El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se encuentran entrampados entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), su aliada en las pasadas elecciones, y las oligarquías mexicana y extranjeras que desde 2013 impusieron al país una reforma educativa de contenido neoliberal.

Al cierre de esta edición, una “nueva” versión de dicha reforma educativa, reelaborada para mantener el 80 por ciento del contenido de la anterior y aprobada por Morena y la oposición en la Cámara de Diputados, había sido enviada a la “congeladora” ante la presión de las movilizaciones callejeras promovidas por la CNTE en demanda de su abrogación completa.

En la rebelión de la CNTE contra la “reforma maquillada” participan sus 40 diputados, quienes por ahora han roto la sólida bancada de Morena con la advertencia de que si esa iniciativa llega al pleno del palacio legislativo de San Lázaro votarán contra ella, esto dificultará su aprobación porque se trata de un cambio constitucional que requiere de dos tercios de la votación total.

La controversia por la actual Reforma educativa ha traído consigo que la CNTE cuestione a AMLO política y moralmente; sus líderes le recuerdan que la reforma anterior fue obra del Pacto por México.

Para completar este explosivo escenario, el domingo siete de abril, Elba Esther Gordillo anunció oficialmente su regreso a la actividad política, lanzándose en busca de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a fin de exigir la participación de esta organización laboral en el diseño de la nueva reforma educativa.

Gordillo cuestionó la iniciativa de la “Cuarta Transformación” (4T) y ratificó su apoyo a la evaluación asociada a la permanencia laboral del magisterio, posición contraria a la de la CNTE; y echó a andar el proyecto de su nuevo partido Redes Sociales Progresistas, al que desde el año pasado dio un matiz “izquierdista” para ubicarlo ideológicamente junto a AMLO.

La CNTE, ahora aliada de AMLO e integrante de Morena, surgió como corriente crítica por la imposición de Elba Esther al frente de la dirección nacional del SNTE en 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, quien destituyó a Carlos Jonguitud Barrios. El siete de abril, al reincorporarse a la vida política, Gordillo señaló al gobierno de AMLO como “reformista”, cuestionando la superficialidad de la 4T.

Respondiendo a estas críticas, en su conferencia mañanera del ocho de abril, el Presidente dijo que ella tiene derecho a opinar sobre la reforma educativa; y comentó que su instrucción al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, fue que la Reforma educativa de 2013 fuera abrogada, de tal forma que no quedara nada de ella; dio a entender que ni la SEP ni Morena le hicieron caso: “Voy a cuidar bien de cómo estaba antes (del 2013) la política educativa. Voy a dejar las cosas como estaban, es decir, cómo funcionan los amparos, nada más que retroactivo, que se quede tal cual. No sé si de esa forma habría protestas”.

Sin embargo, AMLO advirtió que lo único que no estará abierto a la negociación es el control de la nómina magisterial, “para que no haya aviadores”. Se declaró confiado en que se alcance un acuerdo para que la reforma se apruebe, y agregó: “Si llega por el camino del diálogo, de acuerdo, extraordinario; pero si no, voy a proponer la cancelación”.

Respecto al anuncio de Gordillo de buscar la dirigencia del SNTE, AMLO aseguró que no se metería en las elecciones internas del sindicato, pero agregó: “Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia (…) los trabajadores de la educación y los maestros no van a permitir ninguna manipulación; van a dar una lección de civismo”.

Nueva reforma, copia de la anterior

El doctor Manuel Gil Antón, especialista en temas educativos de El Colegio de México (Colmex) dijo a este semanario: “yo tengo la impresión de que en su propuesta, el presidente López Obrador y su equipo educativo, no asumieron el reto de definir en el Artículo 3º constitucional un proyecto educativo coherente con el afán de acompañar a la 4T, sino que limó, quitó algunas de las cuestiones más agresivas de la reforma de Peña, pero quedó a deber en cuanto a la recuperación del Artículo 3º, por ejemplo, en cuanto a la construcción ciudadana, etc. Al comparar la estructura, heredó muchos de los problemas que habían mostrado su esterilidad en la reforma de Peña en materia educativa”.

