Todas las mañanas, por lo regular de lunes a domingo, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se coloca frente a las cámaras de video de los celulares para informar a la población de sus actividades oficiales, entre las que ahora privilegia las relacionadas con la pandemia del Covid-19.

Esos “informes de gobierno” son escritos desde el Centro de Gobierno en Tijuana, no en Mexicali, la capital del estado. Pero hay varias razones para ello: es la ciudad fronteriza más poblada de México; ahí ataca de manera sistemática a los panistas, quienes mantuvieron el poder estatal durante 30 años y desde ahí tiene más cerca tanto a los “rivales” de su propio partido (Morena), como es el caso de la alcaldesa de Tecate, como a los periodistas que lo critican y a quienes no concede derecho de réplica.

Los ataques de Bonilla a los periodistas y a los medios de comunicación se deben a que han publicado informaciones y cifras sobre hechos de interés ciudadano como la pandemia del Covid-19 y los “moches” que algunos de sus funcionarios pidieron a diversas empresas para otorgar contratos gubernamentales.

Por ello y con el estilo de un “pequeño dictador”, como varios periodistas lo han catalogado, Bonilla Valdez los ha denostado e intentado censurar mediante la recomendación de que no se les lea, vea o escuche porque la “única verdad” se halla en el Primer Sistema de Noticias (PSN), el “único” medio que difunde información en tiempo real y en exclusiva, y del cual es dueño.

Pese a que organismos de periodistas independientes de los cinco municipios de Baja California, los cuales agrupan a 85 reporteros, han solicitado por oficio que se les brinde información oficial escrita o mediante entrevistas de prensa virtuales, el mandatario estatal ha omitido esta demanda y arreciado sus ataques, llegando al extremo de “desconocerlos” en eventos públicos.

Periodistas de Baja California consultados por buzos consideran que esta situación es extremadamente grave, porque violenta los derechos a la información, a la libre expresión y a la libertad de prensa en México, razón por la que organizaciones civiles como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos (CNDH y CEDHBC) han conminado al gobernador a que respete la labor informativa de los medios y desista de atacarlos.

En lugar de atender estas recomendaciones, el gobernador las omite e insiste en la postura autoritaria que adoptó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó atrás su anticonstitucional reforma, con la que pretendía ampliar su mandato de dos a cinco años: la famosa “Ley Bonilla”.

“Son transmisiones personales, no son conferencias de prensaˮ

En un principio, el formato de las transmisiones vía Facebook era sencillo, ya que éstas duraban de tres a cinco minutos y el gobernador se dedicaba a informar sobre los trabajos de seguridad realizados por las fuerzas armadas y los cuerpos policiales de índole federal, estatal y municipal. El arribo de la pandemia del Covid-19 lo transformó y las sesiones se destinaron al conocimiento público de las cifras oficiales que compartió su secretario estatal de Salud (SSE), Alonso Pérez Rico.

Pero al poco tiempo, el paso de otros funcionarios y los riesgos de contagio por Covid-19 desgastaron las entrevistas personalizadas, y las ruedas de prensa fueron escaseando, al grado de que Bonilla se vio obligado a transmitir a distancia.

A partir del 23 de marzo se sumó la suspensión al 100 por ciento de las labores del Instituto de Transparencia debido a la contingencia y, desde entonces, la única información derivada de las actividades del gobierno estatal proceden de las “mañaneras” de Bonilla, quien no admite preguntas, no otorga derecho de réplica y no informa a la prensa más que lo que él quiere.

Armando Nieblas, reportero y fundador de Radar BC, de Mexicali, afirmó a buzos que las transmisiones de Bonilla vía Facebook no pueden ser consideradas ruedas de prensa porque no hay preguntas ni respuestas y porque en realidad operan como una tribuna personal y política del gobernador de Baja California.

“Ataca a la prensa cada que algo no le agrada y aprovecha para meter su mensaje político, al grado de que el tema de salud ha quedado de lado; habría que considerar, también, hasta qué punto estas transmisiones son legales, porque de fondo manifiestan un posicionamiento político y tienen un trasfondo mediático que no tiene ningún otro gobernador en redes sociales”, destacó Nieblas.

La periodista Adela Navarro, codirectora de Semanario Zeta, de Tijuana, aseguró el 19 de julio, en su columna La agresión oficial, publicada en el diario Reforma, que tanto la información unilateral que se brinda en esas trasmisiones, como los ataques de Bonilla a la prensa y a los periodistas, son una clara amenaza a la libertad de expresión.

En la actitud del gobernador destaca su pretensión inicial de “acabar con la confianza de un periodista para silenciarlo ante la sociedad” y cuando no logra, este objetivo después de reiteradas ocasiones, se va contra el medio de comunicación. Esto ha estado haciendo Bonilla desde diciembre de 2019, cuando Semanario Zeta empezó a denunciar los “moches” que funcionarios de su gobierno solicitaron a empresas a cambio de contratos públicos.

