En su columna Estrictamente Personal del 26 de noviembre, el reconocido periodista Raymundo Riva Palacio dice lo siguiente:

“Hay documentación de que [Rosario] Robles, desde la Secretaría cuando fue enviada a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), autorizó mil 500 millones de pesos en terrenos con todo tipo de permisos, a Antorcha Campesina, en prejuicio de los verdaderos propietarios de los predios en esa zona.

“Antorcha Campesina es un grupo de choque que fue impulsado por el PRI cuando los caciques en los municipios conurbados al oriente de la Ciudad de México, se le habían salido de control. En el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, Antorcha Campesina fue utilizada como grupo de presión por su entonces secretario general de Gobierno, Luis Miranda, que se convirtió en subsecretario de Gobernación, encargado de los asuntos políticos, cuando su compadre llegó a la Presidencia. Se desconoce el destino que tuvieron esos mil 500 millones de pesos, pero tras salir él y el titular Osorio Chong de Gobernación, el nuevo subsecretario, René Juárez, negoció con los verdaderos propietarios el despojo de que habían sido sujetos, y firmaron un documento de reconocimiento de la propiedad y 400 millones de pesos de compensación.

“El dinero salió de Hacienda para solventar el acuerdo, pero Sedatu nunca lo entregó. Tampoco Conagua, que participó en la negociación.”

En esta cita hay afirmaciones que el columnista se limita a transcribir a partir de la denuncia de Emilio Zebadúa, oficial mayor de Sedatu con Rosario Robles, ante la FGR, y otras que son de su responsabilidad directa. Me referiré primero a los señalamientos de Zebadúa, con la esperanza de que mis aclaraciones completen la información de Riva Palacio y, eventualmente, lo ayuden a recomponer su juicio sobre el tema. La acusación de Zebadúa se refiere a “terrenos donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco”, lo que me permite entender que se trata de las 200 hectáreas de tierras vecinas al malogrado aeropuerto que la Federación donó al municipio de Chimalhuacán con el objeto de llevar a cabo allí un proyecto generador de empleos para la población del municipio. Ahora bien, la acusación de Zebadúa, solo por lo que a nosotros se refiere, es absolutamente falsa y carece de todo fundamento. Además, con base en la historia del asunto, resulta un total anacronismo que no solo la vuelve errada, sino también absurda por imposible. Lo probaré con dos documentos cuya seriedad y veracidad no pueden ser desechadas con un simple gesto de menosprecio e incredulidad, como se verá en seguida.

 Con fecha 22 de agosto de 2016, el doctor en economía Abel Pérez Zamorano, autor del libro Marginación urbana: el caso del oriente mexiquense, de la Editorial Miguel Ángel Porrúa, publicó un artículo titulado El CERAO de Chimalhuacán traerá progreso social. En este artículo, su autor afirma lo siguiente: “No hay en Chimalhuacán industrias grandes. La estructura está fragmentada, tiene bajos salarios, no hay estabilidad laboral ni prestaciones de ley; en cambio, en el bloque del noroeste del estado (Atizapán, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán) hay, en promedio, 41 empresas grandes por municipio. En la industria manufacturera, por cada siete empleados en ese bloque, hay uno en el oriente; (…). En el Estado hay 64 parques industriales, el segundo lugar nacional; en Toluca y Tlalnepantla diez en cada municipio, en el Noroeste, la mitad del total estatal, en el Oriente cuatro y en Chimalhuacán ninguno. (…) El porcentaje de población ocupada que gana más de dos salarios mínimos en Metepec es de 75%, en Huixquilucan 72%, en Toluca 68% y en Chimalhuacán 54%, apenas un poco más de la mitad. 46% de los hogares chimalhuacanos gana menos de 140 pesos diarios y si se divide esta cantidad entre los cinco integrantes de una familia, cada persona vive con 28 pesos”, con los que debe cubrir todas sus necesidades.

