Como bola de nieve se han acumulado denuncias de corrupción contra personajes relevantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien insistió en exonerarlos de la comisión de dicho delito, pese a las evidencias y antecedentes; entre ellos destacan Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia y Carlos Lomelí Bolaños, “exsuperdelegado” en Jalisco.

En el caso de Bartlett, ahora entrañable amigo, existen denuncias actuales por “enriquecimiento inexplicable”, por tener propiedades inmuebles con un valor aproximado a 800 millones de pesos, hecho que el propio AMLO conoció en 1995, cuando publicó su libro Entre la Historia y la Esperanza, donde lo incluyó como miembro de la “mafia del poder”. En el mismo estatus se halla Alfonso Romo, presunto beneficiario de las irregulares privatizaciones impulsadas por el expresidente Carlos Salinas, amigo cercano del empresario, según el libro, que también firma el Presidente, Fobaproa, expediente abierto (1999).

Algo similar ocurre con su compadre Lomelí Bolaños y Miguel Rincón Arredondo, el primero renunció a su cargo de “superdelegado” el 12 de julio, tras ser señalado por un presunto conflicto de interés al descubrírsele como beneficiario de contratos gubernamentales en dos de sus empresas farmacéuticas; el segundo habría obtenido dictámenes favorables en licitaciones de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), aunque “extrañamente” no se habían presentado de manera formal los respectivos contratos.

De igual forma ha procedido AMLO en los casos de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuestionada por no declarar la posesión de un departamento en Houston, Texas, y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, en cuya dependencia se realizan investigaciones por un uso irregular de recursos públicos destinados al financiamiento de atletas de alto rendimiento.

Viejas denuncias de AMLO

El Presidente de México exhibió a Bartlett en el libro arriba citado, en el que denunció una serie de operaciones con bienes raíces realizadas durante el sexenio del gobernador de Tabasco, Mario Trujillo García (1970-1976). AMLO escribió: “por hablar solo de un negocio, los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que había heredado de su padre, Manuel Bartlett Bautista, fueron urbanizados de una peculiar manera. Bartlett hijo se asoció con el yerno de Trujillo, Ignacio Cobos, y ambos acordaron que éste se encargaría de introducir todos los servicios públicos (…) y una vez concluido el trabajo se dividirían por mitad el nuevo fraccionamiento residencial Framboyanes. Así ocurrió, pero claro está que todas las obras de infraestructura se hicieron con cargo al erario”.

“Discursivamente, el tema de la corrupción ha estado presente, eso es algo positivo, pero las acciones que hemos visto para combatirla creemos que no necesariamente nos pueden hablar de una política integral de Estado, que vaya realmente a llegar a una solución de fondo”, afirmó a este semanario el investigador César Gaona, de Ethos, despacho enfocado al análisis de políticas públicas y de problemas relacionados con la corrupción, asunto del que se ocupan específicamente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Transparencia Internacional (TI) y Transparencia Mexicana (TM).

El presidente AMLO ha insistido en exonerar públicamente a Manuel Bartlett sin que se hayan realizado previamente investigaciones. “¿Cómo aprecian ustedes esa actitud?”, se le preguntó a Gaona. Y expuso: “Ahí tenemos un problema, porque el Presidente no permite que el Estado de Derecho se cumpla, está tomando acciones discursivas que impiden que esto se lleve a cabo”,

El investigador consideró positivo que en este gobierno se estén ventilando casos de conflictos de interés y otros, como el de Bartlett, de funcionarios con bienes que no corresponden a sus ingresos, pero aún falta un trecho para que ésos se conviertan en procesos judiciales, haya responsabilidades por ilícitos y sanciones efectivas. El Presidente –explicó– debería retroceder tras reparar en que su opinión muestra a una figura pública, una figura institucional con incidencia nacional y dejar que las investigaciones avancen de manera adecuada.

“El gobierno ya marcó una postura; el Presidente en sus mañaneras, el mensaje que manda es que son ataques con una motivación política o es para desacreditar o es para cualquier interés oculto que se puede generar. Esa respuesta, de entrada, no es alentadora ¿Por qué? Porque nos dice que el Presidente no le está dando su lugar apropiado a la institucionalidad.

