Hace unas semanas, de cara al cierre de la administración obradorista y como parte de los balances de su sexenio, volvió el debate sobre la reducción de la pobreza en México. Me interesa retomar este asunto y ofrecer algunas reflexiones para tratar de poner en sus justos términos el problema y resaltar algunos puntos que considero imprescindibles. 

Empezaré analizando los datos oficiales. Pero para eso debo aclarar antes algunos términos. 

Lo primero que hay que saber es que, para evaluar la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) usa dos escalas: una de ingresos y otra de carencias sociales.

La escala de ingresos tiene dos líneas: una de pobreza y otra de pobreza extrema. La línea de pobreza indica, a partir de dónde, una persona cuenta con ingresos suficientes para alimentación, pero no para otras necesidades básicas como transporte, educación, vestido, salud, enseres, etc. La línea de pobreza extrema, en cambio, nos dice, a partir de dónde, dichos ingresos no alcanzan ni siquiera para alimentación. 

La escala de carencias sociales tiene seis rubros: (1) educación, (2) salud, (3) seguridad social, (4) calidad y espacios de la vivienda, (5) servicios básicos de la vivienda, y (6) alimentación nutritiva y de calidad. En esta escala se registra la cantidad de necesidades insatisfechas de cada persona, independientemente de su ingreso. 

Para el CONEVAL, las personas en pobreza son las que están por debajo de la línea de pobreza y, además, cuentan con una o más carencias sociales. A las personas con una o más carencias, pero ingresos superiores a la línea de pobreza, las denomina vulnerables por carencias, mientras que a las personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza, pero sin carencias sociales, las denomina vulnerables por ingresos. Asimismo, el Coneval denomina personas en pobreza extrema al subconjunto en pobreza que tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema y tres o más carencias sociales; al otro subconjunto lo denomina pobreza moderada.

Aclarados estos términos podemos mencionar que, de acuerdo con el Coneval, entre 2018 y 2022, la pobreza general se redujo de 41.9 por ciento a 36.3 por ciento, lo que representa 5.1 millones de personas menos en pobreza. De acuerdo con el Dr. Fernando Cortés, esta reducción se debió, mayormente, a los aumentos en el salario mínimo, lo que arroja algo de luz sobre la posibilidad de avanzar más en la reducción de la pobreza por la vía de la política laboral.

Sin embargo, la otra cara de los datos nos muestra un aumento, para el mismo periodo, de 5.2 millones en la población vulnerable por carencias, resultado éste de la pérdida en el acceso a servicios de salud y el aumento en el rezago educativo, lo que pone de manifiesto algunas de las grandes deficiencias de la saliente administración.

Asimismo, hay que decir que la pobreza extrema se mantuvo prácticamente en los niveles de 2018, aumentando en apenas 0.1 puntos porcentuales, lo que, sin embargo, representa cerca de 400 mil personas. Como ha señalado el Dr. Máximo Jaramillo, es muy probable que esto sea el resultado de la falta de progresividad de los programas sociales (es decir, que no priorizan a los más pobres), situación que podría revertirse ampliando el monto y número de beneficiarios entre los hogares más desfavorecidos.

Éstos son algunos de los principales cambios en pobreza entre 2018 y 2022. A propósito de los mismos, se generó una breve, aunque pertinente polémica sobre el posible mejoramiento en el registro de los ingresos durante el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, por lo que es probable que una parte de la reducción reportada en pobreza fuese el resultado de este mejoramiento en el registro y no una reducción sustantiva. Sin embargo, el Coneval desestimó esta posibilidad.

En todo caso, considero pertinente hacer cuando menos tres señalamientos críticos de orden programático, es decir, que nos ayuden a pensar qué hacer.

