Entraron en vigor las reformas a la Constitución referentes a la nueva estrategia de seguridad del Gobierno Federal, las cuales fueron publicadas el pasado 31 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Siendo el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública, el que se reforma y adiciona, así como el 19 de la Carta Magna en materia de prisión preventiva oficiosa.

Dichas reformas se suman a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), que se publicó en el DOF el pasado 30 de septiembre y entró en vigor el 1 de octubre.

Al mismo tiempo, se da paso al nacimiento de una “supersecretaría” de seguridad, de la que Omar García Harfuch es titular; esta establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y auxiliará a la persona titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, en temas de seguridad nacional.

Asimismo, le otorga otras facultades como la realización de trabajos de investigación de delitos que eran exclusivos del Ministerio Público, la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en cuanto a seguridad pública, por lo que podrá disponer de toda la información que recaben al respecto.

A la par, se amplió del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la extorsión y el uso de comprobantes falsos.

De la misma manera, un nuevo delito que amerita prisión preventiva oficiosa, son los casos de producción ilegal, preparación, adquisición, exportación, enajenación, importación y transportación de drogas sintéticas como fentanilo y derivados.

Cabe mencionar que la prisión preventiva oficiosa ha sido criticada, tanto por organizaciones no gubernamentales, como por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que considera que contraviene principios esenciales de los derechos humanos.