El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, busca otorgarle a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado el control en las tarifas para el arrastre de vehículos en la entidad, de acuerdo a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para otorgarle esta facultad a la secretaría.

La propuesta reformatoria a la fracción VIII del artículo 42 de dicha ley señala que será atribución de la secretaría el “diseñar y establecer las políticas y criterios para el establecimiento de rutas, itinerarios, horarios y tarifas de transporte, así como tarifas para el arrastre, arrastre y salvamento, traslado y depósito de vehículos, autorizando, modificando, cancelando y verificando su correcta aplicación”. La redacción actual de esta fracción no contempla las tarifas por el servicio de arrastre, salvamento, traslado y depósito de vehículos.   

Durante la segunda semana de diciembre, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para que la Secretaría de Movilidad y Transporte regule el servicio de grúas en el estado y, con esto, “quitarle el monopolio a la organización Antorcha Campesina”.

Por unanimidad de votos, los legisladores de Morena, Encuentro Social e independientes aprobaron la reforma a la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, mismo que aún deber ser puesto a consideración del Pleno para su aprobación y publicación y, de ser así, la secretaría deberá establecer los lineamientos para este servicio en todo el estado.

Este acto por parte del gobernador emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sirvió de guía y ejemplo a su correligionaria Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de la capital poblana, para pretender tomar el control del servicio de grúas en el municipio bajo el pretexto de arrancar el “monopolio” de las manos del Movimiento Antorchista, organización que, mentirosamente, es acusada de mantener el  control sobre un “negocio” con el que supuestamente se ha enriquecido mediante cobros excesivos. 

En un principio, el ayuntamiento de la Angelópolis pretendía implementar un proyecto para que el servicio de arrastre de grúas se abriera a empresas de nivel nacional y prescindir de los servicios de las empresas que actualmente brindan el servicio a la comuna, sin embargo, este planteamiento fue puesto en stand by y se optó por que el ayuntamiento asumiera el control al comprar unidades para brindar el servicio y predios para que funcionen como corralones, de acuerdo con un informe presentado por los regidores Ana Laura Martínez y Roberto Esponda, quienes llevan el tema mediante las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Urbano.

En la comisión del martes 3 de diciembre, la cual se desarrolló a puerta cerrada, acordaron adquirir 15 grúas para poder ofrecer el servicio. Cada una con un costo aproximado de 1 millón 200 mil pesos y se sumarían a las otras cuatro que son propiedad del Ayuntamiento capitalino, además de aplicar 60 millones de pesos para adquirir tres terrenos que serán ocupados como corralones para sustituir los predios que actualmente ofrece Antorcha.

Desmienten acusaciones

Sin embargo, las razones por las que los gobiernos morenistas buscan hacerse con el control absoluto sobre el servicio de las grúas, tanto en la capital como en el estado, obedece a una estrategia de golpeteo político en contra del Movimiento Antorchista, “de una campaña negra que se ha venido impulsando desde tiempo atrás”, explica Héctor Rojas, representante de la empresa Unión Antorchista, una de las cinco que ofrecen sus servicios en la ciudad de Puebla.

Héctor Rojas explicó que desde administraciones anteriores han existido intereses particulares por privilegiar a algunas empresas de otros estados que tienen ambición por trabajar en Puebla. “Creemos que esa es la razón de fondo, quieren sacar a las grúas que militamos en Antorcha, que somos el sustento de muchas familias poblanas para beneficiar a un particular”.

Para los operadores de las unidades, adheridos a las filas del Movimiento Antorchista, que ofrecen los servicios de arrastre y traslado, es evidente la libre competencia que existe porque no solo ellos ofrecen el servicio, “también existen otras empresas y todas trabajamos de forma coordinada con las autoridades, pues son ellas quienes determinan la forma y los parámetros en los que se debe brindar el servicio a la ciudadanía”.

Pese a que se acusa a Antorcha de monopolizar el servicio de grúas, actualmente cinco empresas ofrecen sus servicios tanto al estado como al municipio: Unión Antorchista, DOAMA, Ghanto, DEA y Grúas Federales, de las cuales, los trabajadores de las tres primeras están organizados en el Movimiento Antorchista “por cuestiones de ideología política” y no económica, como se acusa.   

Antorcha no tiene injerencia en las empresas o sociedades, es decir, ni son dueños ni toman decisiones. “Se nos vincula a Antorcha porque la mayoría de los socios militamos políticamente en Antorcha, pero está muy lejos de que se trate de un ‘negocio millonario’ como malintencionadamente se ha dejado ver mediáticamente desde hace tiempo”.

