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Triunfan panameños sobre el neocolonialismo minero
Mientras el mundo se ponía en guardia contra los daños de la actividad extractiva, el gobierno y Congreso de Panamá concedían todo el poder a una trasnacional minera al pactar una ley a espaldas de los ciudadanos.
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Mientras el mundo se ponía en guardia contra los daños de la actividad extractiva, el gobierno y Congreso de Panamá concedían todo el poder a una trasnacional minera al pactar una ley a espaldas de los ciudadanos. La movilización popular frenó al capitalismo corporativo, que condenaba al país a depender del modelo extractivista y al desastre ambiental del Corredor Biológico Mesoamericano. A la par, exhibió el proceder del Gobierno de Laurentino Cortizo.

El 28 de noviembre, en un giro inesperado, la Corte Suprema de Panamá declaraba inconstitucional la Ley 406. Un mes antes, y en sólo 72 horas, el Congreso la proclamó sin consultar a la sociedad y pese a advertencias de expertos jurídicos y ambientalistas. Esa Ley sólo tenía un beneficiario: la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM) ¡Y estallaron las protestas!

Tras esa actuación, se acentuaba la inconformidad. Y el 23 de octubre miles tomaban las calles en la capital y ciudades del país del canal transoceánico para exigr la derogación de un contrato transformado en ley. Eran las concentraciones más poderosas desde las registradas contra la dictadura militar en la década de 1980.

Todos rechazaban el pacto entre la empresa y el Gobierno, que logró que el Legislativo lo aprobara rápidamente como Ley. De ahí el reclamo contra el presidente Laurentino Carpizo, quien publicó el decreto que perpetuaría la operación de la trasnacional canadiense. Le reprochaban esa acción, pues Cortizo llegó al cargo con un programa de centro-izquierda y en 2006 se opuso al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (EE. UU.).

 

 

Por más de tres meses se extendieron las protestas contra a esa Ley. Los panameños, conscientes de la amenaza que se cernía sobre su país, se movilizaron ante la propia mina, la zona del Canal, con homólogos de la región y en la escena internacional.

Articularon esa eficaz campaña los panameños herederos del poderoso movimiento soberanista y antiimperialista que independizó al país, tras haber sido enclave del colonialismo estadounidense por más de un siglo.

El repudio también tenía como trasfondo el descontento de los habitantes del país centroamericano contra la inflación y el alto costo de la vida. Descontentos con la aprobación del Legislativo al Acuerdo-Ley, que decretó el presidente, clamaban: “No es un contrato, sino un tratado que expropia territorio y lo convierte en un enclave”.

Así, lo que empezó como protesta contra el desastre ambiental de la minera, escaló hasta denunciar que ese Acuerdo-Ley avala la construcción de un enclave que perpetúa el dominio colonial y exhibe la enorme desigualdad de Panamá, la mayor en América Latina.

El éxito del movimiento popular refleja que hoy Centroamérica se ha convertido en la región de vanguardia en la lucha de los pueblos por demandas democráticas, sociales y ambientales. De Guatemala a Panamá, se multiplican las protestas sociales con un denominador común: el rechazo al saqueo y a la abierta injerencia del sector extractivo en la vida de millones de personas.

La decisión de la Suprema Corte marca un hito en la defensa del territorio y contra el poder de las trasnacioanales. El abogado Juan Sevillano, artífice de la demanda de inconstitucionalidad, alega que, conforme al Artículo 1 de esa ley, no se reglamentó previamente según la gaceta oficial. Es de esperarse que la empresa apele.

 

Poder y ecocidio

First Quantum Minerals (FQM) es una minera trasnacional canadiense, con inversiones en Zambia, República Democrática del Congo, Finlandia, Laponia, Australia, España, Turquía y otros países, además de ser la mayor minera que opera en América Central. En Panamá opera como Minera Panamá y produce unas 300 mil toneladas anuales de concentrado de cobre.

Detrás de esa febril extracción está la gran dependencia económica del país bioceánico. Por ello, el 21 de febrero de 2019, las élites locales se felicitaban cuando la emisora France 24 calificaba el Proyecto Cobre Panamá de ser la mayor inversión extranjera (con seis mil 300 millones de dólares) en la historia del país.

El más feliz era el entonces presidente, Juan Carlos Varela, quien afirmó que la mina era el segundo mayor proyecto de infraestructura después del Canal Interoceánico. Así, Panamá incursionaba en el mercado del cobre, mineral cada vez más apetecido por el sector tecnológico del que Chile es el mayor productor global y China el principal consumidor.

