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La seguridad social está determinada por la capacidad estatal de proporcionar asistencia médica e ingresos a sus integrantes. Estos últimos son financiados con aportaciones (ahorros) que hace el trabajador a lo largo de su vida laboral y son administrados de tal manera que, con el paso de los años, generan intereses con los que se sustentan sus pagos mensuales una vez que se retira de la vida laboral.
Esta protección social tiene tres variables que se interrelacionan y determinan su eficiencia: cobertura, suficiencia y sostenibilidad. La cobertura se refiere a la cantidad de población protegida y al acceso a las prestaciones. La suficiencia o adecuación de los beneficios hace referencia a la cuantía de las prestaciones monetarias o en especie medida, en términos absolutos o relativos, en relación con diversos parámetros, como pueden ser los ingresos laborales. La sostenibilidad es entendida como la disponibilidad de financiamiento para afrontar las erogaciones presentes y futuras de un sistema para garantizar las coberturas y las prestaciones comprometidas.
Al presentarse la pandemia de Covid-19 en 2020, la seguridad social de los países se vio afectada por la reducción de la movilidad y, en consecuencia, de la actividad económica. Con la economía restringida, las empresas cerraron y despidieron a trabajadores, muchos de los cuales fueron a parar a la informalidad.
En 2019, año previo al Covid-19, la economía mexicana se contrajo 0.1 por ciento en relación con 2018; es decir, antes de la crisis sanitaria ya había problemas serios y, con la reducción de la actividad económica, la situación empeoró. Como consecuencia de esto, el empleo formal (sector que cotiza para tener seguridad social) sufrió graves embates.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó, el 20 de octubre de 2021, que alrededor de dos millones de trabajadores mexicanos ya no aportan a sus pensiones, porque en 2019 eran 21 millones y en 2020 solamente lo hicieron 19 millones. Incluso muchos de ellos retiraron parte de sus ahorros para el retiro. De enero de 2018 a enero de 2020, las personas que hicieron retiros parciales por desempleo representaron el 5.4 por ciento del total de los ahorradores para el retiro; y de febrero de 2020 a septiembre de 2021, dicha cifra llegó al 18.7 por ciento, es decir, creció el 13.3 por ciento. Es ilustrativo que, en febrero de 2020, los retiros se ubicaron en el 14.5 por ciento, un mes antes de que el 20 de marzo se decretara oficialmente el cierre de las actividades económicas. Es decir, el desempleo empezó a crecer antes del cierre sanitario, debido a que la contracción económica había comenzado en 2019.
Las personas en paro formal se movieron a la informalidad y se vieron obligadas a retirar sus ahorros. La situación socioeconómica de este año no es alentadora. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENEO) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), efectuada en agosto de 2021, en el segundo trimestre (abril-junio), la población desocupada fue de 2.4 millones; y en el empleo informal había 31 millones de personas, a cuyo ámbito se sumaron 8.2 millones de personas con respecto al mismo lapso de 2020, y suman el 56.2 por ciento de la población ocupada. En México, más de la mitad de los trabajadores se emplea en la economía informal.
Una de las consecuencias de que la economía sea predominantemente informal es que los trabajadores no pueden cotizar para su retiro y que la próxima generación se encuentra menos protegida económicamente para enfrentar la vejez. Los trabajadores de México deben luchar por conseguir trabajos formales y salarios dignos y obtener la seguridad social; y las autoridades deben trabajar en un proyecto que sea capaz de garantizarla; cobertura universal, pues un sistema de seguridad social solvente es la única manera de que los mexicanos enfrenten el futuro con certeza. La falta de seguridad social es un problema serio y a la vista: la nueva generación de adultos jóvenes mexicanos envejecerá y será necesario que la alcancen porque, de lo contrario, morirán prematuramente en medio de la pobreza y la inseguridad social.
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La población que se encuentra en un empleo informal sumó 31 millones de personas, lo que representó un retroceso 0.8 puntos porcentuales.
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Escrito por Rogelio García Macedonio
Licenciado en Economía por la UNAM.