El surgimiento de autodefensas en Pantelhó, Simojovel, Altamirano y Chenalhó no solo se debe a disputas agrarias que datan de varias décadas atrás, sino también al hartazgo de sus habitantes por la corrupción, impunidad y por los presuntos nexos que los gobiernos municipales electos el pasado seis de junio tienen con la delincuencia organizada.

Si bien es cierto, como aseguran los analistas, algunos de estos grupos civiles armados generan dudas con respecto a su procedencia popular –ya que no tienen el respaldo de la mayoría de la población– los altos índices de inseguridad y la ola de muertes que siembran los gobiernos municipales les brindan el beneficio de la duda que necesitan para presentarse y buscar solución a sus demandas de seguridad pública.

Este problema se agudizó después de las elecciones del pasado seis de junio en Chiapas, cuando grupos de habitantes inconformes no reconocieron a los alcaldes ganadores, incluso no aceptaron a los concejos municipales que el Congreso Estatal designó para sustituir a aquéllos. El principal factor aducido para la creación de los grupos de “autodefensa” es la inseguridad pública, ese “algo que está fallando” en la región de Los Altos de Chiapas.

Manuel Gustavo Campo Muñoz, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACh), especializado en el análisis de la gobernabilidad democrática, reconoció que es apresurado llamar “autodefensas” a los grupos que ahora están surgiendo en Chiapas, ya que la población les está aplicando el mismo nombre que se usó a los grupos armados que surgieron en Michoacán.

Explicó que estos grupos, a diferencia de los de Michoacán, están integrados más bien con pobladores inconformes quienes, mediante el uso de algunas formas de organización y expresión generadas por el movimiento zapatista en 1994, expresan sus problemas de seguridad pública y sus desacuerdos con los gobiernos vigentes.

Recordó que esto se ha visto desde la década de los 70 y que, en algunos municipios, los problemas de mayor peso obedecen a la tenencia de la tierra; es decir, son conflictos agrarios de data muy vieja. Pero ahora, abundó, el asunto que más les ocupa y preocupa es el de la delincuencia organizada, un factor nuevo y diferente.

“Antes no existían los medios para dar a conocer las problemáticas; desde lo legal hasta los medios de comunicación, no existían tantas garantías y derechos reconocidos a los pueblos originarios que se les permitiera expresarse. Los medios no estaban atentos y no les interesaban estas inconformidades en esos momentos”.

Pese a ello, la dinámica de la sociedad chiapaneca se caracteriza por la existencia de muchas organizaciones sociales que tienen diferentes propósitos. Esta diversidad ha generado un problema de fragmentación que es aprovechado por grupos que detentan el poder. Para lograr este objetivo se junta un grupo de amigos y se ponen de acuerdo para tomar una presidencia municipal con la finalidad no solo de robarse el erario sino de posicionarse y tomar el control de la zona.

Campos Muñoz sostiene que hay grupos de inconformes que no son escuchados por los gobiernos y que cuando expresan sus desacuerdos, son minimizados, razón por la que buscan rutas para hacerse notar. Las vías que siguen son tres: una institucional y legal, que se concreta en asociaciones y partidos políticos.

Una más, que genera organizaciones civiles en las que el debate de los problemas sociales deriva tanto en la demanda de atención pacífica a la sociedad como en la exigencia beligerante o insurgente porque, como afirman los antropólogos, llegan al clímax y recurren a las armas para defender sus derechos e intereses.

Esta vía fue la utilizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se integró con diversos grupos sociales que previamente habían luchado pacíficamente; y que al no obtener el éxito deseado, apelaron a las armas y con ello pusieron a Chiapas en el ojo del huracán y bajo el escrutinio internacional.

El experto aclaró que el primer engaño a los pobres e indígenas del México moderno se dio con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ya que ésta no los incluyó en sus páginas. “En ningún artículo fueron considerados. Esto se dio después del surgimiento del EZLN y de los acuerdos de San Andrés, que el gobierno incumplió, pero que en 2001 se incorporaron en el reconocimiento a los derechos colectivos”.

