Especialistas advierten falta de liderazgos consolidados.
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Foto: Internet
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado en junio de 2016, “no ha funcionado muy bien” a casi una década de su implementación. Admitió que el mecanismo arrastra millones de pesos desviados, investigaciones que permanecen inconclusas y una notoria ausencia de sanciones ejemplares, pese a los múltiples escándalos documentados por auditorías oficiales e investigaciones periodísticas.
En ese contexto, la mandataria adelantó durante su conferencia matutina del 2 de febrero de 2026 que su gobierno impulsará modificaciones de fondo al sistema, aunque sin detallar aún el alcance de los cambios.
Entre los casos más emblemáticos de esta impunidad persistente destacan los de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo (Diconsa) y Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), donde la Auditoría Superior de la Federación ha documentado desvíos de recursos, contratos irregulares y pagos sin comprobar por más de 15 mil millones de pesos, sin que hasta ahora existan sentencias firmes.
Una situación similar se observa en Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se han señalado irregularidades en contratos caracterizados por adjudicaciones directas, sobrecostos y opacidad en obras y servicios estratégicos, incluidas refinerías y proyectos prioritarios.
Tampoco se han emitido resoluciones definitivas sobre las anomalías detectadas en el Tren Maya, como la ausencia de estudios ambientales integrales y las reiteradas ampliaciones presupuestales sin justificación suficiente, ni sobre las denuncias penales contra exfuncionarios y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que algunos especialistas han señalado como un uso político del discurso anticorrupción.
Estos casos evidencian la brecha entre la acumulación de denuncias y la falta de resultados concretos. Ante este escenario, expertos advierten que el principal reto de las nuevas reformas al SNA será convertir el reconocimiento de su fracaso en acciones efectivas: castigos reales, recuperación de recursos públicos y garantías para quienes denuncian actos de corrupción.
Especialistas advierten falta de liderazgos consolidados.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.