“El hecho de usar el mismo telar, cambiando algunos hilos, nos produce un tejido muy parecido que no hace realidad la propuesta presidencial de abrogar o derogar la reforma de Peña. Y creo que la razón fundamental es que usa la misma estructura sin pensar que la tarea política de fondo era restituir al Artículo 3º las características de un texto de definición axiológica (definición de valores) del proyecto educativo mexicano y no incluir en él aspectos que pueden resolverse en leyes secundarias, como en la Ley General de Educación o reglamentos o tareas que la propia Secretaría de Educación Pública tiene que hacer.

“En ese sentido, la reforma que propone la actual administración es fallida por usar la misma estructura y, en cierto modo, volver a proponer que en el Artículo 3º se establezcan cuestiones laborales y administrativas que no le son propias porque rebasa su materia”, explicó el investigador.

En el proyecto de reforma educativa de la 4T, aprobado en comisiones el 27 de marzo, se ratifica que la educación a cargo del Estado será obligatoria, pública y gratuita, y se añade que será de preescolar a universidad; esto es, todo el ciclo educativo, aunque por el momento las universidades públicas estatales viven severos problemas financieros, mientras, el plan de 100 nuevas universidades se mantiene en la indefinición.

Luis Ángel López, integrante de la asamblea del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), declaró a buzos: “Hay una simulación; y esto está ocurriendo en el caso educativo y en otros. En esta reforma se agrega el tema de la educación superior, en donde no solamente faltan avances, sino que se refuerzan aspectos como el examen de selección, sin que se reconozca la educación superior como un derecho, limitada a lo que hay, a lo que las universidades ofrecen. Entonces existe una contradicción muy fuerte y es ahí en donde pensamos que la CNTE tiene razón en protestar en lo que a educación básica corresponde. A nosotros también nos va tocando ponernos al tanto y también criticar lo que está ocurriendo con esta simulación.

“Y tenemos el caso de los presupuestos de las universidades públicas, que está provocando colapsos internos por un rezago financiero que tiene por lo menos 20 años. Y, claro, con este discurso sobre la corrupción han tratado de poner sobre la mesa el tema de la autonomía. Si bien las autonomías han servido para que grupos conservadores dentro de las universidades no toquen problemas reales como el de la exclusión; por otro lado, existe el problema de que las universidades deben entrar a negociaciones con las secretarías de Educación y de Hacienda para que les aumenten el financiamiento y no colapsen, como ya ha estado ocurriendo con algunas universidades.

“El gobierno trata de tomar el control y pasar por encima de la autonomía universitaria porque sabe que de esa pata cojean. Violando la autonomía, se ejerce un control directo sobre los grupos que internamente mandan en las universidades. Los problemas no se están discutiendo a fondo; al contrario, se centran en la disputa por el control de las universidades”, explicó el integrante del MAES.

Otra versión de la misma reforma

Si AMLO retira su actual iniciativa “matizada” de Reforma educativa, de cualquier modo dejará vigente la reforma de 2013 y estaría incumpliendo su promesa de echarla abajo, el reclamo de la CNTE, cuya dirección advirtió una posible ruptura con él si no cumple. De ocurrir esto, reventaría políticamente el bloque integrado a Morena, con todo y sus diputados federales.

En el caso de que Morena, que cuenta con el respaldo de sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), e incluso del PRI, decida aprobar su proyecto de reforma constitucional, la CNTE y el bloque de izquierda rompería con AMLO e intensificaría sus bloqueos y protestas, tal como sus líderes lo han advertido, porque consideran que esa reforma es una simulación. Pero la ahora fracción oficialista contará con el apoyo del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano para reunir los dos tercios del total de 500 votos que necesita para aprobar su reforma constitucional.

