Cargando, por favor espere...

Legisladores cuestionan financiamiento en reforma de vivienda
Legisladores de la oposición criticaron la omisión de previsiones de financiamiento en el dictamen de la reciente reforma al artículo 123 constitucional.
Cargando...

Legisladores de la oposición criticaron la omisión de previsiones de financiamiento en el dictamen de la reciente reforma al artículo 123 constitucional.

El priista Yericó Abramo Masso subrayó que en 2012 se construyeron 295 mil viviendas en México, mientras que para 2023 sólo se registraron 131 mil, lo que representa una disminución cercana al 50 por ciento. Esta caída se atribuye a la falta de atractivo en la construcción de vivienda económica. Además, advirtió que actualmente hay 6.1 millones de casas solas, abandonadas o vandalizadas, “que nadie habita y que tienen un crédito Infonavit, con nombre y apellido, y nadie paga”.

En contraste, la legisladora panista Rocío González anticipó el voto de su bancada a favor de la reforma, pero cuestionó la capacidad del titular del Infonavit para llevar a cabo lo propuesto. “Preocupa que esta reforma promueve el regreso del clientelismo político y la corrupción, un sello de Morena”.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados aprobó la reforma, la cual establece un “sistema de vivienda con orientación social” y se envía al Senado para su análisis y ratificación, la cual permite que los trabajadores accedan a viviendas del Infonavit en arrendamiento social, con el derecho a adquirirlas en propiedad.

Durante la discusión, el pleno aceptó una reserva presentada por Morena para eliminar el plazo de un año de cotización ante el Infonavit para acceder a viviendas en arrendamiento y de diez años de renta de un mismo inmueble para tener el derecho de compra.

Aprobada con 469 votos y una abstención, la reforma constitucional indica que “la mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras”.

Finalmente, el dictamen establece que “se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia”.


Escrito por Abigail Cruz Guzmán

Reportera


Notas relacionadas

La reforma al Poder Judicial recibió en menos de 24 horas el respaldo de 18 estados del país.

El objetivo de la reforma es proteger legalmente la soberanía nacional y endurecer las sanciones contra quienes faciliten el tráfico de armas hacia México.

Ninguno de los candidatos presidenciales se ha pronunciado por una reforma fiscal que ayude a disminuir las condiciones de desigualdad.

Morena, congruente con su ideario político, lo que pretendía y logró fue: mantener la pobreza subsidiándola. No hubo ninguna sola reforma que atentara contra la desigualdad, todas estaban encaminadas a sostenerla.

Los mexicanos se quedaron sin defensa jurídica como resultado de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), aprobada en septiembre pasado por diputados de Morena.

La reforma generaría un desajuste al sustituir a más de mil 600 personas juzgadoras, además de la totalidad de los ministros.

Las iniciativas más urgentes para la población siguen detenidas, como: protección de la salud, alimentación sana y el derecho al agua; así como el aumento al salario mínimo.

El precio promedio de las viviendas en Baja California Sur resulta muy alto.

A partir del próximo jueves 27 de junio arranca la segunda ronda de foros de discusión sobre la reforma judicial.

Nuestro Reporte Especial ofrece esta semana el resultado de su consulta sobre el esquema pensionario recientemente aprobado.

Los órganos autónomos en México son entidades públicas con funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La reforma deberá ser aprobada en al menos 17 congresos estatales.

La reforma al Poder Judicial debe recibir el aval de al menos 17 estados para convertirse en Ley.

La discusión y votación en lo general y particular de la reforma al Poder Judicial será en una sola sesión sin importar su extensión.

La autoridad debe ejercerse como servicio al bien común: CEM