“¡Agoreros del desastre!”, llamaba el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a los representantes del sector privado que demandaban seguridad luego de casi tres meses de “narcoguerra”, durante una de sus conferencias de noviembre del año pasado.

“No, ya se perdieron dos mil millones de pesos (mdp)! Y si les das chance, te dicen que son ¡10 mil!”, exclamó sarcásticamente el mandatario haciendo mofa de lo apuntado como exageraciones por los mismos cabecillas empresariales, a quienes acusó de crear una percepción negativa de la entidad.

Para perjuicio de cualquiera que desarrolle una actividad económica en la ciudad de Culiacán, esta actitud moldearía la política del gobierno estatal ante el sector empresarial, en estos ya seis meses de violencia que lacera la vida social y el panorama financiero en la ciudad. Ni siquiera después de que cientos de negocios cerraran, el discurso oficial terminó por reconocer la existencia y magnitud del problema.

El gobierno morenista ha fallado en proveer de seguridad y certidumbre, indispensables para el desempeño de las actividades económicas de la ciudad; la autoridad se ha limitado a medidas paliativas insuficientes sin resolver los retos que atraviesa un moribundo sector comercial citadino.

En Sinaloa, aunque más notablemente en el centro del estado, conformado por los municipios de Culiacán, Navolato y El Dorado, se desarrolla hoy un violento conflicto entre dos facciones del crimen organizado que se disputan el control en una encarnizada guerra que se ha prolongado desde el nueve de septiembre de 2024.

Hasta finales de febrero, este violento periodo llevaba un saldo de al menos 913 personas asesinadas, se habían emitido más de mil fichas por desaparición de personas y reportado tres mil 321 despojos de vehículos, según datos oficiales y de organizaciones civiles de búsqueda.

Este violento periodo se ha caracterizado por la ocurrencia casi diaria de sucesos aterradores que paralizan y atemorizan a la población, como “narcobloqueos” de las vías carreteras, incendios o vandalismo en viviendas y negocios, además de constantes enfrentamientos entre grupos de criminales armados en los que a menudo participan las corporaciones policiacas.

La ola de violencia ha significado la caída generalizada de la actividad comercial debido a la incertidumbre laboral y a la reducción del circulante que hasta hace poco tenía como origen la economía ilegal. La inseguridad ha devenido en una pronunciada pérdida de afluencia de clientes en el horario nocturno.

Los pequeños vendedores o negocios emergentes han sido los más afectados por la caída en el consumo, pero el impacto no se limita a ellos. Algunas de las organizaciones empresariales más poderosas de Sinaloa también vacilan. 

El Frente Civil Primero Culiacán ha constatado el cierre de cerca de 500 negocios en el área urbana del municipio desde el inicio de la crisis de seguridad.

Cabe destacar que las asociaciones civiles de comerciantes han cuantificado los perjuicios generados en Culiacán a raíz de la crisis de violencia, pues el titular de la Secretaría de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde, admitió tener poco interés en contabilizar los negocios que cierran: “nuestra prioridad es reactivar negocios, apoyarlos y darles créditos, más que estar sacando la cuenta. Pero sin duda obtendremos el dato”, reconoció durante la conferencia de prensa del 23 de enero. Al cierre de esta edición, no se había emitido algún conteo oficial sobre este lastre.

Vulnerables los vendedores ambulantes y locatarios

Para los vendedores del primer cuadro de la ciudad, centro del comercio en Culiacán, el estallido de la “narcoguerra” ha supuesto perder alrededor de 40 por ciento de su volumen en ventas, a decir de Laura Quevedo, coordinadora del Bloque de Vendedores Ambulantes.

Festividades como Navidad, Año Nuevo o San Valentín, que antes representaban un fuerte impulso para los dependientes del comercio pequeño, pasaron “sin pena ni gloria”, pues la mayoría de los vendedores apenas se aventuró a invertir la mitad del monto en mercancía que en años anteriores apartaba.

La caída y precarización del consumo se manifiesta, por ejemplo, en que, este año, los regalos predilectos del 14 de febrero fueron productos pequeños y baratos, en contraste con los ostentosos obsequios usualmente acostumbrados en Culiacán, según expresan los floristas y comerciantes de la capital.

Frente a esto, la respuesta oficial se ha limitado a otorgar cheques por cinco mil pesos a cada vendedor en hasta dos ocasiones y la condonación del pago de permisos emitidos por el ayuntamiento. Si bien aceptan que esto resultó un alivio en su momento, pues les permitió desahogar sus deudas con los proveedores y volver a invertir, no resuelve el problema principal: la caída en sus ingresos: “nos han ayudado, pero no podemos avanzar. No nos dejan avanzar”, lamenta Guillermina Acosta, una de las vendedoras más longevas del centro de Culiacán.

En seis meses de “narcoguerra”, el Gobierno de Sinaloa ha destinado aproximadamente 135 mdp en apoyos, repartidos en cheques de entre dos mil 500 y 20 mil pesos por organización o individuo, además de créditos de hasta 50 mil pesos. Sin embargo, el alcance de estos apoyos resulta limitado. 

Con un total de 40 mil beneficiarios, el apoyo promedio apenas alcanza los tres mil 375 pesos por persona. Esta cifra contrasta con la magnitud de la necesidad. En Sinaloa operan 111 mil 872 establecimientos dedicados a alguna actividad económica, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DNUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto implica que la mayoría de los negocios no han recibido ningún tipo de respaldo.

