La cuarta ola de contagios de Covid-19 ha causado un ausentismo laboral de aproximadamente 10 por ciento en las empresas, el aumento en hospitalizaciones y perjudicado el ingreso de las familias de los trabajadores, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Durango.

A decir de esta dependencia, en las últimas semanas, la cifra de trabajadores contagiados se triplicó de 150 a 450, la mayoría con plazas laborales en compañías maquileras, cuyos salarios son muy bajos; y su padecimiento pone en riesgo no solo la salud de sus familiares sino también la dieta básica y su escaso patrimonio familiar.

La pandemia golpea en particular a este sector social; porque algunas empresas maquileras no cumplen los protocolos sanitarios, como dotar con gel antibacterial a sus empleados, entre otras medidas básicas de higiene en las instalaciones, de acuerdo con denuncias reiteradas de muchos trabajadores.

Según datos actualizados, a finales de enero, la pandemia ha causado un ausentismo laboral aproximado al 10 por ciento en las empresas; y éstas han tenido dificultades en cubrir sus plantillas laborales más indispensables. Además son muy pocas las compañías que han apoyado a sus trabajadores en la detección del Covid-19 con pruebas en laboratorios particulares, incluso varias no les han permitido dejar sus labores, pese a haber contraído la enfermedad.

En estos casos, ni las empresas ni las instituciones sanitarias federales ni locales han respetado el derecho constitucional a la salud; y la STPS de Durango incluso ha intentado minimizar los problemas sanitarios; argumentando que el aumento de contagios del 150 a 450 de las últimas semanas no representa un brote descontrolado de Covid-19; aunque se ha visto obligada a supervisar los filtros de revisión en áreas laborales comunes, comedores y transporte.

Maltrato a trabajadores

En Durango, la industria maquiladora está integrada por 17 plantas que se dedican a la producción final de arneses y autopartes; genera alrededor de 25 mil plazas, entre directivos y mano de obra calificada; pero, actualmente, más de dos mil están vacantes, cifra equivalente al ocho por ciento en el número de puestos requeridos.

El salario promedio de los obreros es mil 100 pesos semanales, monto insuficiente para muchos de ellos debido a que deben cubrir los gastos básicos de sus familias y los de transporte. Además se quejan de que, durante sus horas laborales, sufren maltratos del personal de confianza y de los directivos.

La trabajadora de una de las sucursales de la empresa Leoni Wiring Systems de Durango, S.A. de C.V. denunció que, dentro de las plantas, “muchos de nosotros hemos recibido algún tipo de maltrato, el más recurrente es el maltrato verbal por parte de los supervisores o algunos jefes de mantenimiento. Hace algunas semanas, unos de los jefes de mantenimiento se puso histérico y nos empezó a gritar que por qué no cumplimos con lo que teníamos que hacer y hasta golpeaba en las mesas; o, por ejemplo, a la hora de pedir permiso para ir al baño, quieren que vayamos rápido sin detenernos y tardar el menor tiempo posible, o de lo contrario nos pueden castigar rebajándonos el salario”.

Las maquiladoras con mayor presencia física en Durango son Daws, Leoni, Yazaki, APTIV, Johnson Controls y Carhartt. Y precisamente algunas de éstas reciben más denuncias anónimas de maltrato, incumplimiento de protocolo sanitario y de no respetar el salario de los enfermos de Covid-19, pues los envían a sus casas, pero no les pagan su sueldo, obligándolos a laborar pese al padecimiento que presentan.

Cuando ocurre, la dirección de recursos humanos los envía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que se hagan la prueba; pero en las clínicas u hospitales de esta dependencia los envían a su casa por 14 días sin aplicarles ninguna prueba; o si se la hacen, el resultado tarda una semana y, en ese lapso, deben permanecer en sus domicilios.

Alberta, quien trabaja en una maquiladora de autopartes, reveló a buzos que cuando esto ocurre, tanto la empresa como el IMSS se deslindan del pago de salarios y los trabajadores se quedan sin ingresos. Otro obrero precisó que los empresarios les advierten que si salen positivos al Covid-19: “si quieren irse a casa, pues váyanse, pero no les vamos a pagar por estar en casa”.

