Mientras la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, hace campaña política con miras a la elección presidencial de 2024, varios grupos delictivos dedicados a invadir inmuebles, en los últimos tres años, han realizado 11 mil 113 despojos con apoyo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y algunos funcionarios de la administración capitalina.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en 2019 se registraron tres mil 411 denuncias por el delito de despojo de propiedad inmobiliaria; en 2020 se levantaron tres mil 220 carpetas de investigación, y en 2021 hubo tres mil 757, es decir, un incremento del 17.4 por ciento con respecto al año anterior.

El 22 de febrero de 2021, el columnista Alejo Sánchez Cano señaló que este fenómeno iba en ascenso, que estaba documentada la existencia de grupos del crimen organizado dedicados a la comisión de este delito; y advirtió que si la Jefa de Gobierno no los solucionaba, “en unos meses estaremos hablando de que la propiedad privada en la capital del país fue un hecho del pasado, porque prevalecerá la ley de la selva y el nulo respeto al Estado de derecho”.

Un año después, la capital de la República se ha colocado en el segundo lugar nacional en incidencia de este delito, solo detrás del Estado de México (Edomex), con cuatro mil 219 indagatorias en lo que va de 2022. Las alcaldías con mayor número de denuncias por este delito son Iztapalapa, con 548; Cuauhtémoc, 420; Gustavo A. Madero, 391; y Tlalpan, 317.

Según Sánchez Cano, uno de los factores que ha agravado la incidencia de invasión y despojo de bienes inmuebles, tanto en las alcaldías suburbanas y rurales como en las unidades habitacionales, fue la pandemia de Covid-19, que aumentó el número de fallecimientos y el alto grado de corrupción de las autoridades capitalinas.

A pesar de ello, en su conferencia de prensa del pasado cuatro de abril, Claudia Sheinbaum comentó: “hay muchas denuncias de despojos en la ciudad, la gran mayoría de ellas tienen que ver con asuntos intrafamiliares, de personas que dejaron intestado el departamento, casa y alguna parte de la familia se quedó con ella, o algún otro conflicto familiar”.

Sin embargo, el propio diputado local morenista capitalino José de Jesús Martín del Campo afirmó que el incremento de despojo en la CDMX durante las últimas décadas se debe a varios factores, entre los cuales destaca el interés de algunas personas o grupos por apropiarse de inmuebles que, por su ubicación, tienen alta plusvalía.

Explicó que la existencia de grupos organizados en este fenómeno se advierte tanto en su alto número, como en los métodos que emplean para localizar los inmuebles no habitados, el conocimiento de su situación jurídica y su posible ocupación ilegal.

En el Centro Histórico, por ejemplo, se ha detectado la presencia del grupo delictivo autodenominado Los Hidalguenses, cuyos integrantes se apropian violentamente de edificios habitacionales que posteriormente destruyen para construir plazas comerciales. Este grupo se ha adueñado de al menos 80 predios en el Centro Histórico.

El diario El Universal reveló que el delito de despojo en la CDMX está aumentando y que su práctica deja “ganancias económicas considerables” a los grupos delictivos.

También informó que 17 mil 866 carpetas de investigación han sido abiertas en lo que va de la administración de Sheinbaum; y que mil 902 evidencian un notorio rezago debido a la posible colusión de los funcionarios públicos del gobierno morenista con los invasores de los inmuebles.

Un negocio rentable

En entrevista con buzos, el abogado Everardo Lara, encargado del caso del despojo de una casa en la Colonia Reforma Iztaccíhuatl (antes Urbana Marte), en la alcaldía Iztacalco, afirmó que en la CDMX es evidente la existencia de bandas organizadas para la comisión de este delito y que en la ejecución de sus ilícitos es obvio el contacto que la Secretaría General de Justicia de la CDMX, fiscales y jueces tienen con funcionarios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

“Tiene sus hilos para invadir y después regularizar. Imagínese qué tan rentable sea no invertir nada, sino llegar a invadir predios, hacerse propietarios; a lo mejor comparten algunas ganancias con esas cadenas de corrupción”, aseguró Lara.

