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El 1 de diciembre de 2021, a tres años del inicio de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se habían establecido las bases de su proyecto de nación. Sin embargo, en el combate a la corrupción, particularmente en el área de las contrataciones públicas, se ha mantenido el mismo comportamiento que durante los sexenios anteriores. La autodenominada «Cuarta Transformación» representa otra oportunidad perdida para modificar el sistema de compras públicas mexicano.
En una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) analizó todas las compras de 2021 disponibles en la plataforma Compranet, e identificó un uso excesivo de las adjudicaciones directas (8 de cada 10 contratos han sido dados por esta vía), presencia de empresas fantasma, así como la identificación de empresas que sistemáticamente son beneficiarias de las asignaciones por dedazo.
Las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, pero solamente como excepción debido a los riesgos de corrupción que implican. A pesar de ello, de acuerdo con los datos publicados en CompraNet (2021) se mantuvo como el método más usado para realizar contrataciones.
Por esa vía, la Administración Pública Federal (APF) entregó un total de 157 mil 796 contratos durante este año. De ellos, el 80.3% se adjudicó directamente. En contraposición, las licitaciones públicas representaron 10.3% y las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos. Por último, hubo un 3.2% de contrataciones que se realizaron con otros mecanismos.
Desde una perspectiva histórica, estos resultados son apenas ligeramente superiores a los de otros sexenios. Pero habría que recordar la promesa verbal y por escrito en el PND de que este tipo de contratos desaparecerían por prestarse a la corrupción, es decir, eso de que “no somos iguales” es un embuste. Falacia absoluta. Además, queda por investigar la aparición de la categoría “otros” que, de no existir, pasó a tener el 3.2% de los contratos de la APF.
En términos de montos, las contrataciones de 2021 alcanzaron un monto de 386 mil millones de pesos, de los cuales 147 mil millones fueron entregados por adjudicación directa. Y 43 mil 387 millones bajo la indescifrable y opaca categoría de “otros”. Esta clasificación no permite conocer con claridad los riesgos de la contratación, sus esquemas de funcionamiento ni su marco regulatorio y representan el 11.2% del importe total de los contratos, un porcentaje incluso por encima de la invitación restringida que fue por 19 mil 407 millones.
En comparación con 2020, las adjudicaciones directas representan un porcentaje menor del dinero contratado y las licitaciones públicas uno mayor. Esto lo hace el año con menor proporción de monto por adjudicaciones de este sexenio después de que en 2020 se alcanzará el récord en la última década. No obstante, el porcentaje adjudicado en 2021 se mantiene por arriba de los niveles previos a 2019.
Además, el monto de las otras contrataciones pasó de representar el 0.1% en 2010 al 13.8% en 2020 y el 11.2% en 2021. Así, el uso de las adjudicaciones directas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo superior que al de Enrique Peña Nieto. (MCCI).
En 2020, Macuspana recibió 159 millones y 116 millones del FAIS y del Fortamun, respectivamente, pero con inconsistencias por 120 millones.
Algunos investigadores sostienen que el planteamiento López Obrador es absurdo, que nunca fue posible quedarse con el dinero de los fideicomisos, que éstos tienen reglas tan estrictas para su operación.
Durante el 2023 ocurrieron alrededor de 10 eventos de presuntos secuestros masivos con un aproximado de 400 víctimas.
Sobre el despido de trabajadores, denunció que “los gobiernos entrantes suelen venir con su propio equipo político y los despidos de personal son una constante en cada proceso electoral.
Hoy se vuelve a confirmar que la política de la 4T va en picada y solo es cuestión de tiempo para que entre en crisis y los mexicanos le cobren la factura.
Los programas sociales no sacan de la pobreza a sus beneficiarios y en el mediano y largo plazo serán un riesgo de mayor déficit para las finanzas públicas del Gobierno Federal.
Ojalá que todos lo entendamos y nos apresuremos a dejar atrás nuestros prejuicios para poder formar, y pronto, un frente unido de lucha por la legalidad y la verdadera justicia en este país.
La aprobación del presidente en esta encuesta es de 48.10 por ciento, contra el 44.05 de desaprobación.
Sin embargo, López Obrador fue muy optimista esta mañana al reiterar que “pensamos que nos va a ir bien este año”.
Miles de familias de la capital y en el país, demandaron a gobiernos locales y federal un programa nacional de alimentos, sin embargo, fueron ignorados.
El actual mandatario tiene su propia visión de desarrollo y eso puede ser sintomático de que cuando un sistema entra en decadencia suele nublar la razón de sus protagonistas.
Las iniciativas más urgentes para la población siguen detenidas, como: protección de la salud, alimentación sana y el derecho al agua; así como el aumento al salario mínimo.
Regalar dinero en programas sociales que no llegan a ningún propósito productivo del país, no es bienestar porque el dinero se acaba.
La marcha la organiza "Chalecos México" junto con el Congreso Nacional Ciudadano y Voces del Contrapeso.
Y en esta sociedad “democrática”, asediada por la irracionalidad y el autoritarismo, los delitos oficiales son “la corrupción” y el “enriquecimiento ilícito”.
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Escrito por Redacción