El representante de los afectados explicó que tanto Unión Antorchista, Ghanto y Grúas Federales, están constituidas como una sociedad, es decir, cada concesionario, cada grullero, es un socio accionista “porque eso es lo que tenemos para llevar el pan diario a nuestra casa”. Y aunque Antorcha no tiene ni una sola grúa, la organización los reconoce como parte importante de ella desde el 2005, cuando solicitaron el apoyo de la organización ante los ataques de los que eran víctimas en las administraciones pasadas que buscaban excluirlos del campo laboral, “como hoy pretenden hacerlo nuevamente los gobiernos morenistas”.

Por otra parte, desmintieron que haya cobros excesivos por parte de ellos, pues, aunque cada quien es dueño de su unidad, se ajustan al tabulador de costos que maneja tanto el municipio como el estado: “El costo está regulado por ellos”. Cada que brindan un servicio

emiten facturas a quien la solicita, y notas simples en las que se desglosa el concepto y el monto que se cobra, por tanto, “es fácil comprobar si en verdad nuestros compañeros hacen cobros excesivos”.

Con la intención de ir mejorando cada vez más sus servicios, las ‘grúas antorchistas’ han ido adecuándose a las necesidades actuales con unidades que son idóneas para el traslado de cualquier tipo de vehículo, ampliaron los corralones, llevan un registro de las unidades bajo inventario y reporte fotográfico a fin de garantizar un buen servicio. A esto se suma que sus operadores y concesionarios cumplen con la documentación que les es solicitada porque cada administración que llega establece sus requisitos “y siempre los hemos cumplido, es decir, ofrecemos un buen servicio, por eso podemos seguir trabajando”.

El supuesto “monopolio antorchista”

Antes de sumarse a las filas las filas del Movimiento Antorchista, las asociaciones Grúas Federales, Unión Antorchista y Ghanto, que son el sustento de aproximadamente 300 familias poblanas, eran tan sólo 15 socios y todos hacían de todo: desde operar las grúas, trabajos de mantenimiento para las unidades y las instalaciones e incluso labores administrativas.

Actualmente aglutinan a 69 socios que conforman tres empresas distintas y así dan trabajo a más personas: operadores, mecánicos, veladores, personal administrativo, ayudantes generales, entre otros, y Antorcha no tiene injerencia en las empresas o sociedades, es decir, ni son dueños ni toman decisiones.

 “Cada concesionario, cada grullero es un socio accionista porque eso es lo que tenemos para llevar el pan diario a nuestra casa. Aunque Antorcha no tiene ni una sola grúa, nosotros sí somos antorchistas desde el 2005, cuando buscamos el apoyo de la organización ante los ataques de los que éramos victimas en las administraciones pasadas que buscaban excluirnos del campo laboral”.

Agregó que tampoco se oponen a que haya más empresas que brinden el servicio, “obviamente que no”, pero piden que haya un trato justo y equitativo. Sin embargo, un aspecto que muchas veces pasa desapercibido es que los “grulleros antorchistas” se constituyeron en sociedad para que las autoridades gubernamentales en turno los respetaran y no los dejaran sin trabajo.

“Lo que cada uno logra ganar es para sí y para las familias que dependen de esa unidad, por tanto, si lo vemos en estricto sentido, ya somos 69 competidores reales. Cada quien vive de lo que gana con su única unidad, cosa muy diferente a grandes empresas donde hay un solo dueño y cuenta con 30, 50 o más unidades, todo lo que se genere del trabajo de esas grúas va a parar a las mismas manos”.

Con el fin de garantizar condiciones de ingresos equitativas, estas asociaciones trabajan en turnos de 48 horas por 48, en los que se van rotando a fin de lograr alrededor de dos servicios por turno, aunque “hay ocasiones que compañeros no sacan ni un solo”.

“Lamentablemente la campaña de desprestigio que señalábamos al principio hace creer a la ciudadanía que Antorcha es dueña de todas las grúas, que Antorcha establece sus propios precios y que todo va a para a manos de Antorcha, pero ya dijimos que eso no es así. Aquí cada grúa es el sustento de cuatro familias, los precios los establece el municipio y el estado”.

Contradicciones entre funcionarios

Pese a las diferentes propuestas presentadas por ambos niveles de gobierno, los funcionarios no terminan por ponerse de acuerdo porque “ellos quieren meter a empresas afines, que evidentemente, les traerán beneficios económicos. Mejorar el servicio es sólo una bandera que utilizan para engañar a la ciudadanía y beneficiarse a sí mismos”, acusó el representante de los afectados.