 

EL PELIGROSO EXTRACTIVISMO

 

 

Del Siglo XVI a la actualidad, el extractivismo en todo el mundo –y en México en particular–, ha sido un modelo de apropiación de bienes naturales para producir materias primas a gran escala hacia el mercado global con alto impacto ambiental y social, describe el analista Daniel Recillas Quintín.

El extractivismo ha dejado un rastro fatal: despojo de tierras, distintas y graves formas de violencia contra los pueblos con hábitats degradados. Ese incontenible saqueo de recursos y minerales también profundiza la desigualdad, desplazamiento de comunidades y expone las redes de corrupción que impunemente tejen gobiernos y corporaciones.

América Latina y el Caribe es una de las principales regiones con grandes reservas de minerales estratégicos que históricamente ha sufrido la desmedida avaricia del sector extractivo trasnacional. Ahora, ante la gran demanda de los recursos (denominados commodities), los sectores industriales, comerciales, tecnológicos y científicos sufren por la escasez y alza de los precios.

Por ello, no cesa la búsqueda de esos recursos por “inversionistas” de EE. UU., la Unión Europea y Canadá, el principal saqueador minero. A cambio, las corporaciones entregan parte de sus divisas a las economías nacionales, ya dependientes de ese sector.

En México, esa actividad ha operado para incrementar la acumulación de riqueza de las corporaciones y élites regionales, generando una economía que no deja nada a las comunidades expoliadas, apunta la investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Fernanda Paz.

Incluso, ya es usual que las corporaciones pacten con figuras del crimen organizado para aplicar tácticas de presión (sean amenazas o hasta secuestros) contra propietarios de la tierra que se nieguen a ceder ante las empresas, describe la investigadora Leticia Durán.

 

En su bienvenida, FQM prometió producir 320 mil toneladas de cobre, que entonces equivalían a unos dos mil millones de dólares en el mercado internacional. Cuatro años después, desde la mina a cielo abierto que ocupa 12 mil 955 hectáreas se extrae de forma masiva ese estratégico mineral, pero Panamá está en pésima situación económica.

La febril operación de cientos de hombres ha dejado un enorme y profundo hueco en la tierra, en medio de bosques que retroceden ante las excavaciones. Los trabajadores, poblaciones aledañas, tierra y ríos están expuestos a los efectos negativos a su salud por las sustancias cancerígenas usadas en el proceso para extraer el mineral.

Las labores se desarrollan en una zona muy amplia en la caribeña provincia de Colón, a unos 240 kilómetros de la capital, en el Cerro Colorado y Donoso, en plena zona del Corredor Biológico Mesoamericano.

Ese ecosistema tropical natural, tercero en importancia mundial, une a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala y estados del sur mexicano, también es vía clave de flujos migratorios de especies de Sudamérica a Norteamérica.

Ahí es visible la destrucción de miles de hectáreas y biodiversidad por la tala de sus bosques tropicales, contaminación de ríos y desplazamiento de personas, explica el analista Alfredo Rada.

Lejos de ese daño ecológico, el Gobierno y el sector privado –extranjero y panameño– alardean que, a cambio, el país recibe ingresos anuales que significan el cuatro por ciento de su Producto Interno Bruto y casi 75 por ciento de los ingresos por exportaciones.

Los opositores denunciaban que el Acuerdo, además de permitirle extraer y vender cobre y otros minerales, concede a la minera la posibilidad de extender su operación por 40 años: 20 a partir de ahora, con opción a prórroga por otros 20 años más; duración que heredaría a las próximas generaciones los problemas acumulados.

Describían que resta poder al Estado, pues ninguna autoridad puede revisar los almancenes privados de la minera, a la que faculta para crear sus aeropuertos y propia policía. Reclaman que la empresa opera en una extensa zona boscosa al norte del país y pone en riesgo la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano.

Otro aspecto grave de esa Ley es que concedía a FQM el privilegio de administrar agua en su operación, a pesar de que Panamá ya padece de estrés hídrico, al grado de que el Canal ha reducido su actividad por la sequía. Los dueños de la minera alegan que sólo usan el agua de lluvia que reservan, lo que es un argumento falso, señala el ambientalista Lamar Bailey.

 

LA VIOLENTA MARCA CANADIENSE