Cargando, por favor espere...
Si algo ha quedado claro del actual gobierno es que por encima de la Constitución está la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como lo demuestran los recurrentes atentados que desde el inicio de su gobierno ha cometido contra los derechos fundamentales incluidos en la Carta Magna. El más reciente de estos agravios fue conocido el 22 de noviembre de 2021, cuando publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que declaró “de interés público y seguridad nacional” varias obras de infraestructura en proceso de construcción a cargo de su gobierno en materia de energéticos, comunicaciones, telecomunicaciones, hídricos, medio ambiente, turismo, salud, puertos, aeropuertos, etc., para que se les considere prioritarias o estratégicas de cara al desarrollo nacional. Esta declaratoria ordena a las dependencias y entidades de la administración pública federal a autorizar provisionalmente proyectos de obras en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud; y las autorizaciones durarán un año.
Este decreto, como lo han advertido los especialistas en derecho, atenta contra la Carta Magna porque es contrario al derecho constitucional a la información, porque permite que las autoridades reserven información de las obras públicas incluidas en el decreto con base en lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque impide que los ciudadanos mexicanos conozcan cómo se gasta el presupuesto federal, actitud que genera opacidad y puede propiciar corrupción en el gobierno; porque el otorgamiento exprés de autorizaciones provisionales representa un riesgo contra el derecho fundamental a un medio ambiente sano, debido a que pasa por alto los permisos de impacto ecológico y otras autorizaciones establecidas en diversas leyes para cuidar selvas, bosques y áreas naturales protegidas; porque vulnera el principio de legalidad al pretender burlar lo dispuesto en leyes ordinarias con un decreto presidencial, que es de menor jerarquía normativa en el sistema jurídico, y porque viola el derecho al amparo, recurso judicial efectivo en defensa de los derechos ciudadanos; pues al cualificar como obras de seguridad nacional a las actuales obras de infraestructura del Gobierno Federal, impedirá en principio que los jueces las frenen mediante la emisión de suspensiones temporales o definitivas.
Tal clasificación, además, es artificial y arbitraria porque, de acuerdo con el Artículo 3° de la Ley de Seguridad Nacional, solamente lo que tenga que ver de manera “inmediata y directa” con el mantenimiento de la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano puede ser declarado de seguridad nacional. Como vemos, ninguna de las obras públicas que el Presidente pretende proteger con su decreto se ajusta a esta definición legal.
Es muy probable que con las acciones de inconstitucionalidad y los amparos que se tramiten, este decreto tenga el mismo destino que las llamadas “ley Zaldívar”, “ley Bonilla” y otras iniciativas ocurrentes y abusivas del actual gobierno; es decir, que sea invalidado. Sin embargo, mientras esto sucede, las obras del Presidente causarán daños ambientales irreversibles, generando corrupción y contraviniendo el proyecto nacional de los mexicanos que desean una patria más justa y equitativa para todos y para quienes la única posibilidad de superar estos atropellos se halla en distinguir entre la verdad y la mentira, saber qué les conviene o no y votar contra el partido del actual Gobierno Federal en las próximas elecciones.
En 24 horas, el número creció en 110 nuevos casos. De acuerdo con Salud hasta el momento se tienen registrados 2,156 casos sospechosos.
“La mayoría de los campesinos y pequeños productores están sufriendo esta situación, en todas partes, con éste mal gobierno, se fue para abajo la cosecha y el trabajo; hasta el momento sólo hay promesas, han puesto muchas trabas...
El presidente mexicano ya sacudió a los inversionistas al cancelar un nuevo aeropuerto
En México se han reportado 181 mil 279 homicidios dolosos desde diciembre de 2018 al 10 de marzo de 2024, con lo cual el gobierno de AMLO ha rebasado a las administraciones que le antecedieron en materia de inseguridad.
Después de esta importante contienda, al pueblo le toca la ardua tarea de exigir mejores resultados y buscar su propio camino, ateniéndose a sus propias fuerzas.
Lo más perverso del asunto, indicó Anaya, es que AMLO sabe que su reforma no va a ser aprobada porque es absurda.
En consecuencia, luego de la campaña infamante desde el gobierno, los antorchistas estamos más expuestos a las agresiones del poder y de la delincuencia organizada.
Violencia
Este asalto al CIDE se suma a la desaparición de fideicomisos y a los recortes presupuéstales paulatinos pero sistemáticos.
Los trabajos de construcción del Tren Maya en el tramo 1, el cual va de Palenque a Escárcega.
En su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a las protestas de la CNTE.
Claudia Sheinbaum anunció que a partir de este martes en la Ciudad de México los museos capitalinos tienen luz verde para su reapertura.
El gobierno de México se ha encargado de generar desinformación y confundir a la población con un doble discurso que evidentemente la pone en riesgo.
El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer el martes que retirará los cargos contra Cienfuegos con la finalidad de que sea investigado en México.
Con el voto de cuatro diputados de oposición, Morena aprobó en solo 10 días una reforma electoral con la que evitará que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sea sometido a una consulta de revocación de mandato en 2022.
Chimalhuacán, entre los municipios con mayor inseguridad; en redes tunden a alcaldesa
Pemex no paga, pero Slim invierte: Carso seguirá en el negocio petrolero
Encuesta revela las alcaldías con más inseguridad de la CDMX
PAN denuncia a Adán Augusto por supuestos vínculos con el narco
Cofece revela pacto de bancos para fijar comisiones
Golpean a médicos y enfermeras granaderos de la CDMX
Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.