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Después de dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los graves problemas que persisten en México es la inseguridad. Cierto es que el presidente actual recibió un país que arrastraba una crisis en esta materia desde hace tiempo. Pero, a dos años de distancia, las cosas parecen haber empeorado mas que haber mejorado.
Desde la campaña electoral y al asumir sus funciones, el presidente prometió pacificar pronto al país. Para lograrlo, dijo que se iba a cambiar completamente la estrategia para combatir la delincuencia y con ello la inseguridad, atacando las causas de fondo como la pobreza y la falta de oportunidades. Una vez en el gobierno, impulsó la creación de la Guardia Nacional y varias reformas en materia penal, como la que se hizo a la Constitución para incorporar más delitos que ameriten prisión preventiva, como parte de su estrategia.
¿Qué ha cambiado en lo que va del sexenio? Respecto de atacar las causas profundas de la delincuencia, nada se ha hecho al respecto pues, en vez de reducir la pobreza, ésta ha aumentado. Sólo en este año, en el contexto de la pandemia donde no hubo apoyo gubernamental para mitigar los efectos negativos del confinamiento y la pérdida de empleos que se dieron por ello, se estima que 10 millones de mexicanos se sumaron a la cantidad de pobres, mientras que 70 millones de mexicanos no pueden comprar hoy la canasta básica.
Respecto a la Guardia Nacional, cierto es que se ha sumado a las tareas de seguridad pública en las calles por todo el país. Sin embargo, de lo que más nos hemos enterado es de las acciones que el gobierno ha ordenado realizar a este cuerpo de seguridad para actuar como muro de contención en la frontera sur del país, contra los migrantes centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos; emprendiendo acciones contra los agricultores en Chihuahua que protestaban por el agua; desalojando el plantón de campesinos que se oponían a la Termoeléctrica de Huesca, Morelos, etc. Pero ¿Realmente su actuar ha servido para disminuir la delincuencia y la inseguridad? Los datos que más adelante señalaremos nos indican que no.
Cuestión parecida podemos opinar respecto del endurecimiento de la prisión preventiva, pues de acuerdo con datos del Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, ya en julio de 2019 (unos meses después de la reforma) se registró un incremento en tres mil reos más que los registrados en diciembre de 2018 (en una población de poco más de 200 mil presos) acabando con la tendencia a la baja en el numero de presos que se venia registrando desde 2014. Con esto, vemos que se ha incrementado el número de personas en prisión, sin la correspondiente disminución en los delitos con prisión preventiva oficiosa establecida.
Pero hay más. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que inicio el gobierno del presidente López Obrador hasta octubre de 2020, se registraron 66,744 homicidios dolosos, 103% más que los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, y 13% más que sus últimos dos años. En promedio, se cometieron 101 homicidios diarios en México en lo que va del sexenio. Con estos datos, el homicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años; y la cuarta más frecuente entre niños de cinco a 14 años[1]: una verdadera tragedia
Aunque en Julio de 2020, el presidente afirmó que en México ya no había torturas, desapariciones o masacres y se respetaban los derechos humanos, la organización Causa en Común reportó 429 masacres, 404 casos de tortura, así como un total de 2,582 hechos “atroces” en lo que va de su gobierno. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pues de acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Gobernación, se han asesinado a 38 periodistas en lo que va del sexenio. En materia de feminicidios la cuestión también es trágica: sólo por dar un dato, en los primeros siete meses de 2020, fueron asesinadas en México 2,240 mujeres, con un promedio de 10.5 casos diarios.
Por todo esto, podemos afirmar fundadamente que, en materia de seguridad, la situación del país no ha mejorado, por el contrario, está peor que nunca. El propio gobierno estima que para este 2020, se establezca un nuevo record con más de 40,000 homicidios dolosos registrados, a pesar de la reducción de la movilidad de la población por la pandemia de Covid-19. A pesar de este autentico desastre, con el gobierno de López Obrador, no hay estrategia, no se ha hecho nada por disminuir la pobreza, no hay política de prevención de la violencia, ni otra medida seria para afrontar este problema ¿Qué sí nos ofrece el presidente? su Guía Ética para la Transformación de México, orientada a sanear la vida pública y fomentar los valores nacionales. Este documento podrá ser muy valioso y útil para él, en cambio, para los mexicanos, además de costarnos varios millones de pesos, en materia de inseguridad y delincuencia, no nos resolverá absolutamente nada.
[1] https://www.indicedepazmexico.org/la-paz-en-mexico
Lorenzo Córdova Vianello enfatizó que ya que se trata de sentencias del TEPJF “estoy obligado en el respeto".
Según los resultados preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, el izquierdista Morena ganó las elecciones intermedias del domingo con el 37.8 por ciento de los votos.
A nivel familiar, el principal problema que les afecta es la economía, pues el 43.6 por ciento así lo consideró; la seguridad, el 30 por ciento y los problemas sociales con el 12.4 por ciento.
El semáforo de reapertura en color naranja se mantiene en este estrato desde el 26 de junio.
El funcionario estuvo a cargo de la dependencia en julio de 2020 a noviembre de 2022.
Diferentes voces se levantaron de inmediato en la defensa de la más nueva víctima de la represión obradorista contra los rebeldes de Chihuahua.
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No es momento de abrir la economía ni pensar en ello, lo actual, lo urgente es que el Estado atienda a la población en sus necesidades sanitarias y de alimento.
Al menos 15 mil mexicanos..., exigen atención de los diputados para que no se recorte el presupuesto destinado a obras y servicios, pues genera más pobreza y miseria.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.