La gente ya no sale a la calle de noche

Convertirse en víctima de alguno de los delitos antes expuestos, ser confundido con un blanco de la delincuencia o quedar atrapado en medio de un intercambio de balas son algunos de los temores que mantienen a los clientes lejos de los comercios. 

A partir de las 20 horas, las calles de Culiacán lucen desoladas. Algunas empresas han recortado sus horarios laborales para que los trabajadores vuelvan a sus hogares antes de que la oscuridad “engulla” la ciudad; la afluencia de clientes en el turno nocturno ha decaído tanto que no conviene mantener al establecimiento operando. Y es así como el ingreso y empleo generado por los negocios orientados al ocio y vida nocturna han desaparecido casi totalmente.

El restaurantero es uno de los sectores que más personas emplea en Culiacán. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), en la capital sinaloense reporta la existencia de cinco mil 380 unidades de negocio pertenecientes a ese giro. En todo el estado, por lo menos 88 mil empleados trabajan en él.

Altamente dependiente de las ventas en horario nocturno, el sector restaurantero ha disminuido por las bajas ventas. La misma cámara empresarial testimonia el cierre de al menos 39 restaurantes en la ciudad. En esta industria se ha documentado la migración de locales y plazas hacia otras más austeras, el recorte o cambio completo de sus horarios de atención, el endeudamiento, agotamiento de las reservas de capital y, en última instancia, el cierre temporal.

Grupo Panamá, corporativo principalmente restaurantero, pero con negocios en bienes raíces y plazas comerciales, también debió recortar su horario de atención y rescindir la relación laboral con muchos de sus trabajadores eventuales. Esto ocurrió luego de que se agotaran sus reservas de capital.

“Tenemos un fondo de emergencia creado después de la pandemia. Le estuvimos echando mano a este fondo durante estos meses para poder salvaguardar el empleo, creyendo que esto cambiaría. No cambió, y el fondo se terminó”, explica su director, Luis Osuna Vidaurri.

Decepcionante plan de reactivación económica

Uno de los encontronazos definitivos de las tensiones actuales entre el sector empresarial y el gobierno de Sinaloa, así como la máxima expresión de la indiferencia oficial para con la iniciativa privada se vivió en el marco de la presentación del Plan de Reactivación Económica del gobernador Rubén Rocha Moya en el Congreso del Estado.

A cuatro meses de iniciada la ola de violencia, el ejecutivo estatal anunció que se estaba diseñando un plan para impulsar la actividad económica en enero. Previo a su presentación, se celebraron reuniones con diversos representantes de la iniciativa privada en las que, según el documento firmado por la presidenta de la delegación Culiacán de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sellada por el despacho del gobernador, se concretó una serie de cinco “acuerdos estratégicos” con el mandatario.

Entre éstos se menciona la condonación de los impuestos patronales y de nómina por hasta seis meses para facilitar a los empleadores operar sin recortar sus plantillas laborales.

Con la expectativa de que Rocha incluiría las diligencias necesarias para efectuar estos acuerdos en su ponencia al Congreso, los representantes empresariales acudieron a la presentación del plan del gobernador el ocho de enero. Sin embargo, la solución propuesta consistió en solicitar un préstamo de dos mil 300 mdp para invertir en 36 obras de construcción pública en el estado.

Bajo la premisa de que estas obras mejorarían la rapidez y seguridad de la circulación de personas, vehículos y mercancías, el Congreso de Sinaloa aprobó unánimemente el plan del gobernador. Esto fue recibido con críticas por la iniciativa privada, representantes de la academia y asociaciones civiles.

También se incrementó la preocupación sobre las garantías de transparencia en el uso de tales recursos y se consideró que, de 161 obras pactadas en 2024, 95 fueron adjudicaciones directas y únicamente 66 se sujetaron a licitación pública, de acuerdo con Iniciativa Sinaloa.

Sector privado busca la transformación en medio de la agonía

La contracción del mercado de consumo derivada del largo periodo de violencia exhibe las grietas del frágil tejido económico sobre el que está construido Culiacán. Esto, aunado a la actual crisis hídrica que reduce la producción y competitividad del campo sinaloense, actualiza el viejo “sueño” sinaloense durante décadas: la industrialización del estado.

Martha Reyes, dirigente de la Coparmex Culiacán, considera que la vulnerabilidad mostrada por los sectores primario y terciario ante esta situación los hace inviables para ser el motor del desarrollo económico del estado. Espera que la actual crisis sirva como argumento y oportunidad para atender al desarrollo de la industria y la manufactura, de modo que se incentive la producción de bienes con mayor valor agregado, creando empleos mejor pagados y activando la economía de la región. Para la empresaria, este proceso necesita, primordialmente, la intención de promover un cambio por parte de la autoridad, a la que ella caracteriza como “ausente”.

La indiferencia del gobierno ante la magnitud del problema y la falta de un plan de reactivación efectivo ya han provocado la pérdida de miles de empleos formales. En 2024, la entidad cerró el año con menos puestos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conservados desde enero. El último suceso como éste fue durante la pandemia de Covid-19 en 2020.

A medida que el cierre de negocios se incrementa, también aumenta la urgencia de transformar la estructura política y económica de Culiacán. Sin un cambio real en la estrategia gubernamental ni algún enfoque en la protección y reactivación de los sectores productivos, el futuro de la capital sinaloense seguirá marcado por el empobrecimiento y la precarización.