El conflicto político generado por la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador surgió por la avidez del capitalismo imperial estadounidense y el crimen organizado trasnacional, que ahora pretenden dividir más a América Latina.

En Ecuador hay ahora un gobierno rendido a su homólogo de Estados Unidos (EE. UU.), a las élites empresariales y a los que nada les importa el rechazo de sus ciudadanos al abusivo status quo impuesto desde hace décadas.

Cuando los mexicanos aún repudiábamos el bombardeo del ejército israelí contra el consulado de la República Islámica de Irán el 1° de abril en Damasco, Siria, cuatro días después nos enteramos de que la embajada mexicana en Quito, Ecuador, era invadida por la Policía Nacional para secuestrar a un asilado político.

Ese hecho confirmó que algunos gobiernos violan flagrante e impunemente la inmunidad de las sedes y al personal diplomático que, a pesar de estar protegido por un amplio marco jurídico internacional, hoy no sólo se encuentra bajo la amenaza de grupos terroristas u organizaciones del crimen organizado, sino también de fuerzas armadas y policías de gobiernos considerados como constitucionales.

Esto fue precisamente lo que sucedió cuando, durante la noche del cinco de abril, efectivos de la Policía Nacional y tropas de élite ecuatorianas invadieron la embajada de México en Quito, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre N 36-165 y Naciones Unidas en El Baján, por órdenes del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Ya dentro, embozados y protegidos con cascos, escudos y chalecos, y armados con bazucas, los agentes sustrajeron al exvicepresidente Jorge Glas Espinel de la sede diplomática mexicana, quien se había asilado ahí; intentaba librarse del secuestro policial y clamaba por su derecho ante decenas de personas.

Glas Espinel fue extraído, maniatado e ingresado a un auto que se dirigió hacia la prisión La Roca, en Guayaquil, a 268 kilómetros de la embajada, cercana a la zona comercial de Quito y que desde hacía días había sido cercada por policías.

Ningún alto mando de la Policía Nacional consideró necesario garantizar la integridad física del personal diplomático mexicano que, en aquel momento, tenía a la cabeza al Encargado de Negocios, Roberto Escalante, quien fue violentado y vejado por el comando asaltante.

Este hecho sin precedentes, como lo calificaron medios prohegemónicos, como la cadena BBC, CNN, Deutche Welle y Associated Press, fue el resultado de una disputa interna en Ecuador que luego provocó una crisis regional y finalmente escaló a todo el mundo, pues el gobierno ecuatoriano violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Cabe preguntar: ¿cuál fue el proceso de análisis de Daniel Noboa para arriesgar su relación con México? ¿Imaginó que esa innecesaria exhibición de fuerza le ganaría más respaldo de las élites en favor de su reelección? ¿Ignoraba que violaba los compromisos de su país con las normas internacionales? No hay respuesta; pero hoy ha llevado a su país a la ruptura con México, cuando se cumplen 187 años de relación diplomática. En síntesis: echó por la borda el largo empeño de ambas naciones por fortalecer y honrar su hermandad.

La causa del desencuentro se inició cuando, durante una de sus conferencias de prensa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio quien, según él, influyó en la caída al segundo lugar de la candidata progresista, Luisa González, que a su vez lo aventajaba con 10 puntos.

De este hecho se benefició el candidato Daniel Noboa, el actual presidente que, después de enterarse de la declaración de su homólogo mexicano, declaró persona non grata a la embajadora Raquel Serur Smeke. Fue así como el personal diplomático arrió la bandera nacional, cerró indefinidamente la sede y el siete de abril retornó a México.

País en vilo

El Artículo 5° de la Constitución de Ecuador proyectó la imagen de los gobiernos “correístas” como territorio de paz, que no permitía bases militares y de seguridad extranjeras. Todo cambió en 2019 con el gobierno de Lenín Moreno, cuyas políticas económicas revirtieron el plan de bienestar del expresidente Rafael Correa.

