La expulsión de representantes y el cierre de la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el gobierno de Nicaragua concreta el deseo de América Latina de erradicar la hegemonía regional de Estados Unidos (EE. UU.), cuyo gobierno la ha utilizado como arma autoritaria, injerencista y golpista al servicio del neocolonialismo estadounidense.

El actual contexto internacional y regional, que avanza hacia la multipolaridad, la OEA se proyecta como un organismo de la Guerra Fría con evidente falta de credibilidad entre las naciones de la región por su siniestra trayectoria antidemocrática. La OEA vive sus horas más críticas y se niega a aceptarlo.

En su lugar, los gobiernos antihegemónicos han abierto nuevos foros para representar su interés nacional. Uno de ellos es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que representa un mecanismo para revitalizar la concertación, la recuperación socioeconómica y la integración regional.

La OEA, creada en el marco del enfrentamiento entre EE. UU. y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), es el instrumento de proyección geopolítica de Washington en América Latina y el Caribe. Con ella, el imperialismo estadounidense avanzó mediante un plan de redefinición para el sistema mundial: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) operaría bajo su arbitrio en Nueva York a nivel global y la OEA, a medio kilómetro de la Casa Blanca, frente al resto del continente americano.

Su sede, donada por el magnate siderúrgico Andrew Carnegie a la Unión Panamericana –que precedió a la OEA–, es un edificio de mármol blanco desde el cual se han diseñado los destinos de sus miembros latinoamericanos a conveniencia de la Casa Blanca.

Desde 1948, EE. UU. ha aportado gran parte de su presupuesto, lo que le confiere mayor margen de maniobra en el interior de ese foro. Acorde en todo con su política injerencista, ha estado Canadá, que se adhirió en 1990 y se limita a presentar una versión moderada de la línea defendida por la Casa Blanca.

Para frenar la acometida estadounidense contra los gobiernos progresistas de América del Sur, en 2008 se creó la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Su objetivo principal era la integración política, económica y de defensa más allá de la OEA. Su efectividad se puso a prueba en 2010, con el golpe fallido contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa y su gestión mediadora en conflictos regionales entre Venezuela y Colombia, entre otros.

Mal árbitro

La misión formal de la OEA consiste en afianzar la paz y seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa con respeto al principio de no intervención, prevenir causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias y problemas económicos, así como fomentar la cooperación.

En sus 74 años de existencia no ha cumplido ninguno de esos propósitos. A pesar de su enorme presupuesto, gigantesca burocracia y capacidad de maniobra, ha sido incapaz –o indolente– ante los sucesos que han trastocado la gobernabilidad y el desarrollo de Latinoamérica.

Esta entidad, cuyo lema es “Más derechos para más gente”, fue testigo mudo de la cotidiana represión y violación a los derechos humanos cometidas contra los ciudadanos por las dictaduras militares del Siglo XX en Argentina, Brasil, República Dominicana, Chile, Cuba, Haití, Nicaragua y Paraguay, entre otras naciones.

Tras esa expulsión de la OEA, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, denominó como “digna, coherente y soberana” determinación y respaldó al gobierno nicaragüense por su decisión soberana.

En contraste, la OEA desplegó toda su capacidad de presión política y mediática para denunciar lo que ha considerado como violaciones a los derechos humanos en Estados gobernados por movimientos que rechazan la dependencia estadounidense.

El exministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, es el representante de Washington para tal propósito en la actualidad. Desde que asumió la Secretaría General, en marzo de 2015, ha defendido los intereses de EE. UU. a costa de los 32 miembros restantes.

Lo respaldan las élites político-económicas de EE. UU. y la región, que le profesan una deferencia incondicional. Es curioso, sin embargo que, para las cúpulas estadounidenses, Almagro y la OEA sean casi desconocidos, explica el excanciller y exministro de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador, Guillaume Long.

La gestión de Almagro es antidemocrática y antimoderna. Así se evidenció en el golpe contra Evo Morales en Bolivia que, semanas después, en enero de 2020, celebró el entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, al anunciar “el regreso al espíritu de la OEA de las décadas de 1950 y 1960”.

En marzo de 2021, la actuación de Almagro era ya tan polémica que buen número de Estados miembros se opusieron a su reelección. Pero el control de las élites funcionó a tal grado que rebasó la candidatura de la excanciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y primera latinoamericana en presidir la Asamblea General de la ONU (2018-2019).

Ante la ratificación del uruguayo, en voz de su embajadora ante la OEA, Luz Elena Baños, México calificó el proceso de elección como “patética expresión de lo que cualquier misión de observación electoral observaría como malas prácticas”.

