Guerras deshumanizantes, hambre en expansión, clima al borde de la explosión. Detrás de la actual crisis planetaria se manifiesta, también, el fracaso de las instituciones internacionales. Entre ellas, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La 13 Conferencia Ministerial de la OMC acaba de realizarse entre el 26 de febrero y el 1º de marzo en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, sin poder desbloquear la parálisis que dicha organización ha sufrido la última década. Debido a sus profundas tensiones internas, desde 2013 al presente la OMC no ha logrado nuevos acuerdos comerciales multilaterales.

La Conferencia Ministerial, que habitualmente se convoca cada dos años, es el órgano de toma de decisiones más importante de la OMC y reúne a los representantes de los Estados miembros, quienes pueden adoptar resoluciones pertinentes a cualquier acuerdo comercial multilateral. Esta última edición 2024 se realizó en el marco de estrictas normas de seguridad que impidieron cualquier protesta. Una plataforma amplia de organizaciones no gubernamentales denunció desde Abu Dabi la detención durante algunas horas de un activista alter mundialista que distribuía panfletos con críticas a la institución internacional.

“La persecución sin precedentes que sufrieron las organizaciones de la sociedad civil muestra cómo resulta fundamental silenciar las voces disidentes a la agenda de libre comercio, porque sus argumentos son robustos y acertados”, afirmó Sofía Scasserra, del Transnational Institute (TNI), desde Abu Dabi. Es fundamental garantizar la participación de la sociedad civil “para que puedan lograrse resultados cada vez más equilibrados y en favor de los países en vías de desarrollo”, agregó en comunicación telefónica.

Nada nuevo bajo el Sol

Los convocantes de la Ministerial aspiraban a algún tipo de avance en sectores como la agricultura, el comercio electrónico, la pesca y reformas institucionales internas. Sin embargo, la noche del viernes 1º de marzo y a pesar de un día de prórroga del evento, no se confirmaba ningún avance sustancial.

La Agencia de Noticias de Suiza ATS/Keystone, informaba, “la Organización Mundial del Comercio (OMC) se encamina hacia un fracaso total, salvo sorpresas de última hora”. Y agregaba que, según fuentes convergentes consultadas “la institución se enfrenta a una grave crisis” y consideraban a la Conferencia Ministerial como “un desastre”.

Al final de la conferencia, Sofía Scasserra, del TNI, confirmó que la misma “resultó un fracaso en las negociaciones de facilitación de inversiones, y subsidios a la pesca y a la agricultura, entre otros”. Desde la misma conferencia de Abu Dabi, recordaba que la OMC no reconoce la importancia de la política pública, sobre todo en países del Sur global.

Las históricas contradicciones entre los países del Norte y los del Sur (y a veces, también dentro de esos mismos espacios geopolíticos), así como la cláusula de consenso que define el funcionamiento de esta organización, constituyeron algunos de los obstáculos que impidieron desbloquear la parálisis.

No menos importante fue la crítica y la movilización frontal contra la OMC promovida desde importantes sindicatos, sectores campesinos y ONG. Nada nuevo, aunque sí reactualizado, si se tienen en cuenta las potentes movilizaciones contra la OMC en muy diversas regiones del planeta en los últimos 25 años. La OMC constituye desde hace varios lustros un enemigo en primera línea contra el cual se han librado protestas anti-mundialistas y alter-mundialistas en las últimas décadas.

La OMC lanzó en 2001 el denominado “Ciclo de Doha”, un ambicioso programa de liberalización de la economía mundial de consecuencias nefastas fundamentalmente para los países del Sur Global.

Problemas y expectativas

La cláusula de consenso, sin la que la OMC no puede concretar acuerdos, es casi imposible de lograrse cuando se trata de alinear en una misma posición a representantes de los 166 Estados miembros. El clima político actual tampoco ayuda a encontrar soluciones sobre un tema tan delicado como el del comercio mundial. Como lo afirmó la economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, presidenta de la institución, al inaugurar el 26 de febrero el evento: “la incertidumbre y la inestabilidad son omnipresentes”.

Uno de los desafíos esenciales en juego en el seno de la Conferencia Ministerial ha sido y sigue siendo la reforma de la propia OMC. En particular, la puesta en marcha de un sistema de resolución de conflictos, paralizado desde 2019 tras el bloqueo por parte de EE. UU. Según sus promotores, este órgano de apelación debería implementarse durante la segunda parte de 2024. A la fecha, al menos tres decenas de conflictos comerciales internacionales esperan una decisión. Debido a esta inoperancia, la OMC no puede asegurar el ejercicio del derecho de sus miembros, como los han señalado numerosos Estados.

