No pasaron muchas semanas antes de que el Congreso de Puebla, completamente bajo control morenista, aprobara nuevas reformas a la legislación vigente. Ahora le tocó el turno a la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla. La iniciativa partió del gobernador Miguel Barbosa y tiene como objetivo establecer las reglas y bases para controlar la programación, asignación, ejercicio, seguimiento y evaluación del gasto. Esta ley obliga a la administración pública estatal, y a todos aquellos que sean Ejecutores de Gasto, entre ellos los ayuntamientos.

Barbosa y compañía aseguran que el objetivo es doble: de una parte, cerrar el paso a malas prácticas de los gobernantes en los municipios y, de otra, hacer efectiva una rendición de cuentas exhaustiva que no deje escapar el mínimo detalle. Para dar cumplimiento a lo anterior, establece férreos controles para vigilar en qué se gastarán los recursos los ayuntamientos.

Ningún poblano debe caer en el engaño: nos muestran el pan y afirman: “solo buscamos que ya nadie despilfarre o robe recursos públicos, queremos austeridad y racionalidad”. Fíjense en lo bueno del pan, pero dentro viene la filosa navaja: no es el ayuntamiento el que decide en qué obra nueva, reparación o mantenimiento destina sus recursos. Eso lo acuerdan en Puebla.

Dirán que la afirmación anterior es una exageración. Para que se convenzan de lo contrario, pongo a su consideración cuatro aspectos de la ley.

En su Artículo 10°, la nueva ley establece que los Ejecutores del Gasto, entre los que se cuentan los municipios, deberán presentar programas y presupuestos sobre cómo gastarán los recursos provenientes del Gobierno Estatal y la Secretaría de Planeación y Finanzas los aprobará “si así lo considera”. Uno de los criterios para su aprobación es que se sujete a lo determinado por el Plan de Desarrollo del Estado de Puebla. Además, si la realidad los obliga a cambiar la programación del gasto, ésta también deberá ser aprobada por la secretaría.

El Artículo 50° de la nueva ley estipula que el Gobernador del Estado, a través de la Secretaría, “ podrá suspender, cancelar, modificar o diferir a los ejecutores de gasto (incluyendo a los municipios) los recursos de sus fondos, cuando éstos no cumplan con algunas obligaciones”, tales como no enviar la información requerida relativa a la ejecución de sus programas y el ejercicio del presupuesto; que del análisis de los ejercicios y el desarrollo de los programas aprobados se concluya que no están cumpliendo con las metas previstas o que se detecten desviaciones en la ejecución o aplicación del dinero, entre otras obligaciones. Se advierte que estas acciones de cancelación o ajuste se harán de manera selectiva.

Llamo la atención de mis lectores sobre la gran ambigüedad en estas decisiones del gobernador Barbosa, quien podrá manipular fácilmente, e incumpliendo la ley, los fondos públicos de los Ejecutores de Gasto. Hace gala de la misma ambigüedad al plantear que el Ejecutivo pueda destinar recursos adicionales a programas prioritarios y autorizar reasignaciones cuando considere procedente. En otras palabras: se le faculta para repartir los ingresos excedentes del estado a quien le parezca, alegando que van dirigidos a programas prioritarios.

Lo anterior expuesto aclara la “exageración”. Si bien, en apariencia, esta ley no borra la autonomía de los municipios, en la práctica tendrán el control de los ingresos estipulados en el Artículo 115° Constitucional, en el que efectivamente prevé una serie de controles del gobierno del Estado sobre el gasto de municipios y otros organismos públicos, pero las nuevas “normas” buscan dar a la administración de Barbosa, vía su Secretaría de Planeación, facultades para suspender, cancelar, modificar o diferir el financiamiento de los ayuntamientos.

El resultado será el siguiente: ahora, ni siquiera el dinero recortado que llega a los municipios se podrá emplear para atender las prioridades más urgentes de los pobladores; los alcaldes quedan prácticamente atados de manos para atender a sus gobernados. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional seguirán “engordando el cochinito” para sus obras faraónicas o para comprar más votos en junio de 2021.

Que cada poblano saque sus conclusiones.