Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
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La Cámara alta aprobó la "interpretación” del decreto de reforma constitucional de 2019 sobre la Guardia Nacional (GN) en materia de derechos laborales de los integrantes de esa institución, luego de que el bloque de contención (PAN-PRI-PRD) se dividiera.
La aprobación se da a unos días de que se acate la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la Guardia Nacional esté bajo el mando operativo y administrativo de autoridades civiles y no militares, este primero de enero.
La minuta con la “interpretación” del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, fue turnada a la Cámara de Diputados, misma que ya la tiene agendada en su sesión de hoy para su aprobación exprés.
La “interpretación auténtica” consistió en establecer la definición de “asignados” como sinónimo de nombrar o designar y “rango” como grado con las prestaciones y derechos laborales inherentes, mismas que se especifican con una nueva tabla, y se agregan "estímulos" sin precisarlos.
Pero senadores del Grupo Plural, sin partido y Revolucionario Institucional (PRI) alertaron que es innecesario, pues todo ello ya está garantizado y el objetivo de Morena y aliados (PT y PVEM) es afianzar la militarización y sentar un precedente negativo de realizar "interpretaciones" para algo que ya está claro.
En tanto, la senadora Claudia Ruiz Massieu recordó que para emitir un decreto de interpretación a una reforma constitucional se requiere el mismo procedimiento que una reforma constitucional y alertó el precedente de que, por la vía de interpretación, en un futuro se pretendan realizar cambios e interpretaciones a modo.
“Se busca dar la vuelta a la interpretación de la Corte. Se busca una militarización de la interpretación de la legislación”, advirtió por su lado el senador Germán Martínez Cázares.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera