Cargando, por favor espere...

Nacional
Incrementaron 45% secuestros de enero a febrero
Los estados de Veracruz, Estado de México, CDMX, Puebla y Morelos son los que acumulan en 49% del delito de secuestro respecto al total nacional.


En lo que va de la actual administración, se han registrado 5 mil 256 secuestros, es decir, 4 por día, de acuerdo con el reporte nacional de la asociación “Alto al Secuestro”.

Los datos más recientes arrojan que de enero a febrero de 2023 los secuestros aumentaron 12 por ciento al pasar de 58 a 65; lo mismo ocurrió con las víctimas, aquellas que sufrieron el delito, como familiares y personas cercanas que denunciaron los casos, con un aumento del 45 por ciento, ya que pasaron de 80 a 116.

Sin embargo, el organismo señala que la mayoría de las víctimas no son contabilizadas en cifras oficiales. También hace el comparativo con respecto al sexenio del expresidente Felipe Calderón, que en el mismo periodo (un mes) se contabilizaron 3 mil 907 secuestros, mientras con López Obrador ya se registran 5 mil 256.

 

 

El documento detalla, además, las variaciones y puntos geográficos donde aumentó este delito, siendo Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México y Puebla los que registraron desde 2018 altos índices de secuestro. 

Del total nacional, el 49.5% corresponden a Veracruz (939), Estado de México (857), Ciudad de México (416), Puebla (218) y Morelos (207), mientras que los estados con cero secuestros son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Querétaro y Yucatán.

 

 


Escrito por Fernando Landeros

Periodista


Notas relacionadas

De 60 a 22 se redujo la cifra de automóviles que se habían entregado a los Ayuntamientos bajo el esquema de depositaría.

María Quijada, regidora de Morena en Tecate, fue baleada junto con su familia al llegar a su domicilio.

La Corte suspendió el juicio político promovido por el Congreso de Nuevo León contra Samuel García.

La página oficial “Morena Sí” pautó 24 mil 995 publicaciones entre 2020 y 2026 por 45.9 millones de pesos, según datos de Meta.

El PVEM busca mantener su margen de negociación dentro de la alianza oficialista al impulsar 17 aspirantes a gubernaturas, entre ellos legisladores y alcaldes. San Luis Potosí será la única entidad donde competirá sin coalición, con posibles candidaturas vinculadas al gobernador Ricardo Gallardo.

Riva Palacio afirmó que ambos formarían parte de un grupo de políticos que buscaría colaborar con autoridades estadounidenses; Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum negaron las versiones y exigieron pruebas.

La presidenta aseguró que su gobierno no tiene información que respalde la publicación del diario estadounidense, mientras los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal también negaron los señalamientos y exigieron una rectificación.

Estamos a un año de las elecciones de 2027 y en Morena se percibe la preocupación; al interior existe división.

Morena advirtió que no irá en alianza en San Luis Potosí si el PVEM postula a Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El Partido Verde sostiene que la eventual candidatura no constituye nepotismo y confía en alcanzar un acuerdo.

El órgano electoral rechazó registrar como partido a la organización ligada a exmorenistas por irregularidades en fiscalización y afiliaciones; sólo PAZ y Somos México podrán competir como nuevas fuerzas políticas en 2027.

La aprobación ciudadana bajó a un promedio nacional de 53 por ciento.

Aspirantes con licencia a cargos públicos comenzaron a inscribirse en los procesos internos de Morena para las elecciones de 2027; el partido asegura que los filtros buscan garantizar unidad y transparencia.

El sistema de drenaje profundo de la CDMX lleva más de 20 años sin rehabilitación ni mucho menos la construcción de un nuevo sistema pluvial que disminuya los problemas de inundaciones.

El pueblo de México está mayoritariamente desorganizado y puede ser víctima de los discursos simplistas de la derecha.

El partido no acreditó las afiliaciones con la documentación original exigida por la normativa electoral por lo que se ordenó que esos registros se contabilicen a favor de organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.