La génesis de las autodefensas

“Quizás el fondo es algo de mayor peso, aunque en esencia es una defensa. Las razones pueden ser diferentes en cada región, con diversos factores como la corrupción y la delincuencia organizada”, explicó el investigador.

Pero aseguró que “ha faltado diálogo por parte de las autoridades; y por eso existen este tipo de expresiones, ya que se minimizan. Un gran tema en la democracia es generar participación política; la democracia participativa es que todos formen parte del gobierno; todos a la vez, cada quien desde su trinchera. Pero estamos en un sector olvidado, ya que se padece pobreza, los programas sociales no llegan o si llegan no se notan”, denunció.

Una de las estrategias utilizadas para controlar en Chiapas ha sido la de la fragmentación, creando más municipios para focalizar los problemas y centralizar su solución. Pero más allá de la división municipal, hay una división ancestral, un asunto sociológico de nivel nacional.

El problema de Pantelhó llama la atención en particular al especialista. Antes de la elección, el motivo fue el proceso electoral, porque la mayor parte de la población no quiere participar por esta vía y se pronuncia por hacerlo de otra forma, razón por la que después desconocen el resultado de los comicios.

Campo Muñoz reflexionó en que si solo es un pequeño grupo de inconformes que solo busca desestabilizar al municipio en función de sus intereses, como lo suponen los políticos que dicen que son una minoría, o si realmente expresan el sentir de la mayoría de la población. Pero aun como grupo pequeño es necesario reconocer “que las minorías tienen derecho a la participación”.

El investigador del IIJ de la UNACh reveló que hay una herramienta útil desde los puntos de vista filosófico y metodológico: la interculturalidad, que permite entender a los otros. Pero lo triste es que hay grupos que “buscan la forma de llegar al poder para perpetuarse y lo hacen comprando votos o por cualquier otro medio”, aprovechándose de que, hoy, el sistema electoral es transparente, aunque permite que “lleguen los mismos”, otro hecho que debe ser objeto de análisis.

“Aquí hay una lucha entre dos poderes; la víctima es el pueblo, porque la mayoría no interviene y uno de sus efectos colaterales son los desplazados”, apuntó al abordar la problemática del municipio de Pantelhó.

En esta comunidad de Los Altos no se reconoce al presidente electo y la pugna es por el control del poder. Aunque se registraron hechos violentos, el Gobierno Federal ha minimizado la situación, al considerarlos eventos aislados que no corresponden a la realidad del país y de buena parte del territorio chiapaneco.

Sin embargo, como se producen los eventos, es necesario investigar bien por qué alguien puede estar detrás organizando un escenario en el que las autodefensas ascienden, justo en “los meses de los levantamientos armados… tal vez están organizando un operativo de las autodefensas, incluso puede existir ya una liga de éstas.

“¿Tendrá la fuerza el EZLN? ¿Qué diferencia hay?ˮ Cuestionó el investigador, quien recordó que este movimiento tiene definida una filosofía, un método y una organización de lucha abierta contra el Estado nacional, mientras que “las autodefensas están en el proceso de manera local, ya que solamente quieren resolver sus propios problemas.

“No es que no quieran un cambio de sistema en el poder, como que gobierne una asamblea, sino que quieren que salgan del poder los que están. No es un movimiento de fondo, sino dirigido a un grupo o sujeto político; no es lo mismo declararle la guerra al Estado mexicano que al personaje político local”.

Campo Muñoz sostuvo que “desde la ley, a las autodefensas se les pone en el lado oscuro o negativo, se toma como un atentado a la institución, ya que operan fuera de la ley, porque nadie puede tomar armas para hacer valer sus derechos. Ésta es una de las lecturas; pero la otra denota que la autoridad no está funcionando, siendo que hay un tema de legitimidad; ya que una cosa es que ganen las elecciones y otra muy distinta que sea aceptada y pueda gobernar. He ahí un gran reto”.

