Apenas pasaron las elecciones y cobraron notoriedad algunos temas íntimamente relacionados con la administración presidencial que inicia el primero de octubre y, por tanto, con el futuro de los mexicanos. Se trata de las modificaciones a la Constitución que ha pretendido llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no ha podido hacer realidad porque, para aprobarlas en el Congreso de la Unión, se necesita lo que se llama mayoría calificada, es decir, que voten a favor de la iniciativa presentada las dos terceras partes de los legisladores presentes en al menos una de las dos cámaras; se necesita, pues, una cantidad de diputados o senadores que, hasta ahora, Morena no tiene.

El problema se presentó porque el Presidente de la República anunció que esas propuestas entrarían al Congreso de la Unión nuevamente y se aprobarían en el próximo mes de septiembre. ¿Por qué precisamente ese mes? Porque el primero de septiembre entra la nueva legislatura y Morena y sus aliados tendrán, ahora sí, mayoría calificada y Andrés Manuel López Obrador todavía será Presidente de la República, ya que entrega el poder hasta las doce de la noche del 30 de septiembre. Se trata, en síntesis, de aprovechar dos fuerzas complementarias, la nueva legislatura y la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República para aprobar reformas que a Morena le son fundamentales para mantenerse y perpetuarse en el poder.

Las propuestas son, pues, decisivas para la política social y económica que ha instrumentado la “Cuarta Transformación” y, todavía más importante, para conservar y aumentar la confianza de las élites a las que sirve. El hecho de que una parte muy influyente de la oligarquía financiera nacional e internacional no esté de acuerdo y haya hecho sentir su opinión promoviendo la devaluación del peso y la caída de la Bolsa de Valores, no debe confundirnos, no es la primera vez ni será la última vez en que la clase en el poder esté dividida. Un sector, fuerte, ciertamente, protestó, sí, pero otro, igual o más potente, es claro que empuja y protege a Morena y a su nuevo sexenio.

Con algunas de las reformas constitucionales propuestas por Andrés Manuel López Obrador se ofrece que desaparecerán numerosos organismos autónomos que ahora existen y que, según declara una parte de la clase gobernante, sirven de equilibrios del poder. Los de Morena, por su lado, sostienen que se trata de organismos onerosos y elitistas que fueron creados para proteger negocios particulares. En cuanto al servicio e interés para el pueblo, debe preguntarse, ¿puede éste asegurar que esos organismos autónomos lo han defendido de la explotación y de los abusos de poderosos patrones y funcionarios? ¿Ya hay buenos salarios y prestaciones justas? Nada de eso. En el mejor de los casos, esos organismos pueden ser frenos a los excesos, pero de unos poderosos con respecto a otros poderosos y, sólo así, salpicar un poco de justicia para el pueblo trabajador. No conviene, pues, que los borren del mapa.

La pretendida ventaja de otra de las reformas propuestas consiste en convertir a la llamada austeridad republicana en una política de Estado en la que ningún servidor público de ninguno de los tres poderes pueda ganar más que el Presidente de la República y que, además, en ningún puesto público se permitan ni los privilegios ni las extravagancias y, por supuesto, ni la corrupción. Al respecto, debo decir que todo eso se reduce a tener y mantener un Estado barato y que un Estado barato es una demanda de la clase que detenta el poder económico y el poder político que sueña con tener servidores fieles y eficientes, pero como en sus empresas privadas, sin pagar mucho por ellos. Al pueblo no le beneficia un Estado barato, al contrario, significa menos salud, menos educación, menos servicios públicos y menos seguridad. En un Estado barato, todo ello se convertirá en obras y servicios sólo para el que los pueda pagar, como lo prescribe clara y contundentemente el modelo neoliberal, el capitalismo salvaje.

No obstante, me parece que la madre del cordero, la reforma sin la cual todas las demás no tendrían sentido, es la toma del Poder Judicial y de las autoridades y jueces electorales por parte de Morena y, para ello, hacer que los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial ya no sean propuestos abiertamente por el Ejecutivo y nombrados por el Senado de la República, sino que sean votados de manera directa por el electorado y que también los consejeros y magistrados de los organismos electorales sean electos por voto directo y secreto de los ciudadanos.