Durante las últimas décadas, el país ha vivido en una crisis político-social que se acentuó con el banquero Guillermo Lasso y ha persistido con el empresario Daniel Noboa. Con un paro nacional y protestas masivas, indígenas, estudiantes, sindicatos y otros sectores sociales han exigido a los gobernantes que atiendan las demandas ciudadanas y no sigan entregando el país a las élites.

El balance de los últimos gobiernos ha resultado pésimo: un Estado cooptado por las élites al servicio del capitalismo corporativo, el crimen trasnacional en bonanza y la mayoría de los 18 millones de ecuatorianos con la mayor tasa de desempleo, alta inflación y una crisis penitenciaria que amaga la estabilidad.

Contra esta situación, los ecuatorianos protestan en todo el país; pero la respuesta gubernamental ha sido la represión y el uso excesivo de la fuerza pública. Apenas el 28 de marzo, la Policía Nacional lanzó gas pimienta y golpeó a opositores del proyecto minero La Plata, de la canadiense Atico Mining.

La policía ecuatoriana tiene mucha práctica en la represión de masas inconformes. En 2019, varias ciudades ecuatorianas se convirtieron en campos de batallas donde policías, militares, indígenas y profesores se enfrentaron; ¿la razón? El repudio ciudadano al decreto presidencial que anularía los subsidios a combustibles, recuerda Belén Izurieta.

En 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CNIE), sectores laborales y pequeños comerciantes organizaron un paro nacional contra el aumento de la canasta básica y la crisis de seguridad ante la ineficiencia del gobierno de Guillermo Lasso, quien calificó de golpistas a los líderes de la movilización.

En 2023 estalló la crisis política que provocó el juicio político a Lasso en la Asamblea Nacional, proceso truncado con la disolución y la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas; conocida también como “muerte cruzada” porque incluye el respaldo de la Corte Constitucional.

En agosto fue asesinado el periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen que meses después sería factor decisivo en el conflicto entre México y Ecuador. Ese ciclo de ingobernabilidad únicamente ha favorecido al capital trasnacional y a las élites locales.

Del enfoque de mano dura se pasó al de “súper mano dura” que hoy se denomina “conflicto interno armado” y con el que se intenta neutralizar la capacidad de reacción de la sociedad, escribió Alberto Acosta en su análisis El imperio contraataca en la mitad del mundo.

Las actividades del crimen organizado y la crisis penitenciaria han escalado, por lo que Daniel Noboa decretó “Estado de excepción” por 60 días, periodo durante el cual las fuerzas armadas y la Policía Nacional asumen el mando total de las calles.

Dos días después de la expedición de ese decreto se fugó de prisión Fabricio Colón, líder de la banda Los Lobos. Este delincuente fue el que llevó a Noboa a decretar “conflicto armado interno”.

Es una política punitiva y de violencia estatal que elimina garantías democráticas y derechos humanos de los ecuatorianos y faculta a las fuerzas armadas a ejecutar acciones con métodos de guerra civil contra 22 pandillas clasificadas como bandas de terroristas y “actores beligerantes no estatales”.

Además, el 11 de enero, Noboa llamó a la Asamblea Nacional a sufragar su guerra contra el crimen; a aprobar su Ley Económica que aumenta del 12 por al 15 por ciento el IVA, lo que significa mayores sacrificios de los trabajadores en favor de una guerra fallida y evita sacrificios a las élites.

En su reflexión sobre la degradación capitalista y descomposición social de Ecuador, los analistas Milton D’León y Manuel Suárez sostienen que Noboa usa la represión para legitimarse, pues llegó muy cuestionado a la presidencia. Ya polarizó a la sociedad con su plan de liberalizar el comercio de armas –que favorece a las bandas– y militarizar la represión de protestas sociales, lo que prefigura terrorismo de Estado.

EE. UU. va por Ecuador

A sólo seis meses de su elección presidencial, esta crisis planteó un dilema al gobierno estadounidense, pues se vio obligado a definir si favorecía su relación con el de México –su vecino y socio comercial– o con el de Ecuador, con el que ha avanzado su estrategia de seguridad militar y antidrogas.