Y hay otra iniciativa de reforma educativa tras bambalinas, también enfocada a mejorar la de 2013, muy parecida a la versión aprobada por Morena y que fue presentada el seis de febrero por las bancadas del PRI, PAN, PRD (anteriores firmantes del Pacto por México) y del MC.

Si Morena optara por sumarse a ésta, se concentrarían los votos necesarios para aprobarla por mayoría calificada (dos tercios de la Cámara). La iniciativa fue promovida por los coordinadores parlamentarios René Juárez Cisneros (PRI); Juan Carlos Romero Hicks (PAN); Ricardo Gallardo Cardona (PRD) e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC).

En la primera semana de abril, Gordillo anunció, en Cholula, Puebla, que buscaría la presidencia del SNTE; y convocó a seguidores a “meter la cuchara” en la Reforma educativa; calificó de “mediocres, pequeños e ignorantes” al actual dirigente del sindicato, Juan Díaz de la Torre y al secretario general, Alfonso Cepeda Salas, quienes han sido objeto de una intensa presión interna, desde mediados de 2018, cuando aquélla preparaba su reincorporación a la escena política nacional.

Absuelta de los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, tras cinco años de encarcelamiento –que derivó de un proceso penal instruido por el gobierno de Peña Nieto en 2013, un preámbulo de la Reforma educativa y las otras reformas del Pacto por México–, Gordillo fue liberada el ocho de agosto del año pasado y restituidos sus derechos políticos y legales.

La reactivación de Gordillo tuvo lugar durante el II Encuentro Nacional de Jóvenes de la organización Maestros por México (MXM) que dirige Tomás Vázquez Vigil, uno de sus incondicionales al interior del SNTE.

La incorporación de este tercer grupo en el debate sobre la Reforma educativa, no modifica sustancialmente las dos posiciones contrarias que existen hasta ahora en torno al perfil que debe tener la educación en México. Por un lado, están las presiones neoliberales nacionales y extranjeras de mantener e incluso profundizar un modelo educativo guiado por las teorías del capital humano, de las competencias y con matiz excluyente; de la promoción de multiplicidad de habilidades, incluidas las tecnológicas, enfocadas a la inclusión de mano de obra en el mercado del trabajo. Y por otro, el de una pedagogía crítica que aprecie la educación como un derecho fundamental y un bien social, tema de discusión que dentro de Morena está causando conflictos internos.

En campaña, AMLO prometió a sus seguidores izquierdistas, particularmente a la CNTE, echar abajo la reforma neoliberal educativa de 2013 y retomar el perfil humanista, social e incluyente de la educación, que fue distorsionado por el neoliberalismo.

El 27 de marzo se aprobó el dictamen, mientras el PRI se congratulaba porque en el 80 por ciento de éste se mantiene el mismo contenido de la reforma aprobada por el gobierno anterior. Incluso al término de la sesión de las comisiones, la diputada del PRI, Cynthia López Castro, Secretaria de la Comisión de Educación, reivindicó públicamente este hecho gracias al voto mayoritario de Morena.

“La verdad es que estoy muy contenta, porque se dijo que no iba a quedar ni una coma de la Reforma educativa; y quedaron muchos puntos, muchas comas, y en un 80 por ciento la reforma 2013 del presidente Enrique Peña Nieto”, declaró la legisladora. También consideró adecuado que el Estado mantenga la rectoría educativa y que no se deje a la CNTE, ni a ningún grupo, “la venta y herencia de plazas como se hacía antes”.

López Castro consideró positivo, además, el trabajo de la comisión porque hubo mejoras, ya que se “corrigieron errores” de la anterior reforma impulsada por Peña Nieto. “No venía educación inicial, no se hablaba de autonomía universitaria, que fue un disgusto para los rectores. También se mantienen los mecanismos de ingreso y promoción. En la reforma 2013 se habla de que es a través de los concursos, y en este dictamen, con otras palabras, se mantienen estas formas de ingresar al sistema”, enfatizó la legisladora.