A partir de entonces, los reporteros de Zeta no reciben información oficial, su ninguneo como periodistas durante eventos públicos en Tijuana y en Mexicali, así como denostaciones públicas por cuenta del gobierno estatal, entre las que destacó la del 14 de julio, cuando durante la transmisión del gobernador se incluyó este mensaje estigmatizante: “Toda la información que se transmite aquí es la verdad. Lo demás son MENTIRAZ CON ZETA”.

La periodista de Tijuana, Alejandra Guerra, afirma que, además de acotar la libertad de expresión, Bonilla coarta el derecho a la información, pues la mayoría de sus publicaciones son unilaterales y descontextualizadas.

“Nunca le ha gustado (al gobernador) rendir cuentas y siempre ha puesto como pretexto que sabe cómo se manejan los medios, porque es dueño de uno (PSN). Por eso sale a decir que no compren periódicos y cada nota negativa que sale sobre su gobierno, dice que se hace porque pagan los panistas para ello, lo cual muestra que no está abierto a la crítica y, claro, con ello está violando la libertad de prensa y, sobre todo, el derecho de la sociedad a estar informada”, sostuvo en entrevista con esta publicación.

Revanchismo por el fracaso de la “Ley Bonilla”

Los periodistas consultados por buzos coinciden en que la actitud agresiva de Jaime Bonilla, de suya soberbia, se acentuó después de que la SCJN consideró anticonstitucional la reforma local con la que pretendía ampliar, de dos a cinco años, su mandato en el gobierno del estado. Es decir, se ha dejado llevar por el “revanchismo”.

Joatam de Basabe, periodista de Ensenada, afirma incluso que su actitud tiene la clara intención de cobrarse tal revés sin que le importe “quién se la hizo, sino quién se la pague” y que con sus sesiones matutinas pretende tener el control mediático. Actúa “muy al estilo de un dictador, porque lo que hace, es lavarle la cabeza a las personas diariamente, con mentiras e información imparcial e incompleta; hace creer que trabaja mucho, pero no lo dice todo”.

Su revanchismo, bastante a la vista los días seis y siete de junio, en plena conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, cuando en su trasmisión arremetió contra la periodista Aline Corpus, corresponsal del periódico Reforma, de quien se expresó así: “muchos reporteros que no tienen mucha experiencia… y se avientan a fondo creyendo que una nota amarillista, golpeando a un gobernador, a un secretario o al Presidente, ya con eso justifican para su medio”.

Este ataque derivó de una nota informativa del cinco de junio donde Aline escribió que las dependencias del gobierno de Bonilla se negaban a proporcionar información estadística “de ningún tipo” sobre el Covid-19, sin la previa autorización del gobierno, como fue el caso de la revelación hecha por la directora del Registro Civil, Paloma Guadalupe Alegría, quien reveló esta disposición gubernamental en el oficio RC/2194/20.

Desde entonces, las negativas de información oficial y “desconocimientos” a los medios de información han arreciado, y los ataques escalaron a burlas, inclusive a la petición de Bonilla, en complicidad con sus funcionarios, para que los bajacalifornianos no compren periódicos.

Pero el gobernador morenista no ha limitado a la prensa sus actos autoritarios, sino que los ha intentado aplicar en otros ámbitos, como ocurrió cuando promovió la “Ley Bonilla 2” con la que pretendía reducir de seis a tres años el mandato de la gubernatura estatal de Baja California, iniciativa que incluso no respaldaron los diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), su propio partido.

La misma suerte tuvo su decisión del siete de julio para eliminar el cobro por el derecho de uso de 18 kilómetros del tramo de la carretera a Playas de Tijuana y, para ponerla en práctica, ocupó la caseta de esta demarcación y la entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE), a sabiendas de que tal instalación es federal.

El 22 de julio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) interpuso una controversia constitucional ante la SCJN contra el decreto de Bonilla, con el argumento de que “no se puede permitir que invadan facultades que corresponden a la Federación”.

Otro asunto conflictivo provocado por su evidente tendencia al autoritarismo se evidenció cuando la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, lo acusó por amenazarla y perseguirla políticamente, y en su respuesta incluyó comentarios de índole machista y abiertamente misóginos.

La periodista Alejandra Guerra advirtió que el ataque a la alcaldesa “es gravísimo, porque siendo una figura de autoridad y siendo Baja California una de las entidades donde se registran más feminicidios, utilizar un discurso para violentar a una mujer es muy preocupante; los conceptos que utiliza son misóginos, sexistas y estereotipantes hacia una mujer”.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a Baja California en el octavo lugar nacional, con 13 feminicidios registrados este año.