“Según estudio del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (2011), solo 30% de las personas ocupadas labora en el municipio, 40% de ellas con empleo permanente y 19.4% con contrato colectivo de trabajo, frente a 59.2% de quienes laboran fuera. Chimalhuacán es una ciudad dormitorio (…), y un alto porcentaje invierte hasta 50 pesos diarios en transporte y alrededor de 26 pesos en alimento fuera de sus hogares. El 45% de ellos emplea hasta tres horas diarias en el traslado a sus trabajos. Los padres están normalmente ausentes y las mujeres que dirigen hogares están fuera todo el día y no pueden atender a sus hijos, dejándolos solos o al cuidado de vecinos”. Para enfrentar esta situación, dice Pérez Zamorano, el gobierno municipal de Chimalhuacán elaboró “desde hace ocho años”, es decir, en 2008, el proyecto Centro Estratégico de Rehabilitación Ambiental de la Zona Oriente (CERAO), un moderno parque tecnológico que generara 40 mil empleos permanentes directos y 80 mil indirectos. “En su diagnóstico y formulación participó un equipo de especialistas en economía, tecnología, urbanismo y medio ambiente de la UNAM, la UACh (Universidad de Chapingo), la UAEM, la UAM, el CEMEES, el Centro EURE, La Corte Interamericana de Arbitraje Ambiental, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y otras”. Pérez Zamorano demuestra sobradamente tanto la necesidad social como la seriedad científica del proyecto a desarrollarse en los terrenos que, según la cita de Riva Palacio, fueron el pago a Antorcha Campesina por su trabajo sucio al servicio del PRI.

Añade Pérez Zamorano: “Las 200 hectáreas (…) que ocupará este gran proyecto, todas áridas, salitrosas, sin uso agrícola ni forestal, fueron destinadas por la Federación a Chimalhuacán y han desatado, sin embargo, una agresiva campaña mediática” (…) acusando “al Gobierno Federal de «regalar a Antorcha Campesina» unos terrenos en un supuesto acto de corrupción. Indudablemente faltan a la verdad”. El artículo deja claras tres cosas: 1ª) Se trató de una donación del Gobierno Federal al municipio de Chimalhuacán; es mentira, por tanto, que los terrenos se “regalaron a Antorcha Campesina”. 2ª) Al precisar que se trató de una donación y no de una compra, deja sin base la acusación de que se destinaron a esa operación mil 500 millones de pesos. 3ª) Al ubicar temporalmente el proceso, también pone al descubierto el anacronismo que implica ligarla con “la estafa maestra”, como intenta hacer Zebadúa.

El otro documento es un desplegado del 27 de agosto de 2018 dirigido al presidente electo, licenciado López Obrador. Lo firman César Álvaro Ramírez, presidente municipal en funciones de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, presidente municipal electo y 98 mil 484 chimalhuacanos que respaldan su contenido. En ese desplegado, motivado por la amenaza del nuevo Gobierno de revisar la donación “de 200 hectáreas en el municipio de Chimalhuacán” (…) “que vulnera el sistema planeado de regulación hídrica y pone en riesgo la seguridad de la zona oriente”, se reafirma lo dicho por el doctor Pérez Zamorano y se precisan algunos datos para responder a críticas surgidas con posterioridad. En la parte relativa al tema dice: “Varios años antes de que se planteara siquiera la posibilidad… del Nuevo Aeropuerto… en terrenos de Texcoco, en el año 2006, iniciamos las gestiones… para que el Gobierno federal nos cediera 800 hectáreas de tierras infértiles, ubicadas en Chimalhuacán, para instalar ahí el CERAO y crear los miles de empleos… que eviten desplazamientos agotadores y costosos” a los chimalhuacanos. “El 60%... en edad de trabajar sale de sus hogares entre 4 y 5 de la mañana y regresa entre 10 y 11 de la noche… y el 30% de su exiguo salario se le va en transporte y comidas fuera de sus casas”. El anteproyecto “fue presentado desde 2006 al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa”, siendo el director de Conagua José Luis Luege Tamargo “… quien desde el primer momento se opuso a él de una manera irracional y sectaria”.

En 2007, Marco Antonio Lázaro Cano, presidente municipal, presentó el anteproyecto al licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador del estado. La solicitud era de 800 hectáreas del predio conocido como El Moño o Los Tlateles. El gobernador prometió ordenar estudios exhaustivos sobre el impacto económico, social y ambiental del anteproyecto. “Nueve años después… el 21 de julio de 2016, el Diario Oficial de la Federación publicó tres acuerdos relativos a la donación a Chimalhuacán de 200 hectáreas …en las cuales se impulsarían tres importantes proyectos: 20 hectáreas… para la edificación de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán; 30 hectáreas… para la construcción de una unidad deportiva y el resto, 150 hectáreas… a la Empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria del Municipio de Chimalhuacán…” Y adelante se lee: “Como se desprende (…) de los documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, ni una hectárea, ni un metro, ni un centímetro siquiera, le fue entregado a la organización Antorcha Campesina o a sus líderes… las utilidades que genere la Paramunicipal –aprobada por dos instancias oficiales: el Congreso local y el Cabildo de Chimalhuacán– reforzarán las finanzas locales”, ganancias de las que “se dará puntual informe, por ley, a los organismos fiscalizadores correspondientes”. Y remacha: “Decir que los terrenos se le donaron a Antorcha y sus líderes, es una acusación sin pruebas, es una calumnia que se utiliza para desprestigiar el proyecto del CERAO para echarlo abajo”.