Sobre el Servicio Profesional Docente, que la reforma solamente cambia de nombre a Sistema de Carreras para los Maestros, explicó que a final de cuentas “sigue siendo similar a lo que había”. Agregó: “Yo podría resumirlo, que quedaron muchas comas, que quedaron muchos puntos. Que estamos muy contentos por esta labor; se dijo que se iba a abrogar todo lo que venía de la reforma, y no es verdad”.

La voz del mercado

Apenas unas semanas después de iniciado el gobierno de AMLO, el 14 de enero,  Gabriela Ramos, directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), anunció su participación en la redefinición de la política educativa del nuevo gobierno, al tiempo de congratularse por la apertura mostrada por los gobiernos mexicanos a las recomendaciones de este organismo, generalmente acordes con los del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

La directora de la OCDE matizó en términos diplomáticos que el nuevo Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán haya solicitado la intervención de la OCDE para redefinir las políticas  mexicanas en materia educativa. En los hechos, este club económico intervino para evitar un eventual desvío en el tono central de la Reforma educativa aprobada en 2013. De hecho, la OCDE reconoció propiamente su participación directa en el rediseño de la “nueva” Reforma educativa de la 4T, como en 2013 lo hizo el propio secretario general del organismo internacional, José Ángel Gurría.

Sobre la promesa a los cuatro vientos del presidente AMLO de que echaría abajo la Reforma educativa neoliberal, Ramos declaró: “En nuestra experiencia no es posible ni factible eliminar todas las estructuras y volver a empezar de cero porque nos paralizaríamos. Mientras se preserven los buenos elementos del sistema, no de un sexenio, sino de toda la construcción del sistema educativo mexicano, pues a seguir trabajando”. Destacó como muy importante el mantenimiento del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), que solo cambiará de nombre, aunque en adelante la evaluación no se relacionará directamente con la permanencia laboral.

En enero, Ramos sugirió temas que debían añadirse a la Reforma educativa 2019, a fin de profundizar la de 2013: fijar una estrategia común para los 13 subsistemas que conviven en el Sistema Educativo Nacional (SEN), que se reflejó en las modificaciones para crear un sistema educativo “incluyente”. También consideró fundamental “crear un sistema de información que conecte a las universidades con el mercado laboral”, que se aterrizó en el anuncio del Secretario Moctezuma Barragán de que en las 100 nuevas universidades prometidas por AMLO se enseñarán nuevas carreras profesionales acordes con la realidad laboral de México, entre ellas las de corte tecnológico.

Ramos incluso remarcó la necesidad de promover la educación tecnológica en las instituciones de enseñanza superior: “En la medida en que preparemos a los mexicanos para manejar ese conocimiento van a estar preparados, no solo para aprovechar la revolución tecnológica, sino también para influir en ella”. Dijo que los actuales trabajos que demandan títulos profesionales cambiarán y deberán integrarse a los sistemas tecnológicos avanzados.

“La definición de la política educativa es del Estado, pero necesitamos que los empresarios se involucren, además de la necesidad de crear un sistema de información del tipo de trabajos que se están creando y conectarlo con las universidades”, enfatizó Ramos.

La CNTE se mantiene inconforme y a punto de lanzarse en contra de la 4T si AMLO no cumple con su promesa de derogar la Reforma educativa neoliberal de 2013. Sus dirigentes rechazan el mantenimiento de las evaluaciones magisteriales –pese a que ya no serán motivo de despido– porque desde su óptica, constituyen un filtro a modo del gobierno para administrar la movilidad laboral del magisterio, además de que con ellas se bloquea el ingreso automático y en “paquete” de los egresados de la normales superiores al SEN de acuerdo con el aumento de la matrícula escolar, tal como se hacía antes de 2013.