No obstante, Almagro aún trabaja para el interés hegemónico. De ahí que el 21 de abril suspendió a Rusia como observador permanente de la OEA “en castigo por su invasión a Ucrania”.

Ahí se abstuvieron Argentina, Brasil, Bolivia, El Salvador, Honduras, México, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas. Por tanto hoy, como antes hizo Fidel Castro, para todos esos gobiernos de nuestra América, persiste la idea de que esa entidad es el “ministerio de las colonias de EE. UU.”

Espiral de desatinos

Mal operador en la gestión de crisis políticas regionales del pasado, el organismo interamericano avaló el bloqueo multidimensional contra Cuba desde 1961. En esta pandemia, el organismo no se ha preocupado de dotar con vacunas a esa nación castigada.

 A la “humanitaria” OEA no le inquieta que desde hace 61 años falten bienes básicos, medicinas y suministros de mantenimiento a 11 millones de cubanos, cuyos derechos humanos viola diariamente el bloqueo estadounidense.

Ese “ministerio de las colonias” ha sido incapaz de respaldar la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas y mediar para solucionar los añejos litigios limítrofes entre Perú y Chile; Bolivia y Chile, y Colombia y Nicaragua.

Para la OEA, que alienta la balcanización latinoamericana, convertirse en instrumento del acoso estadounidense contra la revolución bolivariana de Venezuela fue su gran oportunidad. No condenó la violencia de la oposición y desdeñó el dialogo interno. Cuando el mediador español José Luis Rodríguez Zapatero propuso una salida negociada, Almagro le respondió: “No sea imbécil, la única salida implica el cambio de régimen”.

El secretario del organismo respaldó cada medida coercitiva de Washington y auspició el aislamiento de Caracas en el Grupo de Lima, so pretexto de una acción humanitaria. No replicó al expresidente de EE. UU., Donald Trump, cuando amagó con que “todas las opciones están sobre la mesa, incluso la militar” contra Venezuela.

En cambio, Almagro no tuvo ese ímpetu para protestar por la indebida destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, o el arresto indebido del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para excluirlo de la campaña presidencial de 2018. Así cumplió con las élites.

Haití representa el fracaso rotundo de la OEA en su misión. Su inacción se tradujo en el abandono de esta nación al caos y la ingobernabilidad de bandas y políticos; en callar ante las masivas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Jovenel Moïse, asesinado el siete de julio de 2021 por sicarios colombianos.

Una primera conclusión apunta a que la noción de democracia de Almagro es sinónimo de represión. En 2016, cuando visitó Ecuador, el presidente Lenin Moreno había reprimido con brutalidad las manifestaciones contra sus políticas. Impúdicamente, el líder de la OEA lo felicitó por “su buena gestión de la crisis”.

 Hizo lo mismo con Sebastián Piñera en 2019, cuando lanzó a los carabineros contra el pueblo que protestaba por el alza en el transporte. Almagro expresó que el chileno “defendió con eficiencia el orden público y tomó medidas que garantizan los derechos humanos”.

Solo el represor sistema político colombiano goza de la total confianza a tan veleidoso Secretario General. La OEA, casi obligada a ser testigo del largo y sinuoso proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FARC), hoy calla ante las masacres.

No la inquietan los asesinatos y las desapariciones de exguerilleros, sindicalistas, ambientalistas, ni las protestas contra la corrupción y las políticas neoliberales de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. La OEA de Almagro es el bloque de poder contrainsurgente de Colombia que busca el resurgimiento de la derecha en América Latina, advierte Aaron Tauss.

Bolivia fue el oscuro objetivo de la misión contrainsurgente de Almagro. En octubre de 2019, tras la primera vuelta electoral cuando se refrendó el triunfo del presidente Evo Morales, la misión de observación electoral de la OEA afinó su toque maestro: sembró la confusión al anunciar un “inexplicable” viraje en la tendencia.

Esta situación abrió la puerta al golpe que costó la vida de cientos de bolivianos y la inestabilidad del país. Meses después, el Centro de Investigación en Economía y Política (CIEP) de Washington reveló que la OEA nunca fundamentó sus acusaciones de fraude y se constató que ese organismo respaldó el golpe.

Este balance funesto llevó al canciller mexicano Marcelo Ebrard a sentenciar, en 2021: “Es hora de decir adiós a la OEA en su sentido intervencionista, injerencista y hegemonista y que venga otra organización que construyamos políticamente en acuerdo con EE. UU.”