Los pueblos regidos por los usos y costumbres toman decisiones en asambleas populares con base en normas tradicionales no escritas, la cuales son ancestrales y tienen valores propios.

Tras la alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 2000 –es decir, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) desplazó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Presidencia de la República– no se atendieron debidamente el problema de pobreza histórica de los pueblos indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pese a que se impulsó una reforma al respecto, que naturalmente no lo resolvió.

¿Hay un cártel detrás de las autodefensas?

El investigador señala que es preciso conceder el beneficio de la duda a los grupos de autodefensa en torno a su autenticidad, definiendo si luchan por el poder y el control político de la región o si están dominados por algún cártel del crimen organizado. Una respuesta con respecto a esta última posibilidad sería muy apresurada solo pueden aclararla las autoridades.

En Chiapas, aseveró el investigador, los problemas sociales tienen orígenes históricos y son de distinta índole, pues van desde la intolerancia religiosa y las disputas agrarias y étnicas, hasta las político-partidistas. A estos factores de conflictividad se han agregado la presencia de la delincuencia organizada y la inseguridad pública propiciada por los gobiernos locales salientes.

Estos problemas no se resolverán sin la existencia de un diálogo efectivo y abierto, puntualizó, y destacó que es indispensable la construcción de un “diálogo que sirva y resuelva las necesidades de los pueblos” para que los interlocutores den la cara, no se encapuchen y actúen dentro de la ley.

Campo Muñoz insistió en que los problemas de los pueblos indígenas no tendrán solución con copiar modas de otros municipios o estados, crear grupos de autodefensa y publicitarlos a través de videos, porque lo más urgente ahora está en sentarse a dialogar y evitar que un erróneo mensaje de la gente armada convierta a Chiapas en un “polvorín” que estallará en cualquier momento sin que vayan a resolverse las demandas sociales.

Esta nueva visión fue puesta en circulación el siete de julio anterior, cuando surgió el grupo de autodefensa autodenominado El Machete, que apareció en un video de redes sociales y días después, el 18 de julio, unos 150 tzotziles y tzeltales de la comunidad San José Buena Vista Tercero, en las montañas chiapanecas, se exhibieron armados con rifles, metralletas, armas hechizas, pistolas y machetes y, en un comunicado, dijeron: “damos a conocer nuestra palabra y corazón ante los acontecimientos en el pueblo de campesinos de Pantelhó. Desde hace 20 años comenzó nuestro sufrimiento y poco a poco fueron tomando fuerzas los que oprimen al pueblo; pero fue en el año 2002 cuando el señor Austroberto Herrera Abarca se quiso autonombrar juez municipal de Pantelhó. Austroberto le abrió las puertas al crimen organizado, a los narcotraficantes, y así comenzó a matar a los que se oponían a sus actividades, vemos que ha matado un aproximado de 200 personas; al principio lo denunciamos, pero el Ministerio Público nunca tomó en cuenta nuestras denuncias y algunos de nuestros compañeros fueron asesinados”.

En el mensaje grabado aseguraron también que Delya Janeth Flores Velasco, quien fue la presidenta de Pantelhó, y Raquel Trujillo Morales (presidenta electa), tienen nexos con los narcotraficantes del grupo de “Los Herrera”.

En 2019, Austroberto fue detenido y encarcelado; pero la violencia no terminó, y sus hijos Daily de los Santos Gutiérrez Herrera y Rubén Gutiérrez Herrera continuaron ligados al crimen organizado. Trascendió, sin embargo, que Daily fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y desde octubre está sujeto a un proceso ministerial.

Hasta la fecha, en Pantelhó se vive un clima de tensa tranquilidad y el grupo de autodefensa ha advertido que abandonará las armas en cuanto el narcotráfico deje de actuar en su municipio y paren las muertes y los desaparecidos entre sus habitantes; ya que tienen el respaldo de casi 100 comunidades vecinas para que haya un gobierno distinto en el municipio. El pasado 18 de agosto, el Congreso de Chiapas nombró un consejo municipal en tanto se resuelven las diferencias y se acepta una nueva autoridad.