Para la superpotencia, la ubicación táctica de Ecuador resulta apetecible. Para controlarlo, sus estrategas impusieron el debilitamiento del Estado y agudizaron su demanda de asumir un mayor control sobre el tráfico de drogas, en lo que el peruano Alonso Cárdenas llama la “geopolítica de la cocaína y el debilitamiento del Estado”.

Por eso en 2018 y después de 10 años de distancia política, Lenín Moreno recibió al vicepresidente estadounidense Michael Pence, quien anunciaba una nueva etapa de cooperación e intereses comerciales. Ese giro en la orientación ideológico-política de Ecuador lo alentó a la firma de un Acuerdo de Libre Comercio con EE. UU., que aún no ha llegado pese a que este país es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas y fuente de las inversiones extranjeras.

En 2021, el país vivió una grave crisis de seguridad ciudadana marcada por bandas del crimen organizado enfrentadas en las calles y porque, desde 2020, habían sido asesinados más de 450 presos en las cárceles, la mayoría en masacres, según Swissinfo.

Sin embargo, en 2022, el entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Robert Menéndez, advirtió que Ecuador “ha emergido en los últimos cinco años como modelo en América Latina y el Caribe con sus esfuerzos continuos para fortalecer la gobernanza democrática y la defensa de los derechos humanos”.

A Washington le interesa profundizar en materia de seguridad la cooperación con Quito. De ahí que, en 2022, Guillermo Lasso extendió la Ley de Autorización de Gastos de Defensa de EE. UU. y la celebró como un logro.

Otro eje de su plan es el Comando Sur: el 23 de enero de 2024, su jefa, la generala Laura Richardson, emitió la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad, una estrategia del Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono) que por cinco años dará equipo y recursos a Ecuador. En letra pequeña, el plan otorga inmunidad y libre movilidad a militares estadounidenses.

Para sofocar las protestas antigubernamentales, el 1° de enero, Daniel Noboa anunció su plan contra el crimen y facultó a las fuerzas de seguridad del país para usar armamento letal contra grupos a los que el decreto de Conflicto Interno de Noboa llama “terroristas”.

Ese mes, la Corte Constitucional avaló el Acuerdo Ecuador-EE. UU. para Operaciones contra Actividades Marítimas Trasnacionales Ilícitas, que prevé que milicias de ambos países luchen contra el tráfico de armas de destrucción masiva, narcotráfico, inmigración y pesca ilegal.

En ese pacto, firmado por Lasso y ratificado por Noboa sin aprobación del Poder Legislativo, agentes de ambos gobiernos pueden perseguir, abordar, registrar o incautar un buque sin autorización previa, detener a personas y ejercer el “uso necesario” de la fuerza.

El Artículo 4º permite a la Marina y a la Fuerza Aérea estadounidenses efectuar operaciones contra actividades ilícitas en el mar territorial de Ecuador, usar su base Simón Bolívar y otros aeropuertos, así como ordenar a navíos sospechosos que aterricen en el país sudamericano.

Tal subordinación no se limita a EE. UU., se extiende hacia Israel mediante un acuerdo de braseros agrícolas jóvenes –que mejora la situación de sus migrantes en España– a cambio del apoyo de Ecuador contra palestinos a favor del régimen sionista.

Élites y violencia

Detrás de la crisis de violencia y la descomposición gubernamental en Ecuador están los vicios de las élites procapitalistas e imperialistas. Sus conglomerados empresariales han influido históricamente en la aplicación de las múltiples modalidades de acumulación económica y en la administración de la hacienda pública.

La acción de esas élites ha estado ligada a la mayoría de los gobiernos en turno, civiles y militares, porque controlan directa o indirectamente los momentos políticos y económicos de mayor incertidumbre del país, explica Giuseppe Vanoni en su análisis del sector.