Nótese que los cambios decisivos para el control del poder se presentan como muy atractivos, ofreciendo que el pueblo elegirá a esas autoridades. Pues bien, con toda la carga ideológica que ha acompañado desde siempre a la democracia occidental, a ésa que consiste en depositar un voto en una urna y retirarse a casa sin que se impulse y propicie la participación permanente y organizada del pueblo en los asuntos públicos, las propuestas aparecen como muy progresistas y deseables. Parece que habrá más democracia, que el pueblo tomará en sus manos decisiones muy importantes para su vida y la de sus hijos.

Sólo que, como ha quedado plenamente demostrado una y otra vez en todo el mundo occidental, quienes tienen posibilidades reales de aprovechar la democracia y ocupar los puestos de poder son los miembros de las clases adineradas. La democracia es una forma de Estado y, por tanto, es una forma de opresión. ¿Quién ganó las elecciones recientes? Las ganaron los que tenían más dinero para moverse y mover a sus apoyos, los que ya estaban en el poder, los que podían pagar más propaganda, los que –desde el gobierno– tenían la posibilidad de hacerle creer a la gran masa de votantes que gracias a su benevolencia recibía dinero regalado cada mes y, también, los que la pudieron amenazar abierta o sutilmente con retirar el magro apoyo a quien negara su voto a la candidata oficial. Fuera de ellos, muy pocos pudieron llegar a los puestos públicos.

¿Quién ganará las pretendidas elecciones para los jueces del Poder Judicial y para los jueces del poder electoral? Ponerlos a votación del pueblo no es entregar al pueblo ese inmenso poder, no señor, los poderosos del país y los de Morena no son ingenuos; de manipular y controlar votaciones, saben, son expertos. Ese poder gigantesco y decisivo no saldrá de las manos de la élite, cuando mucho pasará del control de una camarilla a otra camarilla de la oligarquía. Bien visto, estamos ante la posibilidad muy real de una mayor concentración de poder en una cantidad menor de manos. Se trata, en los hechos, de acabar con la división de poderes que ya José María Morelos, el republicano, defendía en la Constitución de Apatzingán, en 1814.

En cuanto a la prisa por aprobar las reformas e iniciar los procedimientos para hacerlas realidad, particularmente las consultas y las votaciones, hay que tomar en cuenta que la presión sobre el electorado para que votara el dos de junio por los candidatos que pertenecen o son afines a Morena no es eterna, ni siquiera es de larga duración. Acabará por desvanecerse. No hay que olvidar que el presupuesto de la federación está en grave crisis, la administración que termina lo dejará con un enorme déficit de ocho por ciento del PIB y eso no puede seguir. Hay órdenes de bajar urgentemente ese déficit. ¿Cómo? Básicamente reduciendo el gasto y aumentando los impuestos (no a los ricos, por cierto), o sea, sacrificando al pueblo que votó por Morena y, por tanto, con seguridad, provocando su inconformidad y su protesta. La luna de miel se terminará. Ahí hay que buscar la explicación del apuro.

Eso es lo que se cocina por estos días. Más concentración del poder, adobada con encuestas que supuestamente recogen opiniones para capturar el entusiasta y decisivo apoyo de la ciudadanía a la que se le hace creer que habrá elegido a los nuevos funcionarios. Se aprieta la cuerda en el cuello del pueblo al mismo tiempo que se hace que aplauda. Eso es lo que prepara la nueva administración. Si hay una discrepancia de tiempo y forma entre el Presidente que sale y la Presidenta que entra, eso es completamente irrelevante.

¿En esta coyuntura, qué le conviene más o le perjudica menos al pueblo y a su obligada y urgente lucha por un mejor reparto de la riqueza? Comprobado que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y que lo mismo puede asegurarse con respecto a su capacidad para oprimir, no a las reformas dictatoriales de AMLO y Morena. En la realidad, no hay bueno por un lado y malo por el otro, hay malo y más malo, así vive el pueblo. En este caso, el mal menor es pugnar por que el poder no se concentre todavía más en una sola camarilla, en el entendido fundamental y trascendente de que el pueblo no puede ni debe resignarse a optar siempre por el mal menor, debe apurarse a construir su propia organización que levante y haga triunfar su propio programa justiciero y pronto llegar a tener una vida mejor. Ésa es la verdadera alternativa.