La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es sólo para agilizar trámites: "es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos", explicó.
El Tren Maya, el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas son los objetivos principales de López Obrador, ya que cataloga de seguridad nacional a los megaproyectos.
El documento indica que las dependencias y entidades de la Administración Pública deberán iniciar proyectos ordenados por el Ejecutivo, de manera casi inmediata, pasando por alto dictámenes permisos y licencias necesarias para iniciar a construir cualquier obra pública.
Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que analizará el contenido del acuerdo presidencial y, de ser necesario y derivado de ello, explorarán "las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.
Al ser considerados de seguridad nacional, se podrían aplicar ciertos candados para acceder a la información relacionada con las obras prioritarias para el Gobierno federal, como contratos, dictámenes, convenios modificatorios, manifestaciones de impacto ambiental, proyectos ejecutivos, entre otros.
“El INAI analiza de fondo el acuerdo publicado el lunes 22 de noviembre, por el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados”, indica el órgano autónomo. Considerar las obras de infraestructura como de seguridad nacional puede resultar en la reserva de la información pública, señaló.
El documento establece que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional, se considerara resuelta en sentido positivo.
Este acuerdo entrará en vigor desde este lunes tras su publicación en el DOF, las erogaciones que se generen con la entrada en vigor del presente se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.
En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
Casi el 40% de la población gana el salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales.
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Escrito por Redacción