Las decisiones de política pública tienen costos, algunos muy altos, como los que tuvo que pagar el presidente Enrique Peña Nieto por decidirse a hacer las reformas estructurales para poner a México en el proceso de desarrollo capitalista que se necesitaba. Pero las malas decisiones en política también tienen sus costos y éstos pueden ser desastrosos para la economía y para el desarrollo de un país. Cierto es que las políticas públicas tienden, como es sabido, a favorecer los intereses de los grandes capitalistas y, basados en la teoría del goteo y del mercado como mecanismo distribuidor de la riqueza, nos dicen que se beneficiarían los trabajadores del país. Pero eso casi no sucede. Cada que se presenta una crisis, por ejemplo, lo que vemos es el rescate de los grandes bancos y de las corporaciones financieras, pero nunca hay un rescate para los pobres: tal es el caso de las grandes corporaciones bancarias y financieras de Estados Unidos; grandes empresas, como la General Motors, fueron rescatadas por el gobierno estadounidense en nombre de América, pero con dinero de todos los norteamericanos; pero el estado no fue capaz de rescatar a los más de un millón de norteamericanos que perdieron sus viviendas, porque si lo hacían, así dijeron, le iría mal a la América. Doble discurso, pero un solo interés: favorecer a los poderosos.

En México, el “error de diciembre” básicamente consistió en una mala declaración de Serra Puche: “todavía tenemos reservas”; la palabra “todavía” fue clave, pues lanzó el mensaje equivocado de que “tenemos dólares, pero ya se nos están acabando” y ello generó pánico y fuga de capitales que obligó a México a recurrir al FMI; hoy seguimos pagando la deuda externa resultante de este error. El resultado más tangible de la crisis de 1994 fue, como sucedió en 2008 en Estados Unidos, el rescate de los bancos mexicanos mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en 1990 para proteger los ahorros en las contingencias. Quienes habían contratado créditos, no pudieron pagarlos; y muchos perdieron de pronto sus ahorros de toda la vida, al declararse los bancos a punto de la quiebra. Ante ese peligro, el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552 mil millones de pesos por concepto de cartera vencida, que canjeó por pagarés ante el Banco de México.

Pues bien, el Fobaproa de AMLO derivará de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México  (NAIM) en Texcoco y su intento de crear la red de tres aeropuertos: en la base militar de Santa Lucía, adecuaciones al actual aeropuerto y adecuaciones al de Toluca. Para justificar mediáticamente su decisión organizó una “consulta popular” fuera de la ley, que apenas logró la participación del uno por ciento del padrón electoral y que estuvo plagada de irregularidades; 70 de los participantes se inclinó por la opción uno, es decir, Santa Lucía, AICM y Toluca; entonces, AMLO anunció la cancelación del proyecto de Texcoco.

Esta “decisión” no es más que un lavadero de manos al estilo de Poncio Pilatos, pues el Presidente de la República no asume la decisión de cancelarlo; y cuando alguien reclame, simplemente podrá echarle la culpa a ese remedo de “consulta”, en la que un mismo individuo podía votar varias veces y donde se pudo observar a algunos cuidadores llenando a voluntad las papeletas; una “consulta” en la que falló el sistema electrónico de registro de credenciales y de la que no se transparentó la fuente de financiamiento. El problema de esta decisión irracional de cancelar Texcoco, son sus costos económicos y políticos, pero sobre todo, el Fobaproa que AMLO nos heredará.

¿Qué credibilidad tendremos ante los mercados internacionales como país, si las grandes decisiones las toman un millón de personas sin información y en consultas que violan el marco legal y constitucional? Ése es el primer golpe, pues las calificadoras ya redujeron el riesgo país: “La financiera Morgan Stanley informó que tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), bajó su recomendación para invertir en el país por los riesgos que implica cancelar la obra y el incierto panorama en la producción petrolera... Por otra parte, la calificadora Moody’s bajó la calificación de los bonos del NAIM tras el anuncio del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el proyecto” (semanario 24 horas). Ello reducirá la inversión y con ello el crecimiento del país y, finalmente, no crecerá el empleo como se esperaría, ni los salarios.

En segundo lugar, las distancias dispares entre Santa Lucía, AICM y Toluca incrementarán los costos para los usuarios del aeropuerto; y no solo se trata de pasajeros, sino, sobre todo, del traslado de  mercancías; además aumentará los costos debido al pago de peajes para llegar más rápido a tales destinos. La inviabilidad técnica de Santa Lucía hará que la mayor parte del año no se puedan hacer maniobras de acenso y descenso de aviones, por condiciones de niebla y otros factores; la altura de Toluca impedirá que los aviones puedan rebasar determinada carga y no existe un ducto directo para abastecer combustible, por lo que será necesario llevarlo en pipas, algo muy caro para las aerolíneas y para los pasajeros. Como se ve, el resultado de la “consulta” es un disparate.

¿En qué consiste el Fobaproa de AMLO?, en el costo económico que significará para el erario cancelar el proyecto de Texcoco. Solo por esta cancelación habrá que pagar 120 mil millones de pesos, que saldrán de los impuestos de todos nosotros. Y en la necedad de  usar la base militar Santa Lucía se olvida que ahí viven y trabajan siete mil efectivos militares, que tendrán que ser reubicados, operación que equivale más o menos a 45 mil millones de pesos, que también pagará el nuevo gobierno con nuestros impuestos. Finalmente, el Colegio de Ingenieros Civiles calcula que para construir dos pistas (que no caben en Santa Lucía, donde el suelo está en peores condiciones que en Texcoco y la gente de Tecámac se opone al proyecto), equivale a 215 mil millones de pesos. El capricho de cancelar el proyecto de Texcoco obligará al Estado a erogar nada menos que: 382 mil millones de pesos, además de los amparos por la cancelación de contratos, entre otros costos hundidos, es decir, una cifra similar a la del Fobaproa, pero con la diferencia de que esta crisis la está provocando el nuevo gobierno, con sus malas decisiones. Además, la deuda crecerá, pues estará tasada en dólares, tipo de cambio que ha alcanzado ya los 20 pesos mexicanos, por lo que aumentarán los costos de esta cancelación y, lo peor, hará que se eleve el precio de las gasolinas, generando un ambiente de incertidumbre y, como resultado, un aumento en los precios, inflación y, finalmente, freno en el crecimiento económico, desempleo y bajos salarios. He ahí la diferencia entre ser borracho y ser cantinero. No es lo mismo criticar al gobierno desde fuera, por el Fobaproa que, como Presidente electo, crear su propio Fobaproa con el “error de octubre” para que los mexicanos lo paguen de sus impuestos. Y éste es solo el inicio.