El gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, entregó su cuarto informe, el pasado 15 de noviembre, en un ambiente de denuncias por corrupción en varias áreas de su administración; opacidad en el manejo de recursos destinados a combatir la pandemia; un incremento sostenido de la violencia feminicida que coloca al estado entre los 10 más peligrosos para las mujeres y múltiples conflictos entre comunidades que han desembocado en enfrentamientos y masacres.

Murat Hinojosa recurrió al mismo procedimiento de sus tres informes precedentes: para sostener que encabeza un gobierno de éxito, utilizó cifras que reiteradamente han sido cuestionadas por organizaciones sociales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó un alza del 3.5 por ciento en los actos de corrupción en los últimos seis años y organismos empresariales, entre ellos la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que lo ubica como uno de los cinco mandatarios con peores niveles de aprobación del país.

Además, en su recopilación de acciones públicas ejecutadas en Oaxaca, el mandatario nacido en el Estado de México (Edomex) se adjudicó obras de infraestructura que fueron financiadas y ejecutadas por el Gobierno Federal, como el Corredor Interoceánico, la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz y la construcción de las carreteras Oaxaca-Costa y Oaxaca-Istmo.

En las 300 páginas de la versión pública de su Cuarto Informe, Murat hizo referencia a solo cinco inversiones destinadas al sector salud para hacer frente a la pandemia de Covid-19, que hasta el domingo 13 de diciembre había cobrado la vida de dos mil siete personas y generado contagios de 25 mil 987 personas, según las cifras oficiales, que difieren de las del sindicato de salud, que estima el número real de contagios en más de 50 mil personas, debido a que la falta de aplicación de pruebas no permite la detección exacta del virus.

En la página 295 del informe, relativa a la Estrategia de Atención a la Contingencia Ocasionada por el virus SARS-CoV-2, Murat afirma que su gobierno hizo una inversión de 357 millones 695 mil pesos en la adquisición de insumos, equipo de protección personal y equipamiento médico.

Los reportes indican que a esta cifra deben agregarse los 748 millones dos mil 438 pesos que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) invirtió en la compra consolidada de medicamentos, productos farmacéuticos y suministros de laboratorio, cuyas claves suman mil 77 (página 33).

Sin embargo, durante los casi nueve meses de pandemia en Oaxaca, se han registrado más de una veintena de movilizaciones y pronunciamientos públicos de los trabajadores de los Servicios de Salud (SSO) debido a las malas condiciones con que han tenido que afrontar la contingencia, pues las clínicas y hospitales carecen de equipos médicos adecuados, medicinas e insumos elementales como alcohol, vendas, antibióticos y analgésicos.

“No hay en este momento insumos, con el pretexto de la pandemia”, criticó el secretario de Organización de la Sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Carlos Alberto Pérez Bautista.

“Se ha dejado de comprar todo lo que se requiere para la atención en los hospitales. Debido a que no se están atendiendo en este momento todas las enfermedades, eso ha servido para que la Secretaría de Salud incumpla el compromiso de tener el abasto suficiente de medicamentos… estamos dejando desprotegida a la población que tiene que comprar sus medicamentos para la atención de sus enfermedades”, denunció en una entrevista con la prensa.

A pesar de los más de mil 105 millones de pesos (mdp) que el gobernador Murat aseguró haber invertido en insumos y medicamentos, el dirigente sindical sostuvo que prácticamente todos los pacientes oaxaqueños, incluidos los de Covid-19, están obligados a comprar todas o la mayor parte de las medicinas que les son prescritas en los hospitales públicos.

“Hay medicamentos que una caja puede costar hasta 30 mil pesos y te alcanza para un día, nada más. Ésta es la realidad”, lamentó Pérez Bautista. En el Hospital Civil de la ciudad de Oaxaca, el desabasto de medicinas ha fluctuado, este año, entre el 50 y el 70 por ciento, de acuerdo con el secretario de la Subsección 7 de la Sección 35 del SNTSA, Alberto Vázquez San Germán.

Hasta el martes siete de diciembre, 145 trabajadores de dicho nosocomio, ubicado en el norte de la capital oaxaqueña, se habían infectado con la enfermedad: 59 del área de enfermería, 23 de la médica, 26 de la administrativa, 36 paramédicos y un trabajador de confianza; un trabajador de mantenimiento había muerto.

El 22 de octubre pasado, un mes antes del cuarto informe, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), César Morales Niño, acusó al gobierno muratista de haber simulado compras de medicamentos e insumos hospitalarios por más de 82.6 mdp.

De acuerdo con el legislador, las operaciones se efectuaron a través de los SSO que suscribió contratos con 40 empresas sin reconocimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), supuestamente empresas “fantasma”, o que no se dedican a la venta de medicamentos e insumos hospitalarios, como es el caso de Mármoles Arca, que cobró 45 mil 200 pesos por dotar de cubrebocas a las instituciones sanitarias oficiales.

Morales incluso presentó, en el Congreso de Oaxaca, un punto de acuerdo con el que solicitó a la Secretaría de la Función Pública federal (SFP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigar el destino de esos recursos. El legislador entregó a buzos una lista de empresas, facturas y montos de los productos supuestamente adquiridos por los SSO.

Miembros de la sociedad civil Oaxaqueños contra la Corrupción, denunciaron, en abril de este año, que la Secretaría de Administración del gobierno estatal había reportado un gasto de 11 millones 899 mil pesos en la instalación de túneles de desinfección peatonal. La empresa favorecida mediante adjudicación directa fue Birminghan Comercial México S.A. de C.V., que no cuenta con la certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual es obligatoria en este tipo de contrataciones.

A estas irregularidades se suma el hecho de que la Secretaría de Salud (SS), en un comunicado, pidió a los gobiernos de los estados evitar la instalación de estos túneles durante la contingencia sanitaria.

Birminghan Comercial México aparece en la lista de empresas que el diputado Morales difundió como irregulares y que obtuvieron contratos para proveer con medicinas e insumos a los SSO. Birminghan recibió un millón 65 mil pesos por este contrato.

También se sospecha del posible mal uso de 30 mdp que, de acuerdo con el gobernador, serían invertidos en la adquisición de despensas que repartiría el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, encabezado por su esposa, Ivette Morán, pero cuyo padrón de beneficiarios no ha sido publicado.

Quejas ciudadanas

Junto al sector salud, los reclamos más severos contra el mandatario oaxaqueño han provenido de grupos feministas y organizaciones de madres y padres de familia cuyas hijas han muerto, víctimas de violencia de género.

El número de feminicidios entre diciembre de 2016, cuando Murat llegó al poder, y el 30 de noviembre de este año, ascendía a 471, cifra mayor en 125 casos (36 por ciento) a los documentados en los primeros cuatro años de la administración del aliancista Gabino Cué Monteagudo (MC-PAN-PRD-PT), quien fue calificado como el peor mandatario en la historia de la entidad.

“Las cifras anteriores son reflejo de un gobierno simulador, omiso y negacionista, que mantiene la impunidad frente al dolor y la exigencia de justicia”, sostuvo la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, el pasado primero de diciembre, tras publicar las cifras anteriores.

El 24 de noviembre de 2020, seis días antes de cumplirse oficialmente el cuarto año del actual gobierno, la periodista Soledad Jarquín Édgar denunció, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los múltiples actos irregulares registrados en las investigaciones del gobierno de Oaxaca por el asesinato de su hija, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, ultimada a tiros el dos de junio de 2018, en Juchitán de Zaragoza, durante un atentado en el que también perdieron la vida Adelfo Guerra (chofer) y la candidata a concejal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pamela Terán, contra quien, al parecer, iba dirigido el ataque.

Jarquín Édgar, también activista, afirmó que los seis procesos abiertos por las instancias judiciales para esclarecer el crimen se hallan estancados porque el gobierno estatal se niega a investigar y castigar al exsecretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca (AIO), Francisco Montero López quien, en 2018, ordenó a la hoy extinta, quien trabajaba como vocera de esa institución, que cubriera la campaña política que en ese momento realizaba su hermano Hageo Montero López en busca de la presidencia municipal de Juchitán.

“En Oaxaca no nos están respondiendo. Tengo seis carpetas de investigación; todas han sido pasadas por la corrupción, la impunidad, la omisión del gobierno de Oaxaca. Estoy peleando contra priistas. La investigación por probable delito electoral está parada. Las investigaciones por los tres homicidios, un homicidio y dos feminicidios, están paradas. No se ha efectuado ni siquiera la audiencia intermedia. Hay una denuncia por probables actos de corrupción, y está parada”, denunció Soledad entre lágrimas.

Al día siguiente, el 25 de noviembre, Eloísa López Toral, quien durante casi cuatro años ha exigido justicia por el asesinato de su nieta Jennifer Angélica Antonio Carrillo, quien murió en abril de 2017 –días antes de cumplir 18 años–, luego de que su pareja sentimental le prendiera fuego después de rociarle gasolina, denunció que ha recibido múltiples amenazas de muerte, con las que pretenden obligarla a dejar el caso en la impunidad.

La mujer de 65 años, enfermera jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relató que a la puerta de su domicilio, en el municipio de Matías Romero, región del Istmo de Tehuantepec, han llegado escritos anónimos con los que le advierten que se abstenga de continuar con sus demandas de justicia, después de que en junio de 2017 logró establecer el paradero del presunto atacante, quien había huido a Tijuana, Baja California, para que no ser puesto a disposición de la Fiscalía de Oaxaca.

“Para la señora Eloísa, esposo e hijo, el capitán. 12 horas para irse”, se lee en el último mensaje que recibió y que aparece firmado por una presunta organización criminal que se denomina “Cártel la muerte”. Desde el día de su detención, el presunto responsable solo ha comparecido una vez ante el juez.

La Comisión de Seguimiento a los Casos de Feminicidio del Senado de la República reportó que Oaxaca aparece actualmente entre los 10 primeros lugares en homicidios dolosos de mujeres; también en feminicidios, feminicidios de niñas y adolescentes, otras expresiones de violencia de género y en lesiones dolosas contra mujeres, por lo que consideró como urgente una reunión con las autoridades de esta entidad y de las otras nueve donde también se registran cifras altas.

Pugna y conflictividad entre pueblos

Autoridades del municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, acusaron al gobierno estatal de abandonar a esa población en medio del conflicto que sostiene con la agencia de Huazantlán del Río donde, el 22 de junio de 2020, 15 personas fueron lapidadas y quemadas vivas por una turba.

Antes de ser asesinadas, las víctimas, simpatizantes del edil Bernardino Ponce, fueron acusadas de perpetrar días antes un ataque armado contra quienes a la postre se convirtieron en sus victimarios. Ambos grupos intercambian acusaciones de que tienen presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Desde el día del linchamiento, la Unión de Agencias y Colonias de Huazantlán del Río mantiene un retén en las afueras de la comunidad para impedir el acceso de personas ajenas a ésta, y para evitar la ejecución de posibles órdenes de aprehensión. Las familias de las 15 personas asesinadas huyeron del lugar.

Un reclamo más contra la administración estatal se desencadenó el pasado cuatro de diciembre, horas después de que el gobernador Murat, a las 19:08, publicó en su cuenta de Twitter una información en la que aseguró haber cumplido con la reconexión de la red de agua potable del municipio de Ayutla Mixes, que lleva tres años y medio sin este servicio por un conflicto agrario con sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo.

“Hoy es un día histórico para la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla; después de años de conflicto, en mi gobierno, en coordinación con autoridades municipales e integrantes de la comunidad, logramos conectar y abastecer de agua potable en beneficio de más de tres mil familias”. Ilustran el mensaje cuatro fotografías en las que se aprecia un pozo, con palos, mecates y dos tubos de PVC por los que descolgaba un chorro de agua turbia.

Horas después, el cinco de diciembre, habitantes de Ayutla Mixes denunciaron, en redes sociales, que todo se trataba de un montaje, que la comunidad permanecía sin una gota de agua en sus tuberías y que el pozo que el gobierno estatal había perforado y anunciado como fuente de abastecimiento permanente del líquido, con una inversión de 4.7 mdp, no funcionaba y que para ellos no sustituía el manantial que les fue arrebatado en 2017, tras una invasión a 150 hectáreas de sus tierras.

El gobierno estatal tuvo que aclarar que el anuncio no se refería al comienzo de la distribución de agua potable, sino únicamente a la inauguración del pozo, que la tubería sería habilitada antes del 31 de diciembre y que funcionaría hasta que el pueblo pudiera disponer nuevamente del agua de su manantial.

En la región Triqui, donde desde hace 30 años se agudizó la violencia por la disputa del control territorial entre organizaciones como el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), hubo tres ejecuciones de líderes políticos en noviembre, a pesar de que el gobierno afirmó que trabaja en la construcción de un acuerdo de paz.

El viernes 11 de diciembre se sumó una nueva emboscada, con saldo de cinco muertos, incluidos dos menores de edad. La convulsión que prevalece en el estado ha provocado que prácticamente a diario, en la capital y en las principales cabeceras distritales, haya protestas y bloqueos carreteros en plena pandemia. En octubre se registraron bloqueos hasta por 20 horas continuas.

En el último reporte del análisis Marcaje a mi Gobierno, los empresarios afiliados a la Coparmex dieron a Alejandro Murat una aprobación del 12 por ciento y lo ubicaron entre los cinco mandatarios peor calificados del país. Esta organización evalúa la inseguridad, la corrupción, el gasto eficiente de recursos públicos, la falta de apoyo a la iniciativa privada, la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, los niveles de pobreza y la desigualdad.

Días después, el Inegi reveló que los actos de corrupción en Oaxaca se elevaron 3.5 por ciento entre 2013 y 2019, cuando su incidencia avanzó del 12.4 al 15.9 por ciento. Oaxaca fue también el penúltimo estado del país en implementar planes anticorrupción en sus municipios, ya que solo el 3.9 por ciento reportó haber establecido alguna estrategia para contener el fenómeno y el 95.6 por ciento no desarrolló ningún tipo de acción.