 En resumen: de las 800 hectáreas iniciales, a Chimalhuacán le tocaron finalmente solo 200, la cuarta parte del proyecto original. El desplegado aclara que “para que no hubiera problemas en la construcción de dos lagunas de regulación requeridas por el NAIM, en 2016 el gobierno municipal de Chimalhuacán le cedió a la Federación 600 de las 800 hectáreas que… había solicitado para… el CERAO”. Por mi parte agrego que fue esta necesidad la que decidió al Gobierno Federal a negociar con el Ayuntamiento municipal lo relativo al CERAO, pues sabía que la ocupación del predio de Los Tlateles habría sido imposible sin su anuencia y la de los pobladores del municipio. De todos modos, quien expropió las 800 hectáreas fue el Gobierno Federal; por eso, cuando más tarde apareció un grupo de comuneros que reclamaban la propiedad de una parte de esas tierras, fue el Gobierno Federal quien tuvo que hacer frente al problema. Lo cierto es que los inconformes nunca han demostrado la propiedad que alegan pero, para desbrozar el camino al NAIM, se pactó con ellos la indemnización de 400 millones de pesos que son los que menciona en su denuncia Zebadúa, como correctamente relata Diana Lastiri, de El Universal, el 29 de los corrientes. Nada que ver con Antorcha Campesina.

Paso ahora a las afirmaciones que sí son responsabilidad de Riva Palacio. Resulta sorprendente que, tratándose de un columnista muy competente, siempre bien informado y ducho en el manejo lógico de sus argumentos, no se haya percatado de la endeblez de su planteamiento. Habla primero de un desvío de mil 500 millones de pesos para “terrenos con todo tipo de permisos, a Antorcha Campesina”, y renglones adelante afirma: “se desconoce el destino que tuvieron esos mil 500 millones de pesos”. Entonces ¿no es verdad que se destinaron a los terrenos de Antorcha? Si esta segunda afirmación es cierta, la primera es falsa de necesidad y Riva Palacio se refuta a sí mismo. Casi de inmediato, se olvida de los mil 500 millones y pasa a la negociación “con los verdaderos propietarios”, que se cerró con una indemnización de 400 millones de pesos. “El dinero salió de Hacienda para solventar el acuerdo, pero Sedatu nunca lo entregó. Tampoco Conagua, que participó en la negociación”. Puede ser. Pero lo que no queda claro es qué tiene que ver en esto Antorcha Campesina.

Para ligarnos a fortiori con el grupo de Peña Nieto y la corrupción del sexenio anterior, (esto lo deja más claro en su participación en Tercer Grado, de Televisa) dice: “Antorcha Campesina es un grupo de choque que fue impulsado por el PRI cuando los caciques en los municipios conurbados al oriente de la Ciudad de México se le habían salido de control”. Y luego: “En el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, Antorcha Campesina fue utilizada como grupo de presión por su entonces secretario general de Gobierno, Luis Miranda…”. Estas injurias no son nuevas ni originales. Muchos reporteros y columnistas las han dicho y repetido antes, cada vez que tienen necesidad de hacerlo. Pero toda persona honrada y respetuosa de la verdad sabe que no basta con apoyarse en la antigüedad y frecuencia con que otros han lanzado las mismas afirmaciones. Tiene que saber, como sabía Renan, que del hecho de que una cosa esté escrita no se deduce nunca que sea cierta. Por tanto, o aduce las pruebas manejadas por sus predecesores o aporta las suyas propias. De lo contrario, solo conseguirá ser un eslabón más de la larga cadena de los propaladores de infundios.

Para probar la falsedad de estas injurias, bastaría un repaso breve de los ataques sufridos y de los logros alcanzados por Antorcha gracias a la lucha organizada de los más humildes del oriente mexiquense, pero ya no tengo espacio para eso. Me limito a decir, por ahora, que esas acusaciones son muy difíciles de probar, porque bucean en las intenciones más profundas y subjetivas, en este caso, de los líderes del PRI y de Miranda Nava. Y añado que un periodista de verdad no puede ni debe dejarse arrastrar por sus fobias personales cuando escribe sobre alguien a quién reprueba de antemano, con o sin razón, so pena de perder la objetividad necesaria para transmitir la verdad, y solo la verdad, a sus lectores.