El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es sólo para agilizar trámites: "es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos", explicó.

El Tren Maya, el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas son los objetivos principales de López Obrador, ya que cataloga de seguridad nacional a los megaproyectos.

El documento indica que las dependencias y entidades de la Administración Pública deberán iniciar proyectos ordenados por el Ejecutivo, de manera casi inmediata, pasando por alto dictámenes permisos y licencias necesarias para iniciar a construir cualquier obra pública.

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que analizará el contenido del acuerdo presidencial y, de ser necesario y derivado de ello, explorarán "las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Al ser considerados de seguridad nacional, se podrían aplicar ciertos candados para acceder a la información relacionada con las obras prioritarias para el Gobierno federal, como contratos, dictámenes, convenios modificatorios, manifestaciones de impacto ambiental, proyectos ejecutivos, entre otros.

“El INAI analiza de fondo el acuerdo publicado el lunes 22 de noviembre, por el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados”, indica el órgano autónomo. Considerar las obras de infraestructura como de seguridad nacional puede resultar en la reserva de la información pública, señaló.

El documento establece que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional, se considerara resuelta en sentido positivo.

Este acuerdo entrará en vigor desde este lunes tras su publicación en el DOF, las erogaciones que se generen con la entrada en vigor del presente se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.