La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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Foto: Internet
Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México, junto con Irapuato, en Guanajuato, encabezan la lista de municipios con mayor número de carpetas de investigación por extorsión en México, ya que cada uno superó los 100 casos registrados entre enero y mayo de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Expertos advierten que las cifras podrían ser mayores debido al subregistro conocido como "cifra negra", causado por la falta de denuncias de las víctimas, quienes no acuden al Ministerio Público por miedo o desconfianza hacia las autoridades, lo que impide conocer el alcance real del problema.
Toluca, capital del Estado de México, figura entre los municipios con más denuncias por extorsión y un aumento del 1.5 por ciento en la percepción de inseguridad durante el primer trimestre de 2025.
Ecatepec mantiene una de las percepciones más altas de inseguridad del país, con un 85 por ciento de su población afectada y Nezahualcóyotl también aparece con altos niveles de extorsión y una percepción de inseguridad del 60.8 por ciento, ambos en la entidad mexiquense.
En Irapuato, Guanajuato, el problema se agrava por su ubicación en un corredor industrial y de servicios codiciado por grupos criminales dedicados al robo de combustible y al tráfico de personas. La ciudad ha mostrado una concentración elevada de este delito en los últimos meses.
En total, 379 municipios de 10 entidades federativas concentraron la mayor parte de los casos de extorsión registrados entre enero y mayo de 2025, de acuerdo con el SESNSP.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares, sufren severas carencias en servicios que el gobierno debiera proveer, pero que se niega a hacerlo.
El 44 por ciento de los hogares de Chimalhuacán tuvieron por lo menos una víctima de robo, extorsión o fraude.
Integrantes del Movimiento Antorchista acudieron a televisoras y periódicos nacionales para denunciar que el Gobierno del Estado de México no ha atendido un pliego con 369 demandas de 105 municipios, entre ellas agua potable, salud, educación, infraestructura y apoyos al campo.
En este país sólo se han confirmado tres casos, por lo que los contagios se encuentran dentro de los parámetros habituales de vigilancia epidemiológica.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
Los gobiernos municipales concentran el 62 por ciento de los casos.
Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en los contagios, aunque las cifras son menores a las de años anteriores.
La causa de esta inacción no es, a decir de analistas, apatía, indiferencia, desinterés, etc., sino la desconfianza en la institución encargada de concentrar, almacenar y manejar la información personal de los usuarios.
Reportes de inteligencia y denuncias de operadores señalan que células de la organización criminal venezolana estarían operando en corredores de transporte público de la capital, donde presuntamente realizan cobro de piso, amenazas y reclutamiento.
La automotriz invertirá 3 mil 600 millones de dólares en Texas para trasladar gradualmente la producción de la Tacoma hasta 2030. Mantendrá operaciones en Guanajuato, mientras el futuro de la planta de Baja California sigue en evaluación.
Aunque el gobierno federal asegura que la extorsión disminuyó 13.8 por ciento tras la puesta en marcha del Plan Michoacán, las denuncias aumentaron en 2026.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera