Balaceras incesantes, personas asesinadas, desaparecidas, desplazamientos forzados, automóviles y casas quemadas, terror en las familias ajenas a los conflictos agrarios que, desde décadas, configuran el escenario cotidiano de las comunidades indígenas de La Montaña de Guerrero.

A este problema en extremo violento y complejo, se suma la falta de sensibilidad política de las autoridades federales y locales para atender el conflicto, cuyo desinterés se evidencia en su falta de monitoreo de las incidencias frecuentes, las cuales provocan que las comunidades tomen sus propias decisiones.

La violencia generada por la disputa de tres mil 200 hectáreas entre los comuneros de Malinaltepec y Alacatlatzala data de hace 50 años, y la más reciente de los enfrentamientos se dio este año en la comunidad de Yautepec, con dos muertos, dos desaparecidos, algunos heridos y una vivienda incendiada, denunció el asesor legal de Alacatlatzala, Jesús Escobedo González, en un encuentro con representantes de varios medios de comunicación, realizado en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) delegación 17, en Chilpancingo.

En su número 931, buzos informó sobre el recrudecimiento de este conflicto en los últimos meses de este año, mediante el intercambio de incursiones y balaceras día, tarde y noche, sin que el gobierno trate de evitarlas ni mucho menos busque una solución definitiva al mismo, como viene ocurriendo desde los años 70.

El asesor de los comuneros de Alacatlatzala presentó fotografías de los muertos, de las personas desaparecidas, y de los daños a la vivienda durante la última irrupción de Malinaltepec a sus terrenos. Hilarino Cano Bonilla es uno de los fallecidos y entre los desaparecidos están Álvaro Castañeda Mendoza y Juan Castañeda Cano.

Denunció que, pese al acuerdo de no agresión, la gente de Malinaltepec prohíbe el ingreso, a la zona del conflicto, a los elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y Policía del Estado, a los que retuvieron durante casi 24 horas. Esto ocurrió cuando “aproximadamente 100 elementos policiacos se despliegan en la zona; pero unos mil comuneros de Malinaltepec fuertemente armados les impiden movilizarse, ni la Fiscalía puede subir”.

Tras denunciar que el 50 por ciento de los comuneros del núcleo agrario de Malinaltepec pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y cuentan con armas de alto poder exclusivas del Ejército Mexicano, Escobedo informó que el asunto se ventila en el Tribunal Superior Agrario (TSA), que los campesinos de Alacatlatzala están a favor de la conciliación y que exigen al Gobierno Federal una pronta solución al conflicto, porque de otro modo puede desencadenarse una masacre.

También informó que, en la cancha techada de esta comunidad, permanecen unas 50 personas desplazadas por las incursiones armadas del núcleo agrario de Malinaltepec; pero los representantes del comisariado de bienes comunales de esta población, encabezados por su presidente, Sebastián Ramírez Hernández; el secretario Constantino Navarro Flores y el tesorero Maximiliano Epitacio Flores, desmintieron tajantemente esta versión.

Posteriormente, rechazaron que hayan atacado Yautepec, el anexo de Alacatlatzala. “No sabemos nada de los muertos, heridos y desaparecidos; no somos culpables y pedimos a las autoridades correspondientes que hagan su trabajo y deslinden responsabilidades”, aseguraron los comisariados, quienes afirmaron que siempre han estado a favor del diálogo y la convivencia entre los pueblos indígenas, y lamentaron el desinterés del Gobierno Federal para atender y poner fin a este asunto.

La comunidad de Alacatlatzala presentó en 2017, una denuncia ante el TSA, en la que demandó la devolución de las tierras y presentó pruebas testimoniales. Ese mismo año, se acordó que ambas comunidades frenarían las agresiones armadas, que esperarían a que el tribunal hiciera su trabajo y respetaría la sentencia. El acuerdo fue firmado por las dos partes.

Sin embargo, cuando el TSA emitió una sentencia en la que reconoció como legítima la posesión de Malinaltepec sobre las mil 306 ha, Alacatlatzala solicitó la revisión del fallo y reanudó los ataques verbales y armados contra la otra comunidad.

La respuesta de Malinaltepec fue que no caería en provocaciones para evitar hechos lamentables. “Los comuneros de Alacatlatzala piensan que con la fuerza armada se pueden solucionar las cosas; ellos han actuado de manera agresiva, detenido y desarmado a los policías, utilizando las armas para agredirnos, reviran y rechazan tajantemente las declaraciones irresponsables que solo provocan más violenciaˮ.

Los comuneros de Malina sostuvieron un plantón de siete días en la Ciudad de México (CDMX), no fueron escuchados y responsabilizaron a los gobiernos Federal, estatal y municipal de no atender la exigencia para solucionar a fondo el conflicto agrario, que solo discurre entre dimes y diretes.

“Alacatlatzala se siente ahogado y culpa a Malina, pero Malina se deslinda de las acusaciones y pedimos al Gobierno Federal su apoyo para resolver el problema. No nos dejen solos, somos pueblos indígenas que hemos abonado a la paz”, sostuvieron los dirigentes de su comisariado, quienes insistieron en negar que hayan incursionado en terrenos de Alacatlatzala, ya que esta comunidad es un anexo al núcleo agrario de Malinaltepec, municipio que se integró el estado de Guerrero en 1849.

El Gobierno Federal no instaló el módulo de seguridad

Entrevistado vía telefónica, el asesor jurídico del núcleo agrario de Malinaltepec, Bernardo Rayo Mendoza, lamentó la desatención de las autoridades y destacó que es necesario que éstas hagan su trabajo porque, durante más de 50 años, el conflicto agrario ha generado zozobra y violencia; además, ha frenado el desarrollo económico en la región.

Rayo también rechazó las acusaciones de asesinato de dos personas de Alacatlatzala y pidió a las autoridades competentes que investiguen y deslinden responsabilidades. “Son acusaciones irresponsables contra Malinaltepec, que siempre ha llamado a la paz porque sabe que el asunto de armas no trae un futuro de paz”, denunció.

El asesor jurídico informó que el comisariado recientemente acudió a la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual turnó el asunto a la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), en la que se acordó establecer un módulo de seguridad a la altura de la comunidad El Mesón, en la carretera Tlapa-Marquelia. Se hizo un compromiso formal pero, a la fecha, el módulo no se ha instalado.

Hasta ahora, elementos de la GN y de la Policía del Estado hacen patrullajes eventuales, pero no se han establecido en el paraje que se acordó, a petición de los pobladores de ambas comunidades, con el objetivo de inhibir la violencia y el riesgo de una masacre.

El acuerdo fue adoptado con la intervención de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal, quien mostró su preocupación por el caso, y se comprometió a coordinarse con el gobierno del estado para lograr acuerdos en la Mesa de Coordinación Estatal por la Paz y establecer el módulo de seguridad pública en el punto citado. Hasta ahora continúan las reuniones, pero sin llegar a una solución al problema de tierras.

Ambas partes lamentan que la Segob no haya exhortado aún a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que se integre a la mesa de trabajo, ya que la solución al conflicto es de competencia federal, y previamente suspendieron reuniones con autoridades estatales porque no resolvían el problema.

En materia de seguridad pública, han llamado a los tres niveles de gobierno para que se coordinen en el establecimiento del módulo El Mesón, el cual fue elegido por ambas partes porque es el anexo de Yautepec de Alacatlatzala y La Ciénega, y es ahí donde se suscitan con mayor frecuencia los enfrentamientos.

El abogado de la comunidad Alacatlatzala, Jesús Escobedo González y Sebastián Ramírez Hernández, el asesor jurídico de Malinatepec, coinciden en esta designación; y han solicitado al Gobierno Federal que establezca un cuartel de la GN, Ejército Mexicano y Policía del Estado para garantizar que no haya más ataques armados entre las comunidades.

El subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, reveló a buzos que en Guerrero hay 15 conflictos agrarios, además del de Malinaltepec-Alcatlatzala, que la mayoría se ubican en la región de La Montaña y que algunos son relevantes por su gravedad.

Entre ellos, citó el que hay entre San Agustín Oapan y San Miguel Tecuiciapan, poblados nahuas de la zona del Alto Balsas, pertenecientes al municipio de Tepecuacuilco de Trujano, en la región norte, donde el mes pasado, un enfrentamiento armado reactivó el conflicto que mantienen, desde hace 40 años, por la posesión de tres mil hectáreas de tierra.

Otro conflicto con “foco rojo”, explicó el funcionario, es el que enfrentan la comunidad Jicayán de Tovar, del municipio de Tlacoachistlahuaca y Santiago Tiapa, perteneciente al municipio de Coyoacán de las Flores, Oaxaca. Estos pueblos se disputan la posesión de 49 hectáreas de tierra desde 2006.