Se ha convertido en un hábito sexenal reformar la Carta Magna. Un vistazo al Gobierno Federal en los últimos 30 años podría confirmarnos esta idea y además, mostrar cómo en cuanto algunos artículos constitucionales impiden llevar adelante un aspecto de su política general, cada jefe máximo del Ejecutivo no vacila en hacer uso de sus facultades y envía iniciativas de reforma constitucional que, en general, son aprobadas por el Congreso de la Unión.

Estas reformas no han resultado siempre benéficas para toda la sociedad o para la clase social mayoritaria; pero siempre van acompañadas de una larga explicación por parte de sus promotores en el sentido de que aquella reforma es en favor de los intereses de todos los mexicanos. Destacan los cambios constitucionales en materia de propiedad agraria, de educación, de trabajo y energía; en cada una de esas reformas puede descubrirse que, en el fondo, el beneficiado no era el interés público, sino el privado; por ejemplo la comercialización y la explotación empresarial de la tierra; la participación empresarial en la enseñanza; el control patronal de los obreros por encima de sus organizaciones sindicales, sus contratos colectivos y sus derechos; y en el sector energético, la participación de empresas de capital extranjero, más competitivas que la empresa estatal.

A punto de concluir la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presenciamos una clara muestra del fenómeno que mencionamos al comienzo: al no prosperar sus intentos de otorgar preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico, desplazando a las empresas productoras de energías limpias y a la autogeneración de electricidad, el Presidente envió su iniciativa de reforma constitucional o “contrarreforma”, como también la llaman; y también repite hoy que esta reforma es en bien de la nación, en beneficio de las familias, de los consumidores de energía eléctrica, que la obtendrán a menor precio porque la producirá el Estado.

Este discurso nacionalista ha provocado opiniones favorables en buena parte de la sociedad; pero también la alarma en el sector privado. Dada la fuerza del partido del Presidente en el Congreso de la Unión, lo más probable es que salga adelante su reforma. Sin embargo, los analistas advierten que la aprobación de la iniciativa será el inicio de un conflicto de carácter internacional porque violará acuerdos firmados por México, entre los que figura la protección a la inversión extranjera. Asociaciones empresariales del sector han manifestado que la iniciativa de AMLO, con sus efectos expropiatorios, tiene el objetivo de controlar el mercado eléctrico, regresando a un modelo ya superado por la reforma de 2013-2014; en sus declaraciones se trasluce la idea de que el Estado les ha declarado la guerra; de ser así, esta guerra sería uno de los efectos más graves de la iniciativa presidencial.

La mayoría de los analistas coincide en un segundo efecto que tendría la aprobación de la iniciativa: el encarecimiento del precio de la electricidad por haberse elevado su costo de producción; esto contradice el punto central del discurso de AMLO, que asegura que el objetivo es generar energía eléctrica más barata para los mexicanos. De estos dos efectos negativos de la iniciativa presidencial se ocupa el Reporte Especial de esta semana.