Esta influencia explica los escándalos de los corporativos contra la población, como los llamados “salvataje bancario” (1998) y “feriado bancario” (1999), que congelaron fondos y ocasionaron la mayor crisis financiera del país antes de la caída de Jamil Mahuad, quien relegó el sucre como moneda nacional para imponer al dólar.

Fue así como millones de ecuatorianos perdieron sus ahorros mientras los banqueros huían al exterior. En 2009, la presidencia de Rafael Correa rompió los paradigmas del capitalismo con un giro que pretendía establecer condiciones de mínimo bienestar para las mayorías, con su principio de “socialismo que promueve el buen vivir”.

Para Soledad Stoessel, esa política de redistribución social, el retorno del Estado y la exclusión del capital privado en el manejo de éste, debilitaron la influencia de ciertas élites, pero no su poder político, lo que se confirmó con los gobiernos de Lasso y Noboa. 

Escenarios y reacciones

En días pasados, el clima bilateral se ha enrarecido y nada en el horizonte anticipa un escenario de diálogo. Por el contrario, se atisban cuatro escenarios: uno de más división entre las fuerzas políticas ecuatorianas, donde el sector afín al correísmo rechaza esta acción y pide la dimisión de Noboa, mientras que otros partidos reclaman a Noboa que no lo eligieron para la creación de una crisis con México. 

El segundo prevé la aproximación con México entre los gobiernos progresistas, porque se argumenta la defensa de la soberanía y mayor integración. El tercer escenario, el más viable, es que las fuerzas de derecha –ecuatorianas y de la región– se alineen más con Noboa bajo la bandera nacionalista y “anti-injerencista”.

Un cuarto escenario, extendido para socios, aliados y vecinos de Ecuador, es el alejamiento, fin o retraso en cooperación de la seguridad (inteligencia, capacitación de agentes, adquisición de equipos y sistemas, intercambio de información), así como en comercio, inversión e intercambio en educación y cultura.

Quizás todo dependa del resultado de la denuncia del gobierno mexicano a su homólogo de Ecuador ante instancias judiciales, como la Corte Internacional de Justicia. Si se activa esta opción, se sentará un precedente importante para México y la región en materia de garantía diplomática.

Obligada ante la presión regional y la posición estadounidense, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el hecho. Luis Almagro, quien la encabeza, reiteró la obligación de los Estados a no invocar normas del derecho interno para no cumplir sus compromisos internacionales y urgió al diálogo, mientras anticipó una reunión del Consejo Permanente del organismo para abordar el caso.

Cuba calificó la acometida como “flagrante violación al derecho internacional de asilo y la soberanía”. El presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró: “Respetuoso de las normas que rigen las relaciones diplomáticas, condena enérgicamente la irrupción, hecho que no tiene precedentes y evidencia no sólo la violación de normas internacionales, sino la afectación a la hermandad y convivencia pacífica entre los pueblos de América Latina”.

Para Brasil, el asalto “constituye un grave precedente, que debe ser objeto de enérgico repudio, cualquiera que sea la justificativa para su realización”. Xiomara Castro Zelaya, presidenta de Honduras, repudió enérgicamente los hechos: “Acto intolerable para la comunidad internacional el secuestro de Glas, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo”

Nicolás Maduro, de Venezuela, advirtió que fue “un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina, el gobierno de derecha proyankee de Ecuador violó brutalmente el DI, asaltando la embajada de México en Ecuador y secuestrando a un asilado político, así reconocido por el gobierno mexicano”.

El expresidente Rafael Correa manifestó: “Lo hecho por el Gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos en un Estado de Derecho, sino de barbarie, con un improvisado que confunde la Patria con una de sus haciendas bananeras. Responsabilizamos a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y psicológica del exvicepresidente Jorge Glas. A México, su pueblo y Gobierno, nuestras disculpas y admiración eterna. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Chile dio su solidaridad al personal diplomático de la embajada y exhortó a superar pronto ese ‘incidente entre naciones hermanas’. Uruguay lamentó esos hechos cuando, el 28 de marzo, se conmemoraba el 70 aniversario de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.