El 14 de julio del año pasado, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno despediría al 70 por ciento del personal de confianza de la Administración Pública Federal: 194 mil empleados, considerando un total existente de 278 mil (Secretaría de la Función Pública, SFP). El motivo aducido: reducir gastos en sueldos onerosos que sangraban el presupuesto; pero éste fue solo el pretexto para justificar una brutal reducción del aparato del Estado. La cuchilla no se limitó a ejecutivos de alto nivel: corta parejo, incluyendo a empleados de bajos salarios, y también a personal técnico; por ejemplo en los CADER (Centros de Apoyo al Desarrollo Rural) de la Secretaría de Agricultura, o en los distritos de riego de CONAGUA, o a médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud.

Para anestesiar la conciencia del pueblo, el gobierno afirma que solo recorta personal en mandos medios y altos, pero miente. Como muestra, lea usted esto: “Joel Ayala, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), dijo que en el sector salud ha habido 10 mil despidos, contradiciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró en su conferencia matutina que en este sector no ha habido recortes de personal [...] Nosotros traemos comprobado qué número de trabajadores han sido despedidos en el sector salud, qué tantos médicos, qué tantas enfermeras, inclusive radiólogos. En la Secretaría de Salud tenemos entre médicos y enfermeras alrededor de 10 mil bajas entre los que están en los institutos nacionales de salud, Hospital Infantil, Hospital General, Hospital de la Mujer, están documentados" (Joel Ayala en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, https://www.milenio.com/politica/fstse-contradice-amlo-10-mil-despidos-sector-salud). Agréguese a esto los despidos en el Instituto Nacional de Cancerología y muchos más.

En la Secretaría de Agricultura, el primero de julio fueron despedidos mil 500 trabajadores; en la Comisión Nacional Forestal, dependiente de Semarnat se dio de baja a 70 por ciento del personal (según versión oficial, solo de confianza), desmantelando prácticamente esa importantísima dependencia encargada de operar los programas de reforestación y de combate de incendios forestales. En conferencia de prensa, integrantes del Congreso, miembros de Morena –y en lo que realmente debiera ser un mea culpa (porque es su gobierno)–, exponen un cuadro devastador en la Sader. El diputado Heraclio Rodríguez, coordinador de la Comisión de Agricultura (28 de junio), describe aquello como “un desmantelamiento”, y agrega que en total han sido despedidos 170 mil empleados del Gobierno Federal. El 12 de julio, el senador José Narro Céspedes, caracterizando la situación en iguales términos, añadió que 48 por ciento del presupuesto de la Sader corresponde a inversión para promover la producción, hoy suspendida debido al subejercicio.

Con singular entusiasmo se aplica la guadaña a diestra y siniestra. Solo por mencionar algunos casos: el SAT ha echado a la calle a mil personas, según dicen los funcionarios. El nueve de enero, el subsecretario de Educación Pública de la SEP, Luciano Concheiro, anunció el despido, así de fácil, del 30 por ciento del personal. En octubre del año pasado, ya con Morena en el control del congreso, el Senado de la República eliminó dos mil plazas (64 por ciento de la plantilla). El ISSSTE anunció (Expansión, cinco de enero de 2019) el despido de tres mil empleados; y así está ocurriendo en todas las dependencias, en unas más, en otras menos. En total, hasta el 30 de mayo, la SFP contabilizaba, oficialmente, 113 mil 884 despedidos (a lo que deben agregarse los empleos indirectos perdidos), y son innumerables las quejas de aquellos a quienes no se indemniza conforme a la ley.

Otro ángulo del problema es que se está orientando el gasto irracionalmente, de una forma no sustentable, suprimiendo empleos en actividades productivas, para generar ahorros que serán aplicados en transferencias directas, cuyo fin único es el control político; una estrategia económicamente absurda. Esto hace que el proyecto económico del actual gobierno, orientado al asistencialismo electoral carezca de sustento productivo; se reparte dinero, pero sin asegurar el debido soporte mediante la creación de la riqueza necesaria.

El problema se agrava porque a tenor con esta política, y asociado con ella, las empresas mismas están reduciendo personal: se juntaron el hambre y las ganas de comer. Fue éste el peor semestre en generación de empleos desde hace una década, cuando nos impactó la crisis de Estados Unidos. La actividad industrial en su conjunto cayó en 3.1%. La prensa nacional consigna así el cuadro: “En el México del 2019 la economía continúa generando empleos formales, pero cada mes que transcurre, esto sucede a una menor velocidad. En mayo pasado, el número de nuevas plazas laborales dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se hundió 88.2% a 3,983 puestos de trabajo, lo que hace a éste el peor mayo desde el del 2015, cuando se perdieron 7,455 empleos [...] Se trata de la menor tasa de crecimiento desde marzo del 2010 (2.1%) y mayo fue el décimo mes al hilo con la tasa desacelerándose” (El Economista, 19 de junio).

La reducción del gasto público es una práctica típicamente neoliberal, ahora bajo el manto de la “austeridad republicana”; en este aspecto, la política del actual gobierno no se diferencia del neoliberalismo, que en sus peroratas dice combatir, y para el cual, reducir el aparato de Estado es postulado fundamental. En el “Consenso de Washington”, concepto formulado en 1989 por el economista británico John Williamson, está plasmado el decálogo del neoliberalismo. Al respecto, y solo para recordar, cito lo siguiente: “Los principales ‘dogmas de fe’ sobre los que reposa el decálogo son los siguientes: sobre el papel del Estado: dado que el sector privado gestiona más eficientemente los recursos que el sector público, los gobiernos deben disminuir al Estado a su mínima expresión y dejar en manos del sector privado la mayor parte de su gestión aun cuando se trate de "servicios universales" (como el acceso al agua potable o a la electricidad). El Estado debe ser un mero facilitador de los negocios del sector privado (estabilidad), un regulador ocasional de los excesos del mercado (programas de alivio de la pobreza [cursivas mías, APZ] y protección del medio ambiente) y un garante de la paz social (gobernanza)”. (Fuente: Scientific Electronic Library Online, SciELO, “El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina”, Martínez R. Rubí y Soto Reyes G., Ernesto; enero de 2012).

Pero lo más patético de la barbaridad que hoy presenciamos es que haya quienes, siendo pobres, apoyen esta política: pueblo aplaudiendo daños al pueblo, sin percatarse, por otra parte, de que la drástica reducción del Estado, hoy en marcha, dejará paulatinamente al mercado como único y verdadero rector de la economía. Pero el “mercado” no es una entelequia, un ente abstracto, sino algo muy concreto, cuyo contenido está constituido, principalmente, por los intereses de los grandes corporativos, en busca de la máxima ganancia. Es ante esto que realmente se están sacrificando miles de empleos, arrojando a masas de mexicanos a la calle, so pretexto de la austeridad.