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Sin preceden en la historia reciente de la Ciudad de México, el Juez de Control, José Luis Palacios Fernández pospuso por cuarta ocasión la audiencia de imputación contra Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro y coacusados y dejó de lado nuevamente a las víctimas.
Al concluir la sesión de este 2 de mayo, el jurista Teófilo Benítez explicó que esa decisión se basó fundamentalmente por dos casos, en el que uno de los imputados tiene complicaciones de salud y el segundo, su asesora jurídica desconoce el contenido de la carpeta judicial.
"Pueden ser muchas estrategias para un lado y para el otro; sin embargo, nosotros nos vamos a mantener en la misma postura y haremos las imputaciones hacia un Dolo eventual en la próxima diligencia".
Benítez señaló que no es que la justicia haya favorecido al asesor de los implicados, sino que el juez se inclinó más por los argumentos de las personas que se pretende imputar, sin atender la prioridad que representan las víctimas.
"Lamentablemente vio más favorable que se difiriera la presente diligencia, sin tomar en consideración a las propias víctimas y los argumentos que está asesoría jurídica privada hizo alusión", añadió.
"Nosotros manifestamos que hay una persona que estaba enferma, también es que hay muchas víctimas que tienen el derecho a la salud y a darle una prontitud y celeridad a este asunto".
El término de la audiencia, el jurista dejó en claro que pedirán nuevos actos de investigación a afecto de que más personas que intervinieron en el manteniendo, así como en la supervisión de la obra, sean citas a comparecer ante el Agente del Ministerio Público.
Reiteró lo dicho en diversas ocasiones de que no existe posibilidad de que sus representados firmen el acuerdo reparatorio con Grupo Carso.
"No lo creo, ellos están muy firmes, de que no se va a llevar acabado ninguna acción para el ocultamiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos que enlutaron a 26 familias y dejaron a otras 100 lesionadas"
Será el lunes 6 de junio cuando se reanude la audiencia de imputación por el caso L12, en la que se determinará la situación jurídica de Enrique Horcasitas, siete ex funcionarios más y dos empresas supervisoras del caso del desplome de la Línea Dorada.
Las víctimas criticaron la decisión del Juez y aseguraron que lo único que se pretende es que los inculpados no sean acusados formalmente, puesto que estarían a un paso de la vinculación a proceso.
Agregaron que este tiempo le da prioridad a la empresa constructora Carso para tratar de concretar el resto de las indemnizaciones y así concluir el caso.
A pesar de que han cerrado cuatro hospitales y hay órdenes de aprehensión contra los involucrados, el gobierno minimiza el problema diciendo que es "sólo un problema de higiene". ¿A quién se quiere proteger?
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Escrito por Redacción