La política migratoria de “mano dura” del Partido Republicano estadounidense es usada como arma de chantaje en la negociación de los apoyos que Joseph Biden brinda a la guerra proxy en Ucrania y a la “limpieza étnica” que ejecuta Israel contra los palestinos.

En los próximos seis meses, tal estrategia partidista, asociada a la campaña electoral para elegir nuevo presidente, provocará una enorme presión social, política y económica en México debido a que en el país hay decenas de miles de migrantes locales y extranjeros, que solicitan ingreso a Estados Unidos (EE. UU.).

En el centro de la negociación-chantaje se hallan los 110 mil millones de dólares (mdd) que Biden solicitó al Congreso para apoyar a Ucrania e Israel –así como para otros rubros de su agenda de seguridad nacional– y que los republicanos están reteniendo para negociarlos a cambio de más restricciones o la expulsión de migrantes.

En diciembre subió de tono esta cuestión: el día 13, en la Cámara de Representantes, los republicanos formalizaron su demanda de juicio político contra Biden, a quien acusan de ayudar a su hijo Hunter en la supuesta comisión de negocios ilícitos. En el fondo, la intención era inhabilitarlo e impedir su reelección, ubicándolo en la misma situación de su rival republicano, Donald J. Trump, quien enfrenta múltiples procesos legales.

En este contexto político-judicial, los senadores republicanos condicionaron los fondos que Biden ha solicitado para apoyar a sus aliados en guerra: 61 mil mdd de ayuda militar para Kiev y casi 15 mil mdd para Tel Aviv, a cambio de la modificación radical de la política migratoria que el Partido Demócrata mantiene desde 1996.

En este clima de crispación se sentaron a negociar los muy empoderados legisladores republicanos con sus homólogos demócratas, cuya prioridad radica en conseguir los fondos requeridos para apoyar a sus aliados de Kiev y Tel Aviv.

El tiempo corría para la Casa Blanca, presionada por los compromisos que ha asumido con Volodymyr Zelensky, quien recientemente visitó Washington para clamar por más ayuda y salir del apuro en que se halla debido a la Operación Militar Especial lanzada por Rusia en el Donbás.

La satisfacción de las demandas republicanas en política migratoria implicaría un cambio drástico en la relación bilateral con México para Biden, ya que la posición de los demócratas en esta materia es diferente a la de aquéllos.

Si Biden accediera al chantaje republicano y aplicara una nueva política migratoria –por sí misma ya con severas restricciones– habría un giro en la relación bilateral entre EE. UU. y México.

Arrinconado por las exigencias antiinmigrantes de los republicanos, Biden anunció su disposición de hacer “concesiones significativas” en la frontera con México. En días pasados, su secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, informó que desde mayo de 2023 se habían expulsado (dijó “repatriado”) a unos 350 mil inmigrantes que no reunían los requisitos para permanecer en el país.

A fin de responder a las críticas republicanas de que la frontera con México es muy “porosa”, Mayorkas declaró ante el Comité de Asignaciones del Senado, que el gobierno de Biden había interceptado en las estaciones fronterizas a más de seis millones de extranjeros que carecían de visa.

El secretario de Seguridad Interior reiteró, además, su demanda de 13 mil 660 mdd adicionales para reforzar los puestos de entrada con mil funcionarios y detectives fronterizos para enfrentar el creciente flujo migratorio, sin necesidad de impulsar una reforma política.

Los republicanos insistieron en no enviar más ayuda millonaria a países expulsores de migrantes y condicionaron la autorización de los fondos solicitados a que Biden diseñe una política migratoria en la frontera sur acorde con su visión de seguridad.

 

 

Tendencia mundial: blindaje migratorio

Un desafío para la democracia es la contención migratoria, precisamente cuando este blindaje es utilizado cada vez con mayor intensidad, incluso con saña, al modo conocido en la Europa “humanitaria”, en cuya región sur hay millones de personas hacinadas en tiendas de campaña. Estos gobiernos han sido presionados, chantajeados y amagados por la Unión Europea (UE) desde su poder central en Bruselas para que acepten a los inmigrantes a cambio de algunas concesiones económicas o políticas.

A pesar de ello han surgido vallas, cercas, muros, alambradas de púas y otro tipo de obstáculos para impedir el paso de mujeres y hombres que huyen de la ingobernabilidad armada en Libia; de los ataques indiscriminados del Estado Islámico y de EE. UU. en Siria; de las guerras entre clanes y paramilitares en África Occidental; y en los conflictos étnicos atizados por las corporaciones trasnacionales que buscan los valiosos recursos del llamado Tercer Mundo.

No sólo limitan el ingreso de personas a Bulgaria y Grecia, sino también a naciones tan “avanzadas” como Alemania, que negocia un acuerdo para frenar el acceso de inmigrantes a sus fronteras. Bonn y los estados federados acordaron restringir las prestaciones a solicitantes de asilo y otorgar ayudas financieras para las comunidades que se opongan a alojar a los migrantes.

Por su parte, la Italia de la derechista Giorgia Meloni pactó con Albania la creación de nuevos centros de concentración migratorios, que son llamados pomposamente “centros de acogida”. Desde ahí se realizarán estrictos filtros para determinar a quiénes deportan o conceden el derecho de asilo.

Para ellos, el gobierno demócrata practica una política migratoria “fallida”, con cifras récord de migrantes que constituyen una amenaza por autoridades incapaces de examinar a cada uno. Los senadores Shelley Moore y Cindy Hyde-Smith incluso plantearon una situación “caótica” que arriesga la seguridad nacional.