Otro de los factores que propicia las invasiones y despojos de inmuebles privados a manos de los delincuentes y de los desarrolladores inmobiliarios es la falta de documentos de propiedad de las víctimas, quienes no cuentan con las herramientas legales necesarias para denunciar y recuperar su patrimonio, asegura organización 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez.

Uno de los integrantes de esta agrupación advirtió que muchas personas de la alcaldía Cuauhtémoc “no tienen los documentos para acreditar la propiedad o no cuentan con los recursos para realizar las demandas o los juicios. Muchos de los habitantes originarios de la colonia Juárez tienen un ingreso medio o bajo que no les permite pagar abogados”.

De acuerdo con la VI Encuesta de Servicios Notariales de la Ciudad de México, del Colegio de Notarios del 2016, del total de capitalinos propietarios de una casa, solo el 45 por ciento tiene cómo demostrar que es suya.

Algunas de las víctimas

El diario Reforma difundió que, en la alcaldía Iztapalapa, 12 familias de la Unidad Habitacional Molino 25, de la Colonia La Planta, viven con miedo porque han sido agredidos y amenazados con arma de fuego por un grupo que se hace llamar Cártel de Tláhuac.

Esto sucedió poco después de que terminara la reconstrucción de sus viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Pese a que ya denunciaron las amenazas de ese grupo delictivo ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ), los vecinos se quejan de que tal institución se ha limitado a pedirles pruebas de daños materiales y no ha procedido a investigar a los delincuentes.

El periódico Excélsior informó, el pasado 14 de marzo, que un edificio completo ubicado en Belisario Domínguez número 43, en el Centro Histórico de la CDMX, fue invadido por Martín Rebolledo Aguilera y su esposa Claudia Angélica Morales Reyes en 2016, y que sus propietarios denunciaron la invasión, por lo que se abrió la carpeta de investigación C/-FEDAPUR/A/UI-1C/D/01255/08/2018.

Estas víctimas de despojo se quejan, además, de que su denuncia no prospera porque uno de los invasores es un ex policía que cuenta con la protección de la excandidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna y su esposo, René Bejarano, quienes son políticos muy cercanos a Claudia Sheinbaum y todos son militantes de Morena.

El diario informativo El Día refiere que a pesar de los compromisos de la Jefa de Gobierno de que hay un supuesto “esquema” (sic) de la FGJ para la recuperación de los inmuebles, “éste sigue siendo un calvario para las víctimas porque los litigios pueden llevar un promedio de tres a ocho años, y son altamente costosos”.

La periodista y analista Lourdes Mendoza reveló, en días pasados, que la titular del Registro Público de la Propiedad, Benita Hernández, con otros servidores públicos, está coludida con criminales en la falsificación de títulos de propiedad de bienes inmuebles previamente despojados.

Señaló que se trata de una red de corrupción sin precedentes en la CDMX que opera indiscriminadamente para despojar de sus hogares a los ciudadanos, sobre todo a los que menos tienen.

Otra denuncia difundida por este semanario es la de una casa usada como albergue para estudiantes ubicada en la alcaldía Iztacalco, en la calle Borrego 390, colonia Reforma Iztaccíhuatl (antes Urbana Marte), que pertenece a Rodolfo de la Cruz Meléndez y ahora su propiedad es ostentada por un par de jóvenes.

En la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-C/D00461/05-2019 se plantea un delito de despojo por Javier “N” y Laura “N”. Esta última entró al inmueble sin permiso del dueño o de quien tuviera facultades para ello, mientras los jóvenes se encontraban de vacaciones durante la última quincena de 2018.

