasas más bajas fomentan el acceso al crédito, surgen desafíos notables. En estados como Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua, el 20 por ciento de las empresas agrícolas recibe, en promedio, el 60 por ciento de los subsidios, generando desigualdades.

El censo agropecuario de 2022 subraya que de las 5.6 millones de hectáreas no sembradas, 2.9 millones permanecieron sin cultivo debido a la falta de recursos, condiciones climáticas adversas o ausencia de crédito. A pesar de un aumento en las solicitudes de crédito por el alza en los precios de insumos agrícolas, el Gobierno Federal no puede satisfacer la demanda, dejando a los intermediarios privados como la única opción viable. Esta situación genera una preocupante dependencia de los campesinos de capitales privados y/o extranjeros.

La mecanización del campo mexicano es otro problema por resolver. El 71.8 por ciento de las unidades de producción agropecuaria y forestal tiene hasta cinco hectáreas, limitando la implementación de ciertas tecnologías. Según el censo agropecuario de 2022, México tiene un índice de mecanización de 72.1 hectáreas por tractor, mientras el índice promedio es de 50 hectáreas por tractor. Actualmente, hay 16 tractores por cada mil campesinos, una cifra significativamente inferior al promedio latinoamericano de 30 tractores por cada mil campesinos en el año 2000.

Además, la baja escolaridad entre los productores sigue siendo un obstáculo, ya que el 50 por ciento cuenta sólo con primaria, el 21 por ciento con secundaria y el siete por ciento con preparatoria. El 14.5 por ciento no cuenta con estudios, limitando el desarrollo de capacidades necesarias para la producción agrícola, pecuaria, forestal y acuícola.

En resumen, la situación del campo mexicano es compleja y demanda una intervención integral. Los pequeños productores, ejidatarios, comuneros, propietarios privados y comunidades indígenas requieren apoyo urgente. La actual tendencia representa un riesgo significativo para la viabilidad nacional y la seguridad alimentaria. Se necesita una acción coordinada, involucrando a profesionales y conocimientos universitarios, para revertir esta situación.