“Y entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Quién nos va a pagar? Las maquiladoras no lo hacen a menos que llevemos una carta de incapacidad que el IMSS no nos entrega, y por eso nos vemos en la necesidad de ir a trabajar así como andemos. Pero también tenemos que cuidarnos, porque si nos ven enfermos en la empresa nos mandan a casa, pero no nos pagan”.

Alberta reveló que cuando logran conseguir una constancia de incapacidad, reciben la mitad del salario legal. “Los que ganamos mil pesos a la semana, ganamos entonces 500 pesos ¿Oiga, para qué nos alcanza ese dinero?”, preguntó con un dejo de preocupación en el rostro.

Gabriela, otra obrera maquiladora, que es sobreviviente de cáncer; que debe aplicarse un medicamento especial porque las quimioterapias la debilitaron y que pese a ello –al igual que diabéticos o embarazadas– debe cumplir a cabalidad con su jornada diaria de trabajo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuando se trata de un cierre de labores por cuestiones de salud, las empresas están obligadas a pagar al menos un salario mínimo por día de inactividad. Sin embargo, de acuerdo con las denuncias de los trabajadores, les pagan solo 71.4 pesos de los 123.2 diarios del salario mínimo; es decir, les pagan el 42.2 por ciento menos.

Roberta González León, quien actualmente es maquilera, gana mil 100 pesos por un turno de lunes a viernes a la semana, un ingreso salarial insuficiente para los gastos de su familia.

“Con el sueldo que gano no nos alcanza para nuestros gastos semanales; son más de mil, con eso y con lo que trabajábamos entre mis hijos y yo los fines de semana, vendiendo algo o lavando ropa ajena, y eso cuando hay agua; cuando no, pues no se puede, con eso apenas nos alcanzaba. Ahora no sabemos ni qué hacer, pues ya tengo cuatro días que estoy esperando mis resultados de laboratorio para poder regresar a trabajar. Algunos días no hemos comido, simplemente porque no logramos conseguir un poco de dinero o despensa”, dice Roberta.

Nadie se responsabiliza

El titular de la STPS de Durango, Israel Soto Peña, reconoce esta situación; pero afirma que este tipo de abusos solo ha sido detectado en una sola empresa que cuenta con varias plantas en el estado; y que ésta no se responsabiliza económicamente de los trabajadores con Covid-19 mientras no tengan una incapacidad firmada por el IMSS; pero esta dependencia también se deslinda del pago a los pacientes.

Cuando esto sucede, los trabajadores afectados tienen la única opción de presentar una denuncia directa, en la misma STPS, para que se proceda contra la maquiladora. Sin embargo, muchos obreros no recurren a ello porque temen a las represalias de la empresa, ya que saben que esta dependencia carece de fuerza para imponerse.

“Los abusos laborales pasan en varias maquiladoras de arneses, pero no ha hecho nada para poner orden ahí; los tienen comprados”, advirtió uno de los trabajadores.

En diciembre de 2021, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) –integrada por representantes del Gobierno Federal, la iniciativa privada y el sector laboral– aprobó, por mayoría de votos, un incremento al salario mínimo diario aplicable en el país, así como en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

El nuevo SM diario vigente, a partir del primero de enero anterior, es de 172.87 pesos en gran parte del territorio; y de 260.34 pesos en la ZLFN. Éstos son los montos que las empresas deben pagar a sus trabajadores.

Pero la mayoría de las plantas en el país son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); y con la crisis económica derivada del confinamiento sanitario de 2020-2021, muchas de ellas quebraron y otras más carecen de la capacidad financiera para cubrir ese aumento; además, el Gobierno Federal vigente decidió no brindarles el apoyo necesario para que sobrevivieran.

En 2020, un millón de empresas cerraron sus puertas y se perdieron 4.1 millones de puestos de trabajo, cifra equivalente al 20 por ciento de las Mipymes existentes en México. Pese a esta lamentable situación, en 2021, el problema de quiebra prevaleció en perjuicio de empresarios y trabajadores, sin que el Gobierno Federal reparara en la comisión del mismo durante dos años seguidos.