La deuda pública ha aumentado en los gobiernos de la “Cuarta Transformación” (4T); ciertamente, una tendencia que ya venía abriéndose paso. “La deuda pública por habitante ha aumentado siete por ciento en términos reales en lo que va del sexenio” (La Jornada, 28 de mayo de 2024), es decir, a finales de la administración pasada. El endeudamiento gubernamental por cada mexicano se duplicó en los últimos 10 años: en noviembre de 2015 representaba 68 mil pesos por persona y en noviembre pasado, 137 mil (La Jornada, cinco de enero). La medida más amplia para cuantificar la deuda pública indica que la de México supera los 18 billones de pesos (SHCP). El año pasado, el pago de intereses creció en 13.4 por ciento. “El pago de un solo día en intereses y servicio de la deuda pública cubriría el tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama” (México Evalúa).

Pero no es sólo el monto de la deuda y el pago de intereses. Nuestra posición relativa es de las peores. “Entre las principales economías de América Latina y el Caribe, México es la que más proporción de sus ingresos tributarios destina sólo a los intereses de la deuda pública (ONU) (…) pasó de estar por debajo de 19 por ciento a rozar 25” (La Jornada, 16 de enero de 2026).

El aumento de la deuda se correlaciona con un crecimiento económico limitado, que afecta las finanzas públicas. De acuerdo con estimaciones del FMI, el crecimiento para la próxima década será de 1.8 por ciento. “Según el ejercicio, que fue realizado entre 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, analistas proyectaron que el crecimiento económico para 2025 sería de 0.39 por ciento” (Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, de diciembre de 2025, Banco de México, Sputnik, 18 de diciembre). Y no olvidemos que un crecimiento limitado significa menos creación de empleos formales y, por tanto, más pobreza. Además, la riqueza creada se la apropian unos cuantos ricachones. Esto es, la población trabajadora no mejora su situación ni por la vía salarial ni mediante el gasto público.

Como adelantábamos al principio, al régimen de la 4T lo caracteriza una mala planificación, que distorsiona fuertemente el gasto. Al fin que, “para gobernar no se necesita mucha ciencia” (AMLO dixit). Ejemplo de ello es la construcción del Tren Maya, plagada de vicios e ineficiencias. No genera ingresos ni para autofinanciar su operación y requiere cuantiosos subsidios: 30 mil millones de pesos (mdp) el año pasado y para el presente se tiene un estimado de 40 mil mdp. Es una obra perdedora. En el caso de Pemex: “Tras nuevas pérdidas, su deuda superó los 100 mil millones de dólares (…) es la petrolera más endeudada del mundo, advierten analistas” (El Imparcial, tres de diciembre de 2025). En cuanto a su operación, para este año “Pemex costará más de lo que aporta, con un saldo neto negativo de 31 mil mdp (México Evalúa).

Pero siempre hay ganadores, aun en medio de las peores calamidades. En primer lugar, se benefician los corporativos bancarios mundiales, que amasan jugosas ganancias cobrando intereses que afectan las finanzas públicas y el bienestar de las clases populares. Así vemos a bancos como Barclays, Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan, BBVA, Santander y otros, sangrando, como vampiros financieros, las finanzas de países débiles, como el nuestro. Como indicador, de cada cien pesos del gasto, doce pesos se destinarán al pago de intereses.

También se benefician los multimillonarios mexicanos, a quienes no se obliga a pagar más impuestos, como debieran, para contribuir al erario, como ocurriría si se aplicara un esquema fiscal progresivo, donde pagaran proporcionalmente más los que más ganan. Y en parte gracias a eso, México sigue siendo uno de los países más desiguales. “la desigualdad en México continúa siendo ‘extremadamente alta’, consignó el Informe sobre la Desigualdad Global 2026 (…) El 10 por ciento de los que más ganan capta alrededor de 59 por ciento del ingreso total, mientras que 50 por ciento con menos ingresos recibe sólo el ocho por ciento. Las disparidades en la riqueza son aún mayores: el 10 por ciento más rico posee alrededor de 71 por ciento de la riqueza total y el uno por ciento con más ingresos, alrededor del 38 por ciento” (El Economista, 10 de diciembre).

En contraparte, el gran perdedor es el pueblo, sobre todo los sectores de más bajos ingresos. En primer lugar, por la reducción del gasto social a consecuencia del aumento en el servicio de la deuda, y también por la reducción en infraestructura. Ésta se redujo en 44 por ciento durante el sexenio pasado. Igual ocurre en salud: “El gasto funcional en salud que ejerció la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum disminuyó ocho por ciento en términos reales en el primer semestre de 2025, respecto del mismo periodo de 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregados al Congreso” (El Financiero, 1º de agosto de 2025). También se ve afectado el pueblo porque todo endeudamiento actual conlleva, a futuro, nuevos impuestos (obviamente, para las clases populares) y elevación en las tarifas de los servicios prestados por el Estado.

Hay una proporción del gasto contraria a los intereses populares. “El pago de intereses de la deuda pública supera al gasto de inversión en infraestructura para registrar la mayor brecha de la que se tiene registro, SHCP” (Expansión, siete de octubre de 2025). En materia de seguridad, las consecuencias son graves. En medio de la ola de violencia que sacude a México, para el presupuesto de este año, “Estados y municipios recibirán apenas 2.1 mil mdp en subsidios federales en seguridad: 88 por ciento menos respecto a 2014: los gobiernos locales tendrán menos recursos para profesionalizar a sus policías o fortalecer la prevención del delito” (México Evalúa).

Así pues, el modelo económico de la 4T no es autosustentable en lo fiscal. No genera el recurso necesario para sostener el gasto y ello le lleva a recurrir a la deuda para salir de apuros, comprometiendo así el futuro del país. Pero eso no puede sostenerse a largo plazo, so pena de derivar en una crisis, pues los cimientos de la economía no son sólidos. Debe racionalizarse el gasto en obras y acciones de auténtico beneficio social; asimismo, los ricos deben pagar más impuestos para que el gobierno disponga de recursos para aplicarlos al gasto público en apoyo de la población más desamparada. Y es necesario también aplicar una administración pública más científica.