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Ciudad de México. - En México, la mitad de las personas con trabajo asalariado tienen un ingreso insuficiente para sostener a una familia, cuatro de cada diez no tienen afiliación a la seguridad social. Ambos datos indican que “en México el trabajo no es la mejor puerta para salir de la pobreza”, concluye el estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
El sistema económico actual no garantiza trabajo digno para millones de personas, es decir empleo con salario suficiente y seguridad social, sino que es además incapaz de absorber la demanda, generando informalidad laboral y desempleo, el cual llega al 12 por ciento y no al 3% como se difunde oficialmente.
Un análisis desglosado por regiones, estados y las 36 ciudades que concentran la oferta y demanda de empleo en México, revelan que el mundo laboral no solo fomenta la pobreza, sino que contribuye a ahondar la desigualdad. Los estados y ciudades con más trabajadores asalariados con ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica son también los estados más pobres, según el análisis realizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza: Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Chiapas.
En México hay 15 millones 120 mil personas que trabajan, con empleo y salario, pero que no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para su familia. Las entidades que tienen mayor proporción de trabajadores con ingreso insuficiente son: Morelos, con el 75%, Tlaxcala 72%, Estado de México 69%, Veracruz 69%, y Oaxaca 67%.
A nivel nacional son 14 millones 830 mil personas a quienes se les niega la afiliación a la seguridad social, legalmente obligatoria, el 43% de quienes tienen trabajo asalariado. Los 5 estados en peor condición en este indicador son: Hidalgo 64%, Oaxaca 64%, Michoacán 63%, Chiapas 63% y Puebla 62%. Otra vez son estados con alta incidencia de pobreza.
Los datos del Observatorio de Trabajo Digno sustentan con evidencia sólida las propuestas que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha presentado a autoridades laborales, representantes de patrones y de trabajadores para adoptar un modelo de recuperación gradual del salario que permita que el salario mínimo sea suficiente para el sostenimiento de una familia como manda el artículo 123 de la constitución mexicana, a más tardar en 5 años.
También muestra la urgencia de vitalizar el debate y buscar soluciones sobre cómo un sistema universal de salud y seguridad social que considere la protección social y la salud como derechos de las personas y lo separe del contrato laboral. “La salud no puede ser una prestación, es un derecho humano” enfatiza Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de “Frente a la Pobreza”.
Y a corto plazo, “Frente a la Pobreza” promueve frente a las autoridades laborales y organismos empresariales tomar medidas urgentes para erradicar el outsourcing ilegal, basado en prácticas laborales fuera de la ley como la contratación de patrón sustituto, sin contratos estables, evadiendo afiliación y pagos al seguro social y el cumplimiento de prestaciones legales.
“Quien está sub ocupado, quien trabajan más de 48 horas, quien tienen ingreso insuficiente, quien se les niega su afiliación a la seguridad social, y quien no tienen prestaciones, no tienen trabajo digno en los términos que lo conceptualiza la constitución. Si presentan alguna de estas 5 carencias se les incluye en este indicador 2”, explicó María Ayala, responsable de Investigación y Datos de Frente a la Pobreza.
El indicador 2 “sin condiciones dignas de trabajo” tiene una incidencia muy alta, a nivel nacional, es el 78%, casi 8 de cada 10 personas con trabajo asalariado. Son 25 millones 460 mil personas. Los 5 peores estados en este indicador, que sintetiza la carencia de condiciones dignas de trabajo, son: Morelos 93%, Tlaxcala 91%, Estado de México 90%, Veracruz 90%, Oaxaca – 89%.
La condición de pobreza que se genera desde el mundo del trabajo, por los bajos salarios y la carencia de seguridad social se explica por la indefensión de millones de trabajadores frente a abusos. La mitad de trabajadores asalariados carecen de contrato estable y la gran mayoría, casi 9 de cada 10, carecen de afiliación sindical. Sin contrato carecen de defensa en lo individual y sin sindicato carecen de defensa y capacidad de negociación colectiva.
A nivel nacional, 18 millones de personas carecen de contrato estable, es el 51% de los asalariados. Los 6 peores estados por la carencia de contrato estable son: Michoacán 72%, Hidalgo 69%, Oaxaca 69%, Tlaxcala 69% (un triple empate en 69%). Y también hay empate en 66% Chiapas y Puebla.
A nivel nacional, casi 30 millones personas que tienen trabajo asalariado carecen de afiliación sindical (29.9 millones, 87%). Hay 7 estados en peor condición por esta carencia de organización sindical son: Morelos 94%, Puebla 92%, Querétaro 91%, Jalisco 90%. Y un triple empate en 5º lugar con 89% en Michoacán, Baja California y Chihuahua.
La defensa y negociación colectiva mediante sindicatos forma parte del derecho humano al trabajo. Aunque la experiencia en México sea negativa en muchos casos, la falta de organizaciones para la defensa y negociación colectiva es una de las causas de esta realidad deplorable e inaceptable del mundo del trabajo que produce pobreza.
El análisis fue realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada trimestralmente por INEGI. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza espera respuesta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a una propuesta de aumento semestral al minisalario, entregada en septiembre pasado.
La Secretaría del Trabajo ya acordó con otras autoridades la fiscalización de empresas dedicadas a promover el llamado outsourcing abusivo, que al ser ilegal puede ser penalizado. Con otras organizaciones civiles y académicas trabajamos en la promoción del debate sobre la necesidad de crear un sistema universal de protección social que en diversas etapas garantice el acceso universal a la salud, a las pensiones, cuidados y otros derechos. Interesa debatir la conveniencia de separar el financiamiento de dicho sistema del mercado laboral.
Este día arrancó el inicio del proceso escolar a distancia, en el que los estudiantes del nivel básico toman clases por televisión.
El 1 de diciembre de 2018, López Obrador nombró a Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la Presidencia.
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Con 251 votos a favor y 98 en contra, fue aprobada la ley secundaria después de horas de discusión este jueves.
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Escrito por Redacción