Un dictamen pericial en materia de cerrajería determinó que hubo un cambio total de la cerradura en la puerta exterior. Además, acusa a la invasora de fabricar pruebas para justificar su irrupción mediante un contrato privado con el que el dueño cede su propiedad.

“En el expediente está sumamente demostrado que fabricaron un contrato privado falso, del cual pretenden que es de su propiedad. Está demostrado que es falso porque las firmas que lo calzan, entre ellas las del señor Rodolfo de la Cruz y de otros testigos, son apócrifas. Eso ha sido demostrado con los dictámenes periciales en caligrafía por los servicios periciales de la propia fiscalía. En una de sus comparecencias a la fiscalía se equivoca en su nombre en la ortografía de su nombre. No solamente es falso, es torpe, ignorante y además de mucha mala fe. Está sobradamente probado que se hicieron de una manera absolutamente ilegal”, aseguró el abogado Everardo Lara.

Denunció además que la FGJ se niega a retener el inmueble con el argumento de que no es posible “hasta que lo ordene el juez”, cuando en muchos otros casos sí se ha hecho, incluso mediante uso de la fuerza. Por ello aseguró estar convencido de que la FGJ omite las peticiones de los ciudadanos y que no se apega a derecho, ya que “lo único que les estamos pidiendo es que aseguren el bien”.

A tres años de la invasión al inmueble de Iztacalco, Laura “N” continúa ocupando ilegalmente la casa donde hoy día se observa a simple vista un letrero con la leyenda: “Esta propiedad está protegida por El Barzón”, así lo constató buzos. Ante ello, el abogado Lara cuestionó el actuar de este grupo.

“Ellos no son autoridad, se supone que deberían ser un grupo de ciudadanos que promueven la justicia, el derecho, el bienestar social, pero en este caso están protegiendo a un grupo de invasores”.

De la Cruz Meléndez, el propietario de la vivienda invadida, declaró en entrevista que “si El Barzón realmente es un movimiento social y protege a la gente, éste no debe proteger o patrocinar a delincuentes que invaden casas, mucho menos cuando priva de una casa segura a jóvenes que solo vienen a la ciudad a estudiar”.

El número de viviendas recuperadas en lo que va de la administración de Sheinbaum resulta muy reducido; pero solo donde gobierna Morena. En Iztapalapa, cuya alcaldesa es la morenista Clara Brugada, la FGJ recuperó 32 departamentos en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto y un predio en la Colonia Conjunto Habitacional Presidente Benito Juárez, donde las autoridades actuaron rápidamente.

A pesar de lo dicho por Claudia Sheinbaum de que existe un procedimiento “legal, jurídico, más pronto” para recuperar inmuebles que han sido objeto de despojo, en palabras del representante legal del señor Rodolfo de la Cruz, en la ciudad hay “demasiada arbitrariedad”.

“Ha llegado un gobierno de un partido diferente, pero las cosas siguen igual o peor que antes, y aquí está una muestra clara. Ahorita nosotros podemos llevar los juicios, pero hay miles de capitalinos que están en la absoluta indefensión”.

Reportó que, aunque la Constitución dice que la justicia debe ser pronta y expedita, en la realidad este principio “es lo que menos se cumple, porque la justicia no es pronta ni es expedita, como lo evidencia el caso de su defendido, cuya denuncia ya cumplió trece años.

“Aquí está un caso muy claro de que en la CDMX persiste la corrupción. No es nueva, pero sigue, y por tanto echa por tierra toda la propaganda anticorrupción del régimen. Estamos pidiendo a la Jefa de Gobierno que realmente se aplique la justicia, que aplique el derecho, que le regrese la casa a su legítimo propietario que es el señor Rodolfo de la Cruz Meléndez. No estamos pidiendo algo ilegal, algo a lo que no tengamos derecho; queremos que cumplan el derecho.

“Es doloroso decirlo, pero así es: todavía prolifera la maniobra, la tranza, el despojo, la delincuencia, se vistan con los colores que sean”, lamentó el abogado Lara.