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Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) a defender sus derechos constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente al “decretazo presidencial”.
En su artículo semanal titulado “Un acuerdo que viola la Carta Magna”, publicado en El Universal, el también profesor del Tecnológico de Monterrey justificó un tanto la decisión del presidente López Obrador al afirmar que quiere al menos un logro en su administración, sea el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, como dichos proyectos han tenido varias denuncias por no contar con los protocolos necesarios que exige cualquier obra pública, ahora busca blindarlos.
Por ello se vio orillado a decretar sus megaobras, así como cualquier proyecto que se le ocurra, como de “seguridad nacional”. Visto así, el acuerdo presidencial pretendería, en apariencia, acortar los procesos administrativos para que el presidente pueda presumir la conclusión de al menos uno de sus megaproyectos; aseguró Urzúa.
La realidad es que el llamado “decretazo presidencial” ocultaría todos los procesos administrativos de la inversión pública federal, de las licitaciones hasta el ejercicio del gasto mismo, por lo que resta del sexenio. Aunque López Obrador no contaba con que en la Carta Magna el artículo 28 constitucional determina que quien elige si la obra es en verdad o no de seguridad nacional, no es el Ejecutivo, sino el Congreso de la Unión.
Por tal razón, tanto diputados como senadores pueden interponer una controversia en cualquier momento y llevar el asunto al Congreso de la Unión.
La financiera ofreció créditos durante casi tres décadas, pero hoy no puede devolver los ahorros de sus usuarios.
En promedio, el costo semanal de la canasta básica en el país asciende a 910 pesos.
Analistas anticipan un bajo desempeño trimestral, con estimaciones que sugieren una contracción de hasta un 0.2%, atribuida a diversos factores, como la finalización de proyectos gubernamentales y la disminución del gasto electoral.
La canasta básica está por las nubes y los más pobres son quienes recienten el aumento de precios.
Las actividades primarias y secundarias cayeron 8.9 y 1.2 por ciento, respectivamente.
Con el inicio de la cuaresma, también comenzó el aumento anual en el precio de los pescados, que van desde 40, 60 o hasta en un 75 por ciento, reportó la Profeco.
Por ciudades, el precio promedio de la canasta básica en Ciudad de México creció de 9.4 por ciento a 10.9 por ciento.
Datos de la SHCP revelan que el gobierno de la 4T redujo su gasto en salud, al destinar sólo 800 mil 347 millones de pesos, menos 3.4% al sector, la mayor caída en los últimos 15 años.
El director del IDIC, aclaró que el daño no es necesariamente atribuible al coronavirus, pues “la economía mexicana ya había llegado enferma a esta situación”.
Las mujeres emprendedoras de negocios por internet, conocidas comúnmente como “nenis”, generan al año 80 mil 200 millones de pesos.
Sin crecimiento económico y una reforma fiscal progresiva, fallarán los planes de gasto e inversión de Claudia Sheinbaum.
Los flujos de capital se refieren al movimiento de dinero destinado a financiar inversiones entre países o regiones del mundo.
Las salidas de Lock Capital y Fibrashop marcan un daño significativo tras las acusaciones del gobierno estadounidense.
El Ministerio de Comercio de China se centrará en desarrollar el consumo interno y estimular el poder adquisitivo y la demanda interna.
Los mercados internacionales reaccionan a los signos de recesión en las economías más poderosas del mundo.
Escrito por Citlali A. Ramírez M.
Periodista