Hace dos semanas, sin embargo, algunos pobladores acusaron a El Machete de la desaparición de 21 personas. La FGE informó que no había indicios de que estuvieran muertos; pero el 15 de octubre apareció un cuerpo en estado de descomposición. Varias organizaciones civiles de derechos humanos sostienen que, actualmente, hay al menos tres mil desplazados, cuya mayoría se refugió en San Cristóbal de las Casas.

No obstante, el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, afirmó desconocer el dato preciso de cuántos desplazados hay en Pantelhó, pero mencionó que son aproximadamente unas 100 familias, las cuales decidieron abandonar la cabecera municipal y algunas de las comunidades indígenas desde que inició el conflicto.

El sacerdote advirtió que si Raquel Trujillo asume el gobierno municipal de Pantelhó, el conflicto podría desembocar en un enfrentamiento mayor; es decir, existe un rotundo no a que este personaje llegue a gobernar dicho ayuntamiento. Por ello, las autoridades estatales de Chiapas se mantienen en diálogo con éste y con el grupo inconforme para que no tome posesión, pese a que rindió su protesta como edil en el Congreso de Chiapas.

El pasado 20 de octubre, los habitantes de Pantelhó enviaron, a través de las redes sociales, un mensaje en el que refrendaron su exigencia de que Raquel Trujillo no sea presidenta municipal y exigieron al gobierno mexicano “paz, justicia y tranquilidad y que se acepte su concejo municipal”.

“Gente de La Selvaˮ

Por esa misma vía de comunicación, el 29 de septiembre, un grupo civil armado autodenominado “Gente de La Selva” se mostró públicamente para expresar su apoyo a los Machetes de Pantelhó. Este mensaje, sin embargo, fue el primero y él último, porque desde entonces no ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación.

Pero éste no es el caso de las Fuerzas Armadas de Simojovel (FAS), que surgió el pasado tres de octubre; a decir del párroco Marcelo Pérez, defensor de derechos humanos, tiene características distintas al grupo de autodefensas de Pantelhó, según una entrevista publicada por un medio de prensa.

De los Machetes no se tenía información sobre su existencia; fue después de la muerte del activista Simón Pedro cuando el grupo irrumpió a la luz pública para combatir al crimen organizado. En cambio, de las FAS, salvo la versión genérica de Pérez, se desconoce la posible identidad de sus integrantes y cuál es su objetivo social o político.

Este hecho resulta preocupante, porque la ausencia de objetivos populares específicos y su presencia “fantasmal”, además de generar más violencia en Chiapas, provocarían reacciones político-poselectorales de índole incierta. Esta presunción derivó de un video, en las redes sociales, donde las FAS advirtieron al presidente electo, Gilberto Martínez Andrade, esposo de la saliente presidenta, Viridiana Hernández, que si no resuelve sus compromisos de campaña, tomarían acciones en su contra.

En una entrevista que Martínez Andrade concedió a un medio, en San Cristóbal de las Casas, desestimó la existencia de este grupo y exigió que actúe contra los grupos de la delincuencia organizada con presencia en Simojovel y sus alrededores.

El representante de la Iglesia Católica en esa región de Chiapas indicó que pese a sus acciones para mantener la paz en la región de Los Altos, no ha logrado avanzar porque los problemas de inseguridad pública lo impiden y la gente no aguanta más tal presión. Por ello, en Pantelhó se unieron 86 comunidades y 18 barrios de la cabecera para respaldar al Machete, aun después de que los buscaran para dialogar con las autoridades.

Marcelo Pérez reveló que las FAS aún no lo han buscado y que este hecho le genera muchas preguntas y dudas con respecto a la irrupción real o ficticia de cada grupo armado que se difunde en los medios de comunicación electrónica.

Aseguró, asimismo, que este nuevo fenómeno le genera un pendiente: ¿cómo va reaccionando el pueblo?, ya que el “sujeto principal de la lucha contra la violencia es el pueblo, que se organiza y se une, como sucede en Pantelhó”.