El primer señalamiento ya lo ha hecho el Dr. Julio Boltvinik y consiste en que debemos mirar a la pobreza en su conjunto. Es cierto que, técnicamente, tiene sentido segmentar a la población para identificar las distintas causas de su pobreza. Pero también es verdad que, en términos políticos resulta muy comodino suponer que, de las 15.5 millones de personas con ingresos de pobreza, 9.3 millones no son “pobres”, sino “vulnerables” por no reportar ninguna carencia en la escala de privación social, o que de las 84.7 millones de personas con carencias sociales, 37.9 millones no son “pobres” porque sus ingresos les permiten acceder a la canasta básica. En realidad, tanto las personas “pobres” como las vulnerables están impedidas para satisfacer a cabalidad sus necesidades básicas.

Es verdad que entre 2018 y 2022 el porcentaje de personas “pobres” y vulnerables bajó de 76.3 por ciento a 72.9 por ciento. Sin embargo, la masa de gente con carencias o ingresos de pobreza prácticamente se ha mantenido, pues sólo pasó de 94.5 a 94 millones. Visto el problema en su conjunto, no es que no haya habido avances, es que aún estamos muy lejos de solucionarlo. 

Esto me lleva al segundo señalamiento: las perspectivas de avance. En términos muy generales, la pobreza se puede reducir al menos por tres vías. 

(1) La primera vía es la del crecimiento económico, compaginando aumentos en la productividad y en los salarios reales. Esto permitiría producir más riqueza, aumentar las ganancias de los empresarios, generar empleo y mejorar la capacidad de consumo de los trabajadores, aunque sin atender la desigualdad.

(2) La segunda es la de las políticas redistributivas. Las dos caras de esta moneda son la recaudación fiscal y el gasto público, ambas de carácter progresivo, es decir, cobrando más impuestos a los ricos y garantizando apoyos monetarios o en especie a los sectores más pobres. Aquí, la pobreza disminuye reduciendo la desigualdad.

(3) La tercera vía es la de diseñar estrategias especializadas para atender, probablemente mediante su integración productiva, a poblaciones y sectores específicos de la sociedad, quizá demasiado alejados o marginados.

Pero, ¿qué pasa en México? Aquí, tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto como la inversión han experimentado una desaceleración en los últimos meses. A esto habría que agregar la falta de una política industrial o un plan de desarrollo económico integral por parte del gobierno. Asimismo, sigue pendiente la elaboración de una política fiscal progresiva y los programas sociales se han caracterizado por ser más regresivos que en administraciones anteriores. La reducción de la pobreza ha venido, mayormente, de los aumentos al salario mínimo, lo que resulta positivo. Sin embargo, la política de combate a la pobreza en su conjunto no está configurada para sostener y aumentar este ritmo de reducción de la pobreza en el mediano y largo plazo.

El tercer señalamiento crítico es que el combate a la pobreza y la desigualdad debe venir acompañado de un proceso constante de organización popular y educación política, proceso al que decididamente se opuso el expresidente López Obrador. El combate a la pobreza debe ser, al mismo tiempo una lucha por la emancipación de las conciencias; y esa emancipación no puede sino venir acompañada de un proceso de organización política independiente, tanto del Estado como de la clase política actual.

Esa emancipación es la desenajenación política de los trabajadores, es la construcción de la cabeza que, a juicio de José Revueltas, el proletariado mexicano no tiene, pero necesita. Pensar que “el Estado va a resolver la pobreza” no está mal porque creamos (como la derecha) que el Estado “nos va a dar todo gratis”. Dejar que “el Estado resuelva” sin nuestra participación está mal porque entonces quedamos a expensas de la clase política y empresarial, misma que, en cuanto sienta amenazadas sus ganancias, empujará las reformas necesarias para arrebatarnos las conquistas obtenidas.

Necesitamos un pueblo organizado, crítico y consciente, que trabaje por mejorar sus condiciones de vida y que se involucre activamente en los asuntos públicos; un pueblo que comprenda que, para sostener la reducción de la pobreza, es necesario combinar crecimiento económico y redistribución;  un pueblo que desarrolle la necesidad de alcanzar un bienestar mayor y distinto, que no se restrinja a la subsistencia y al confort de la llamada clase media, sino que se expanda a toda su actividad vital y permita su autorrealización, así como el despliegue de sus necesidades y capacidades humanas.