La diputada local del distrito de Puebla, Mónica Lara Chávez, avaló la reforma propuesta por el gobernador Miguel Babosa debido a que, dijo, los ciudadanos de la capital se han inconformado por los cobros excesivos por parte de Antorcha Campesina, “quienes acaparan este servicio y cuenta con muchas acusaciones por elevar al triple sus costos”, sin embargo, no presentó ninguna prueba, situación que se repitió con la legisladora por Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, quien también se sumó a la aprobación de la modificación a la ley, acusando a la misma organización de tener quejas de servicio irregular.

Asimismo, la diputada Vianey García Romero aseveró que tanto el Congreso local como el gobierno del estado no se doblegará ante las presiones de cualquier organización. “No vamos a estar al contentillo de organizaciones, claro que la Secretaría de Movilidad tendrá que hacer mesas de trabajo para definir cuáles van a ser las tarifas, sin embargo, no vamos a estar aceptando presiones de ningún grupo político, queremos tener orden en el estado”.

Por su parte, el regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel, lamentó que no se aprobara la propuesta de abrirle las puertas a cualquier empresa nacional, y así, quitar el monopolio a las tres firmas que actualmente operan, y aunque según él “no se trata de municipalizar el servicio, pero sí de retomar el control que ha estado en manos de particulares”, la opción por la que pugna busca dejar sin sustento a aproximadamente 300 familias poblanas y dejar el “control” en manos de una empresa de talla nacional.

Sin embargo, el regidor Roberto Eli Esponda -presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla-, criticó la licitación para la adquisición de las grúas al señalar que aún no se tiene un proyecto para que la Comuna opere el servicio de arrastre de vehículos.

“Primero se debe definir quién va a ejecutar la obra, todo esto es un proceso, no estoy de acuerdo que ese mismo día que platicamos en comisiones Unidas de lanzó la licitación para la compra de 15 grúas. No tenemos un proyecto, no hay reglas de operación, evidentemente es para bajar el subejercicio”, expuso.

La postura de los afectados

Operadores y encargados de empresas de grúas coincidieron al calificar de “errónea” la medida del gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco al querer asumir el control absoluto del servicio que “empeorará” porque las 15 unidades que adquieran serán insuficientes para cubrir la demanda.

Estimaron que se necesitan alrededor de 50 unidades que ofrezcan el servicio las 24 horas del día con personal con experiencia para atender los diferentes tipos de accidentes que se presenten “y eso no se adquiere en un mes de capacitación”.

Víctor Villagrán Arroyo, representante del servicio Villagrán de Puebla S.A de C.V., sostuvo que el gobierno municipal está sin tomar aspectos técnicos que pueden resultar contraproducentes en el propósito de mejorar la calidad del servicio prestado, como el caso de trabajar con unidades tipo A con capacidad limitada de arrastre de vehículos, conductores sin experiencia y visión limitada para cubrir toda la ciudad con escasas unidades.

Así mismo, bajo el anonimato, operadores de la empresa DOAMA consideraron un error que el ayuntamiento asuma el control con solamente 15 grúas cuando se requieren al menos 50 para responder de manera eficiente a los llamados de las autoridades que requieran los servicios ante los ciudadanos que incumplan con el reglamento y se estacionen en lugar prohibido, dobles filas, en operativos de operativos alcoholímetro o percances viales.  

Pero tampoco desestimaron la relevancia de una buena capacitación para el desempeño, pues “la experiencia juega un papel fundamental”.

Por su parte, Ricardo Lira, miembro de Grúas Ghanto, detalló que esta medida por parte de las autoridades busca desplazarlos de su fuente de trabajo haciendo uso de una campaña mediática en su contra para desprestigiarlos ante la opinión pública, pues “cada que llega una nueva administración municipal o estatal, ésta establece el costo de los servicios de grúas a los que se deben de ajustar todos lo que ofrecen dicho servicio, aunque lamentablemente haya quienes abusan y afectan la imagen de todos”.

Afirmó que, en la realidad, Grúas Ghanto es de las empresas que se apegan a lo que marca el tabulador del municipio y del estado respecto a las tarifas de cobros. “Cuando hablan de eso generalizan y dicen grúas antorchistas, pero no somos nosotros y podemos demostrarlo”.

Ricardo Lira lleva 14 años laborando en el sector, además de su unidad dependen su familia, la de su mecánico y un ayudante general, entre quienes se deben repartir los tres mil pesos que llega a ganar “en una semana buena”, además del mantenimiento de la unidad. Los integrantes de la asociación Grúas Ghanto trabajan en turnos de 42 horas y descansan 72, con el objetivo de garantizar que todos tengan un ingreso para sus familias.