El lunes 26, al iniciarse la reunión, eran muchos los representantes gubernamentales que esperaban lograr una propuesta metodológica, algo así como una “hoja de ruta” que abriera las puertas a una reforma interna para destrabar la parálisis del organismo. La posibilidad de que Donald Trump sea reelecto presidente de EE. UU. en noviembre próximo no deja de ser una preocupación. Durante su mandato anterior, Trump protagonizó una confrontación comercial abierta contra China y puso trabas en el andar de la OMC, limitando así su capacidad para resolver disputas. Incluso amenazó con retirarse de dicho organismo, como había hecho en octubre de 2017, cuando abandonó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Parálisis persistente

Isolda Agazzi, experta suiza en comercio internacional y portavoz de la Alliance Sud (plataforma de ONG suizas de cooperación para el desarrollo), señala que “en dos décadas, el mundo ha cambiado profundamente”. Además, que India, Sudáfrica y otras grandes naciones que todavía se benefician de su estatus como “países en desarrollo” ya no se dejan dictar imposiciones por parte de los “países desarrollados”, en particular EE. UU. y la Unión Europea.

Según Agazzi, para sortear el obstáculo y la parálisis actual, varias naciones, especialmente las desarrolladas, “están intensificando las iniciativas plurilaterales (es decir, reuniendo a varias naciones o regiones) en ámbitos integrales”. La Iniciativa de Facilitación de Inversiones, cuyas discusiones comenzaron en la Conferencia Ministerial de Buenos Aires en 2017, es la más avanzada. Auspiciada por China y con el apoyo de 70 países, reúne actualmente a 110 naciones, muchas de ellas en vías de desarrollo.

Críticas desde todas partes

Tan pronto como se conoció la agenda de Abu Dabi, voces importantes de la sociedad civil internacional arreciaron con sus advertencias, desconfianzas y críticas hacia esta nueva Conferencia Ministerial. Expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se obligue a los países a abrir sus puertas a inversiones extranjeras sin ninguna posibilidad de controlarlas o de enmarcarlas en una visión de desarrollo genuino. Adicionalmente, de que se les otorgue aún más derechos a las multinacionales. 

La Federación Sindical Internacional de Trabajadores-as de los Servicios Públicos (PSI, por sus siglas en inglés), que reúne a 30 millones de adherentes de 700 sindicatos y 154 países, publicó el 22 de febrero una circular interna donde enfatiza su oposición a la propuesta de adopción de un nuevo acuerdo de facilitación de Inversiones por considerarlo demasiado amplio y, además, limitante del poder de acción de los Estados miembros.

Según la PSI, este Acuerdo, que facilitaría códigos de inversión, leyes de asociación pública-privada, procedimientos y requisitos para la concesión de licencias, normas técnicas, reglamentos de bancos centrales y medidas y procedimientos administrativos, entre otros, no tiene muy en cuenta el parecer de muchos de los gobiernos y poderes públicos. “Rara vez, o nunca”, sostiene la PSI, “(los gobiernos) son consultados sobre normas comerciales que restringen su capacidad para estimular las economías locales y regular la inversión de modo que disfrutemos de los servicios públicos de calidad que necesitamos”.

Otros ámbitos políticos clave que podrían verse restringidos por las definiciones surgidas de esta Conferencia son el medioambiente y los derechos humanos. En el caso específico del medioambiente, la Federación Sindical Internacional argumenta que “en un momento en que nos enfrentamos a una transición urgente y vital hacia economías locales más justas y con bajas emisiones de carbono, nuestros gobiernos no deberían renunciar a su capacidad de actuar y aplicar políticas en interés de las personas y el planeta”. Esto significa que los Estados deben ser capaces de aumentar sus ingresos, y si es necesario, forzando a los inversores extranjeros a pagar más. Lamentablemente, las nuevas normas que se están debatiendo incluyen mayores beneficios para los inversores extranjeros, como reducciones en los costos por derechos de licencia, cánones y otras obligaciones.

La OMC torpedea la soberanía alimentaria

Coincidiendo con estas voces críticas, La Vía Campesina, principal red internacional de pequeños y medianos productores agrícolas, convocó a sus miembros a una semana de movilización contra la OMC durante su asamblea en la capital emiratí.

La Vía Campesina denuncia la incapacidad de la OMC durante más de una década “para alcanzar un consenso sobre una solución duradera para las existencias públicas de alimentos a pesar de que más de 80 países en desarrollo han presentado propuestas detalladas”. Lo que ilustra claramente la alineación (de la OMC) con los intereses de EE. UU. y otros países fuertemente orientados a la exportación”.

Según La Vía Campesina, la OMC “se ha convertido en un espacio donde prevalece la regla del poder, con pocos países desarrollados determinando el curso del comercio mundial”. Y por esta razón, concluye, “a pesar de la firmeza del Sur Global, la misma permanece estancada en un limbo, aparentemente cavando su propia tumba”. Y reitera su oposición a todos los tratados de libre comercio que pongan en peligro la soberanía alimentaria de un país, socaven la autonomía y la autosuficiencia de las economías locales y tengan efectos adversos en la vida, las condiciones de vida y los salarios de todos los-las trabajadores-as, incluidas las personas migrantes y las mujeres.

“Como voz global de las personas de la Tierra, solicitamos un marco de comercio internacional basado en principios de solidaridad, justicia social, internacionalismo y soberanía alimentaria”, concluye La Vía Campesina.