Los 49 senadores republicanos sostuvieron la misma posición que Trump asumió en su campaña electoral de 2016, cuando asoció a los migrantes con el incremento en el tránsito de drogas ilícitas y otros delitos. De ahí su insistencia en militarizar la frontera mexicana para “detener la invasión” de inmigrantes indocumentados.

Fue en este contexto cuando, el 11 de diciembre, demócratas y republicanos se reunieron para discutir los términos de una nueva reforma migratoria, a cambio de la autorización de los 110 mil mdd que Biden demanda para apoyar a los gobiernos de Ucrania e Israel.

Una ley que impactaría en México

Ese diálogo, que apunta a que los demócratas emitan una ley antiinmigrante que impactaría a México, en cuyo territorio se hallan miles de migrantes latinoamericanos y de otros países, además de los mexicanos.

Esto sucedía cuando en México se pensaba que la relación bilateral con EE. UU. terminaría en 2023 sin mayores sobresaltos; aunque en la realidad se están imponiendo las exigencias de los republicanos, cuyo efecto sería profundo.

En principio, éstos proponen legalizar la actuación de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) para que impidan a los migrantes solicitar asilo en la frontera. Quieren reducir a cinco mil las solicitudes, cifra asociada al promedio de cruces diarios entre ambos países. Sin embargo, hay días en que los cruces suman 10 mil; y esa medida limitaría la cantidad de solicitudes de asilo. A la fecha se han rechazado 21 mil 398 peticiones, algunas con el argumento de que comportan supuestos “riesgos potenciales” para la seguridad interior.

Con base en esta suposición, los republicanos plantean aumentar los niveles de seguridad mediante el uso de “filtros” en el análisis de las peticiones de asilo para reducir su “temor creíble”.

Aunque muchas de estas solicitudes están en proceso de impugnación en tribunales, si el Congreso convierte en ley el proyecto republicano, los defensores de migrantes tendrían muy poco margen legal para impedir tales restricciones.

Otra exigencia consiste en la expulsión inmediata de migrantes que han permanecido menos de dos años en EE. UU., aunque estén ya lejos de la frontera; es decir, que ya vivan y trabajen en estados del interior de la superpotencia.

Tal medida implicaría la restauración de las deportaciones, muy usual en la gestión de Barack Obama y Donald Trump, e inicialmente se aplicaría contra migrantes de Venezuela, lo que aumentaría la presión en la relación Washington-Caracas que, en meses recientes, apuntaba hacia una relativa distensión por el acuerdo político suscrito entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para celebrar las elecciones en octubre de 2024.

 

Exclusión anglosajona

Lo que hoy sucede en EE. UU. refleja la tendencia general en Occidente de endurecer su política migratoria. En el trasfondo de este blindaje y la xenofobia antiinmigrante de los gobiernos ultraderechistas en Europa, Canadá, Australia y la superpotencia, se encuentran los efectos nocivos (guerras, dictaduras y degradación ambiental) de la ambición de las élites de Occidente y las corporaciones en el Tercer Mundo.

En Inglaterra es elocuente la decisión de su gobierno de expulsar a decenas de miles de migrantes de Ruanda que acogió en el pasado. Esta medida del primer ministro Rishi Sunak contradice la tradicional política de recepción de migrantes; y atrás de ella se encuentra la gran crisis económica ocasionada por los gobiernos conservadores, que utilizaron sustanciosos fondos públicos para adquirir armas que Londres envió a países beligerantes en lugar de destinarlos a combatir la inflación y la grave amenaza de recesión.

Hoy, los políticos y analistas británicos cuestionan el acuerdo con Ruanda para recibir a los migrantes deportados y recuerdan que Sunak hizo realidad el viejo proyecto de Boris Johnson para negar asilo a quienes lleguen en embarcaciones. La deportación masiva también desató un conflicto interno entre los tories británicos, mientras que los laboristas denunciaron que viola la Convención Europea de Derechos Humanos que Londres firmó.

El 23 de noviembre, la Suprema Corte consideró ilegal la deportación, pero el gobierno insistió. El drama de los ruandeses en el exilio data de 1994, cuando fue asesinado el presidente Juvenal Habyarimana, de la etnia hutu y se enfrentaron miembros de esa etnia con tutsis; lo que desencadenó un genocidio de 800 mil personas, según una información confidencial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU. publicada recientemente por el diario The Guardian.

Venezuela, por su importancia geopolítica, es un actor fundamental para EE. UU.; aunque las relaciones diplomáticas están congeladas desde 2019, el año pasado emigraron a la superpotencia 545 mil 200 venezolanos y el DSN estadounidense ofreció otorgar 472 mil permisos con estatuto de protección temporal (TPS), con el que pueden trabajar en ese país.

Pero todo cambió al finalizar 2023 porque, en octubre, el gobierno de Biden reactivó las deportaciones masivas de migrantes que llegaron sin visa después del 31 de julio; alegó que lo hacía para bajar la presión migratoria en la frontera con México, pero nunca se aclaró cómo logró que el gobierno venezolano aceptara esas expulsiones y repatriara a sus connacionales.

Ante este complejo escenario antiinmigrante, las organizaciones defensoras y legisladores demócratas han expresado su temor de que en vísperas del inicio de la campaña por su reelección, Biden endurezca las políticas fronterizas que caracterizaron a la gestión de Donald Trump.

Por ello, cobra importancia la postura de Maribel Hernández, directora política de la Unión Americana de Libertades Civiles, cuando expresó: “Nunca imaginé que cuando tuviéramos un Senado demócrata y una Casa de Representantes demócrata, estaríamos en una negociación donde se proponen las políticas más draconianas de la historia”.