La extrema derecha, o neofascismo, avanza en el mundo peligrosamente, en particular en las naciones del bloque imperialista occidental.
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Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) a defender sus derechos constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente al “decretazo presidencial”.
En su artículo semanal titulado “Un acuerdo que viola la Carta Magna”, publicado en El Universal, el también profesor del Tecnológico de Monterrey justificó un tanto la decisión del presidente López Obrador al afirmar que quiere al menos un logro en su administración, sea el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles. Sin embargo, como dichos proyectos han tenido varias denuncias por no contar con los protocolos necesarios que exige cualquier obra pública, ahora busca blindarlos.
Por ello se vio orillado a decretar sus megaobras, así como cualquier proyecto que se le ocurra, como de “seguridad nacional”. Visto así, el acuerdo presidencial pretendería, en apariencia, acortar los procesos administrativos para que el presidente pueda presumir la conclusión de al menos uno de sus megaproyectos; aseguró Urzúa.
La realidad es que el llamado “decretazo presidencial” ocultaría todos los procesos administrativos de la inversión pública federal, de las licitaciones hasta el ejercicio del gasto mismo, por lo que resta del sexenio. Aunque López Obrador no contaba con que en la Carta Magna el artículo 28 constitucional determina que quien elige si la obra es en verdad o no de seguridad nacional, no es el Ejecutivo, sino el Congreso de la Unión.
Por tal razón, tanto diputados como senadores pueden interponer una controversia en cualquier momento y llevar el asunto al Congreso de la Unión.
La extrema derecha, o neofascismo, avanza en el mundo peligrosamente, en particular en las naciones del bloque imperialista occidental.
Aunque las actividades primarias mostraron dinamismo, la industria y los servicios limitaron el desempeño del país.
El estancamiento persiste pese a un leve avance en actividades secundarias
La tasa por mora subirá a 2 por ciento y el ISR retenido a actividades digitales será de hasta 4 por ciento.
El gasto alcanzó más de 960 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2025.
La disminución de la demanda por bonos gubernamentales comenzó en abril y se ha intensificado ante un panorama económico adverso
De acuerdo con diversos medios de comunicación, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han perpetrado más de 10 asesinatos de alcaldes en varios estados de la República Mexicana.
Aunque el FMI avaló el desempeño macroeconómico, también resaltó la debilidad económica del país.
El financiamiento al sector salud sigue lejos de lo recomendado por la OMS.
La medida fue publicada en el DOF.
Quintana Roo, Sinaloa, Nuevo León e Hidalgo registraron las mayores contracciones
Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
El recorte al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social limitará servicios básicos y atención ciudadana.
La electricidad, el transporte aéreo y los servicios turísticos continuaron presionando el índice de precios.
La inversión del sector público se desplomó 30.8 por ciento, mientras que la privada retrocedió 2.6%
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Escrito por Citlali A. Ramírez M.
Periodista