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Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) a defender sus derechos constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente al “decretazo presidencial”.
En su artículo semanal titulado “Un acuerdo que viola la Carta Magna”, publicado en El Universal, el también profesor del Tecnológico de Monterrey justificó un tanto la decisión del presidente López Obrador al afirmar que quiere al menos un logro en su administración, sea el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, como dichos proyectos han tenido varias denuncias por no contar con los protocolos necesarios que exige cualquier obra pública, ahora busca blindarlos.
Por ello se vio orillado a decretar sus megaobras, así como cualquier proyecto que se le ocurra, como de “seguridad nacional”. Visto así, el acuerdo presidencial pretendería, en apariencia, acortar los procesos administrativos para que el presidente pueda presumir la conclusión de al menos uno de sus megaproyectos; aseguró Urzúa.
La realidad es que el llamado “decretazo presidencial” ocultaría todos los procesos administrativos de la inversión pública federal, de las licitaciones hasta el ejercicio del gasto mismo, por lo que resta del sexenio. Aunque López Obrador no contaba con que en la Carta Magna el artículo 28 constitucional determina que quien elige si la obra es en verdad o no de seguridad nacional, no es el Ejecutivo, sino el Congreso de la Unión.
Por tal razón, tanto diputados como senadores pueden interponer una controversia en cualquier momento y llevar el asunto al Congreso de la Unión.
La migración de mexicanos hacia Estados Unidos (EE. UU.) ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, y está relacionada con diversos factores.
El Órgano de Fiscalización Superior de la Cámara de Diputados de Veracruz detectó irregularidades por más de mil 500 mdp en la Cuenta Pública 2022 del gobierno veracruzano.
Ley del IEPS establece que las cuotas de este impuesto deben actualizarse cada año conforme a la inflación.
La Fed considera no apropiado reducir los tipos de interés hasta que la inflación alcance el objetivo de dos por ciento.
A pesar de que la Profeco ha recalcado que los precios de la tortilla (17.20 pesos) se mantienen a nivel nacional, lo cierto es que en varios estados fronterizos han llegado a venderla hasta en 27 pesos el kilo.
La Profeco puso en marcha el operativo “Programa de Verificación y Vigilancia” por el 14 de febrero, llamando a los consumidores a denunciar aumentos de precios en alimentos y productos, debido que no están autorizados.
Los productos con mayor incidencia en la inflación mensual fueron: limón, tomate verde, aguacate y carne de res.
La reducción del déficit fiscal responde a los ajustes aprobados en el Paquete Económico 2025.
“Al gobierno se le pasó la mano, tuvo una política fiscal muy irresponsable en 2024”, externó Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex.
De acuerdo a la iniciativa, el presupuesto para el próximo año es de 6.1 billones de pesos
Si se contempla la inflación, el salario mínimo constitucional (SMC) para noviembre de 2022 debería ser de 817.80 pesos diarios.
En días pasados se realizó la 88º reunión anual de los banqueros de México y la presidenta Sheinbaum acudió al exclusivo complejo hotelero en donde se llevó a cabo y participó de su foro.
El maíz y otros granos básicos como el trigo y la soya han alcanzado precios récord debido a la especulación financiera. Así lo ha denunciado la Organización Internacional del Trabajo.
El capital moldea a los hombres como los necesita.
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Escrito por Citlali A. Ramírez M.
Periodista