“Una respuesta responsable de parte de él sería: nosotros vamos a esperar a que suceda el proceso, se den las resoluciones y entonces nos pronunciaremos ¿Por qué? Porque el Presidente no es cualquier persona que simplemente pueda emitir una opinión y no pasa nada. No, el Presidente es una figura institucional, es una figura de poder, cuya opinión sí marca la pauta”, aseguró Gaona a este semanario.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2019, elaborado por las organizaciones TI y TM, en México nueve de cada 10 encuestados expresaron este año que la corrupción “sigue siendo un problema para el país, aunque perciben cambios en comparación con años anteriores”. Esta medición, concluida el 23 de septiembre, se hizo con base en opiniones ciudadanas sobre la corrupción y su experiencia directa. “México se ubica entre los países con un mayor porcentaje de personas que reconoce haber pagado sobornos con 34 por ciento de los encuestados, solo por debajo de Venezuela, donde 50 por ciento reporta haberlo hecho”.

El 44 por ciento de los encuestados consideró que la corrupción en México ha aumentado en el curso de este año. En los servicios públicos, las personas denunciaron que los sobornos aun operan en 52 por ciento provenientes de la policía; 35 por ciento en los servicios judiciales y en 30 por ciento en la prestación de servicios públicos básicos. Únicamente 21 por ciento de los encuestados estimó que la corrupción ha disminuido en 2019.

EN 28 de agosto de este año, Manuel Bartlett Díaz, ahora titular de la CFE fue denunciado por presuntamente haber escondido a través de “prestanombres” la posesión de 25 propiedades no manifestadas en su declaración patrimonial obligatoria ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde aseguró tener una fortuna de 51 millones de pesos y haber obtenido ingresos por 11 millones. Sin embargo, su patrimonio real en bienes inmuebles asciende a unos 800 millones de pesos.

Estos datos fueron divulgados en el reporte periodístico Bartlett Bienes Raíces, firmado por Areli Quintero, del equipo de trabajo de Carlos Loret de Mola, donde se asegura que Bartlett no incluyó en su declaración ante la SFP esos inmuebles —23 casas y dos terrenos— ubicados en zonas de alto valor catastral como el Paseo de la Reforma, Lomas de Chapultepec, Polanco, la colonia Roma de la Ciudad de México (CDMX) y Tecamachalco, Estado de México.

Después de esta publicación, AMLO y Bartlett han insistido en que dicho reportaje forma parte de una campaña de desprestigio en contra del titular de la CFE y del Gobierno Federal, aunque la SFP ya anunció que abrió una investigación con base en una “denuncia anónima” recibida por esta dependencia.

Posteriormente, el 27 de septiembre, la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) amplió esta denuncia en la que vinculó a Bartlett con una persona de nombre Julia Elena Abdalá Lemus, aparentemente su pareja sentimental, quien aparece como titular de algunas de las propiedades enunciadas y de quien había tratado de deslindarse un día antes.

Días después, los perredistas interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Bartlett por presunto enriquecimiento ilícito.

Dicha denuncia fue presentada por Antonio Vázquez, Paola Miyoga, los exdirigentes nacionales del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega; así como por Fernando Belaunzarán y Ángel Ávila Romero, todos miembros de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD. Belaunzarán anticipó que en los siguientes días podrían presentar una nueva denuncia ante la FGR; también declaró que con el caso Bartlett se derrumban los dichos de anticorrupción de AMLO: “No se sostiene su discurso anticorrupción si está sosteniendo a un sujeto con esa trayectoria y esa riqueza que no puede explicar legítimamente”. Igualmente cuestionó al Mandatario por asumir la defensa de Bartlett en lugar de apoyar la investigación de las denuncias, ya que el director de la CFE “no negó ninguno de los señalamientos, simplemente se deslindó de su pareja y de sus hijos”, quienes son sus prestanombres, según la información incluida en el reportaje y las denuncias legales.

Bartlett fue el controvertido Secretario de Gobernación del priista Miguel de la Madrid (1982-1988) y responsable de la elección presidencial de 1988, a la que AMLO y otros integrantes del Frente Democrático Nacional (FDN) denunciaron como fraudulentas, porque Carlos Salinas arrebató el triunfo al candidato presidencial opositor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Los compadres de AMLO 

Carlos Lomelí Bolaños, compadre del Presidente, renunció el 12 de julio a su cargo como superdelegado del Gobierno Federal en el estado de Jalisco, después de ser exhibido por su presunto conflicto de interés en la obtención de un contrato gubernamental para dos de sus empresas farmacéuticas, cuyo monto asciende a 164 millones de pesos, según lo mostró la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCI), que asimismo denunció que familiares y colaboradores de Lomelí Bolaños integran una red de proveedores de medicinas al sistema público de salud.