Guerra coincide en que la presidenta municipal de Tecate debe rendir cuentas, como lo ha señalado el gobernador, pero que salieron de contexto sus comentarios de que “se la pasa en el salón de belleza, que no trabaja, se hace la víctima o que no puede; pues eso viene a menoscabar en general a las mujeres, porque lanza un mensaje de que las mujeres son ineficientes cuando logran acceder a un espacio de poder.

“Preocupante porque México es un país misógino y machista, y esas actitudes las tenemos muy arraigadas, pero si alguien que está en un puesto de poder no se preocupa en no seguirlas replicando, pues ¿qué nos podemos esperar de quienes están afuera y alimentándose de estos mensajes?”, argumentó la periodista.

Defensa de la libertad de expresión

Es de tal gravedad el acoso de Bonilla contra los medios de comunicación que no le son afines, que diversos gremios de periodistas en el estado, organizaciones de derechos civiles y profesionales como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, así como la CEDHBC y la CNDH, le han reclamado de forma personal e institucional que respete el ejercicio libre de las actividades informativas.

En meses pasados le han solicitado, de manera reiterada, mejorar sus canales de comunicación con la prensa mediante la difusión indirecta de informes oficiales o entrevistas con él y sus funcionarios; pero han ignorado estas propuestas y los 86 periodistas de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito han tenido que solicitar la intercesión de la CNDH.

En su demanda de respeto a sus derechos humanos, difundida el pasado 16 de julio, los periodistas destacan esta denuncia: “El gobernador Jaime Bonilla Valdez determinó que toda la información relevante, planes, programas y acciones de gobierno, incluido el manejo epidemiológico de la pandemia, sea a través de transmisiones en vivo en su página de Facebook, en la que responde comentarios ‘del público’, y es la autoridad la que elige los temas y las preguntas que atiende, lo que resulta en bloqueos informativos que violentan el derecho de acceso a la información de los reporteros, los medios de comunicación y, por ende, de la población en general.

“Desde esta misma vía de comunicación unilateral, el ingeniero Jaime Bonilla ha utilizado su cargo como gobernador para agredir y estigmatizar a algunos medios de comunicación que investigan, y al contrastar información de otras autoridades de gobierno, difieren de su versión oficial”.

Por su parte, la organización no gubernamental (ONG) internacional Artículo 19, reveló en una carta dirigida al gobernador, “estar preocupada por los ataques contra la prensa y periodistas de Baja California” y le exigió que se otorguen “las mismas garantías de acceso informativo que se dan a los medios de comunicación para garantizar el libre flujo de la información en Baja California”.

A esta preocupación se sumó Reporteros Sin Fronteras, ONG también internacional con sede permanente en París, que pidió a Bonilla Valdez “garantizar el ejercicio periodístico en su gobierno”.

Durante su intercesión en el conflicto, la CEDHBC hizo un llamado “al titular del Poder Ejecutivo del estado y a sus colaboradores a establecer un diálogo respetuoso con las y los periodistas”, ya que una democracia debe privilegiar la libertad de expresión y “reconocer que las y los periodistas son un sector particularmente expuesto a situaciones que pueden poner en riesgo sus derechos fundamentales”.

Por su parte, la CNDH hizo un “llamado urgente a las autoridades del Estado de Baja California, para que garanticen el respeto a la labor informativa de periodistas y aseguren el respeto a la libertad de expresión y de acceso a la información”.

“Hoy, como nunca se nos ataca desde los poderes políticos y desde el Gobierno, y eso nos viene afectando directamente en nuestra labor como comunicadores, sobre todo en una realidad en la que los medios están pasando por una crisis económica bastante fuertes”, sostuvo el periodista Joatam de Basave, quien además prevé que esta situación puede arreciar dado el desinterés y la poca importancia que el gobernador concede a estos asuntos.

La perspectiva crítica que tiene Alejandra Guerra, quien asevera que en una sociedad democrática resulta muy preocupante que no haya “respeto hacia la prensa, que no haya más acceso a las mujeres a los espacios de poder y que se les demuestre cuando ya los tienen… esto es grave y nos puede llevar a un control totalitario de poder, porque no existe la división de poderes; eso evidentemente va a afectar la vida democrática, porque llegará un momento en el que todo le sea avalado y quizá a corto plazo no se vea problema, pero de a poco que se vayan dando los cambios en ese sentido, nos va a llevar a todos a estar más sometidos al poder y eso en ningún contexto es bueno”.

El periodista mexicalense Armando Nieblas concluye que otro punto preocupante es la posible réplica de este tipo de actitudes: “Preocupa que esa estrategia de Bonilla la quieran replicar tanto la gente de sus partidos como sus adversarios, quienes vean en ello que no pasa nada, que nadie dice nada y que ello derive en que vaya a generarse una mayor cerrazón hacia la información”.