Para el analista chiapaneco Héctor Estrada Avelar, es preocupante que en solo cuatro meses se haya hecho público el surgimiento de cinco nuevos grupos armados de autodefensas tras las elecciones del seis de junio, cuyos resultados confirmaron en el poder a familias de caciques violentos que, durante años, se han apoderado de los gobiernos municipales a punta de balas, compra de votos, complicidades políticas, asesinatos y extorsiones.

“Lo que sucede en esos cuatro municipios, como en otros tantos más, es resultado de décadas enteras de sometimiento, abusos y corrupción, la que se recrudeció durante el sexenio de Manuel Velasco Coello. Con tal de mantener el poder en las zonas indígenas de la entidad, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y sus aliados en Chiapas (PRD, PCHU y PMCH) empoderaron y armaron a los caciques locales, abriendo la puerta –en varios casos– al crimen organizado”.

Autodefensas en Altamirano

El seis de octubre surgió otro grupo civil armado en Altamirano. Ahí, la familia Kanter se ha adueñado del gobierno municipal en los últimos 20 años. Pero la gota que derramó el vaso fue la elección de Gabriela Roque Tipacamú, esposa del ahora expresidente municipal, Roberto Pinto Kanter. Un grupo numeroso de pobladores tomó el ayuntamiento y bloqueó carreteras para impedir la toma de protesta, mientras un grupo de autodefensas anunció su integración para rechazar el cacicazgo.

Varios medios recordaron que Altamirano fue uno de los cinco municipios que el EZLN tomó en enero de 1994 y que, junto a otras reivindicaciones sociales y políticas, se ocuparon ranchos y haciendas en posesión de latifundistas que mantenían a los indígenas trabajando como peones “acasillados”.

Jorge Constantino Kanter fue uno de ellos. Encabezó a los hacendados de Altamirano, Comitán y Las Margaritas, en las marchas y protestas para exigir que el Ejército Mexicano entrara a La Selva contra los zapatistas. Este señor se hizo famoso por difundir: “vale más la vida de un pollo que la de un indígena”. La familia Kanter no recuperó sus ranchos, ahora en poder de indígenas, pero mantuvo su poder político en la región.

Armando Pinto Kanter ocupó la presidencia municipal de Altamirano en el periodo 2002-2004; Jorge Constantino Kanter, la presidencia de Comitán, entre 2005-2007; Heidi Pino Escobar, esposa de Armando Pinto Kanter, ocupó la presidencia de Altamirano entre 2007-2010; luego le dejó el cargo a su cuñado Roberto Pinto Kanter. En 2015, la esposa de Roberto, Gabriela Roque Tipacamú, quedó en la presidencia, aunque fue impugnada por su relación marital directa con su antecesor; pero Roberto Pinto Kanter recuperó la presidencia en 2018.

El grupo más reciente de autodefensas en Chiapas surgió el pasado 12 de octubre en Chenalhó, cuando se presentó, mediante un video difundido en las redes sociales, para denunciar que la población de Santa Martha, perteneciente a este municipio, está cansada de la violencia que los habitantes de Aldama ejercen contra ellos. Entre ambas poblaciones existe una vieja disputa agraria; pero los pobladores de Aldama también denunciaron ataques.

Aunque el problema data de hace varias décadas, el conflicto se recrudeció desde 2016; ha habido varias emboscadas en Santa Martha y, en fecha reciente, el autodenominado Grupo de Autodefensas de Chenalhó limitó al pasado 12 de octubre la solución del problema agrario y la liberación dos personas encarceladas injustamente.

Éste es el escenario de violencia criminal, cacicazgos familiares, desplazamientos forzados, corrupción económica, política y electoral que padecen muchas comunidades indígenas de Chiapas, lastres a los que se ha sumado el secuestro de gobiernos municipales a manos del crimen organizado. Frente a esta situación insostenible, se requiere la intervención inteligente, sensible y enérgica del Estado nacional para evitar que los narcogobiernos se consoliden en esos rincones de Chiapas.