El 30 de septiembre, Lomelí declaró haber conseguido días antes amparos que anularon declaratorias de inhabilitación expedidas por la SFP contra sus empresas farmacéuticas, que funcionaban con normalidad. En el comunicado Función Pública sanciona a dos empresas farmacéuticas por incumplir la Ley de Adquisiciones, fechado el 13 de septiembre, se dice: “La SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, máxima instancia administrativa del Gobierno de México en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha resuelto imponer tanto a Lomedic, S.A de C.V.,  como a Laboratorios Solfrán, una multa por un millón 51 mil 500 pesos, además de inhabilitar a ambas empresas por dos años y seis meses”.

El documento detalla que las sanciones “(…) son resultado de minuciosas investigaciones en las que se identificó que ambas firmas falsearon información al participar en contrataciones públicas. Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (…)”; donde se refiere en tercera persona a quien “en ese momento era diputado federal”, el comunicado hace alusión al  legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, Carlos Lomelí Bolaños.

Las dos empresas sancionadas están dentro de las nueve donde Lomelí figura como principal accionista, según el informe publicado por MCCI en mayo de 2019. De manera similar al caso Bartlett, el Presidente sostuvo que dichas irregularidades eran “politiquerías” pese a que fueron validadas por su propia titular de la SFP, Irma Ballesteros, y derivaron en la aplicación de sanciones.

En un acto oficial realizado el 31 de agosto en la comunidad de San Salvador El Seco, el Presidente ondeó una hoja de papel a modo de pañuelo blanco como señal de que la corrupción gubernamental “ya se acabó”. Aprovechó la ocasión para culpar a las farmacéuticas y a los “coyotes” de la falta de medicamentos en el sistema público de salud. “Por eso hay una campaña ahora de que los niños se están muriendo, ahora porque no tienen medicamentos para curarlos; son las farmacéuticas, ni siquiera las farmacéuticas, los coyotes, vendían medicinas hasta los políticos, dijimos: se acabó”.

El dos de octubre se divulgó que Miguel Rincón Arredondo, otro compadre de AMLO , dueño de la empresa Bio Pappel Scribe, no se había presentado a firmar un contrato por 142.8 millones de pesos después de ganar una licitación lanzada por la Conaliteg para que su compañía recogiera cartón y papel de desecho, asimismo, para dotar a la paraestatal de papel nuevo.

Previamente en abril, Rincón Arredondo había obtenido un contrato por 221.3 millones de pesos para vender papel offset a la Conaliteg, pero a última hora no se presentó a formalizar la operación. Es decir, se inscribió en las licitaciones, su oferta obtuvo la decisión gubernamental favorable, pero por extrañas razones tampoco se presentó a firmar el contrato respectivo.

Otras oscuridades

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en abril pasado también fue exhibida en algunos medios de comunicación por haber omitido en su declaración patrimonial la posesión de un departamento en Houston, Texas, que luego reconoció como supuesta copropiedad con su esposo Eduardo García Villegas, notario público, con un valor de 500 mil dólares, equivalentes a 11 millones de pesos. El inmueble está ubicado en la torre Park Square de esa ciudad estadounidense.

Sánchez Cordero argumentó que no incluyó en su declaración patrimonial ante la SFP porque se trata de una copropiedad. La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, explicó que para hacer pública esa información se requería de la emisión de una nota aclaratoria “de puño y letra del propio funcionario” y que por ese detalle no se daría de alta de manera automática. Sandoval convocó a la secretaria Sánchez Cordero a elaborar esa nota aclaratoria para declarar ese inmueble en calidad de copropiedad.

El 20 de junio, la secretaría de la SFP abrió cuatro investigaciones por presunta corrupción en la Conade, encabezada por la exatleta Ana Gabriela Guevara. Las averiguaciones se iniciaron a partir de cuatro denuncias: una el 26 de abril, la segunda el 16 de mayo, la tercera en ese mismo mes y la cuarta el cuatro de junio.

Las operaciones están relacionadas con el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), destinado al financiamiento de campamentos y competencias de atletas mexicanos con alto rendimiento, cuyos recursos se habrían triangulado por medio de tres empresas particulares.

Hay una acusación por presunta usurpación de funciones y conflictos de interés de individuos que se ostentaron como funcionarios y servidores públicos de la Conade en funciones con empresas proveedoras.