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Cinco años de promesas a pueblos originarios
“La verdad, pensábamos que AMLO iba a transformar a la comunidad de nosotros en una comunidad mejor, pero, pues no: hoy estamos peor que antes", denunció doña Guadalupe, mujer mayo-yoreme de Sinaloa.
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Entrevistada por buzos, doña Guadalupe, mujer mayo-yoreme de Sinaloa, denunció que en su comunidad faltan servicios de salud y educación; y desde el inicio de este sexenio les quitaron becas a sus niños; “estamos peor que antes, afirmó.

Estos hechos, sumado a la imposición de mega-proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo, el Integral Morelos y el parque fotovoltaico Nueva Xcala (en Tlaxcala), violentan sus derechos humanos y afectan sus tierras de cultivo, pastoreo y bosques.

Estas prácticas abusivas se intensificaron en los cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en su conferencia de prensa “mañanera” del 20 de septiembre de 2020 prometió frenar los actos de injusticia que, desde el inicio de la colonización española en 1521, se cometían contra los pueblos indígenas y afromexicanos.

 

 

En el colmo de este pronunciamiento demagógico, Obrador exigió públicamente al actual gobierno parlamentario y monárquico de España, y a la Iglesia Católica, que pidieran perdón a México por los abusos y excesos que cometieron hace cinco siglos. Con respecto a esta actitud, Jenny Acosta, catedrática especializada en filosofía política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que se trató de un show montado por AMLO con base en la práctica de un ritual propio de los usos y costumbres indígenas para mostrarse como un “salvador y protector” de los pueblos originarios de México.

La carencia de “contenido material” en este discurso político, apuntó Jenny Acosta, ha sido evidenciada tanto en los “recortes presupuestales a los programas dedicados a atender y eliminar el atraso social como en la invasión de sus tierras, como ocurre hoy con la construcción del Tren Maya, que está afectando a los pueblos originarios de Yucatán, Chiapas y Tabasco, a quienes no traerá ningún beneficio económico, pero sí favorecerá las inversiones de los empresarios del turismo nacional e internacional”.

Acerca de este ritual, la poeta zapoteca Irma Pineda Santiago, representante del Foro Permanente Sobre Cuestiones Indígenas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó que el primero de diciembre de 2018, cuando AMLO asumió la Presidencia de México, recibió también el Bastón de Mando; y con éste la confianza y el respaldo de los 23.2 millones de mexicanos identificados como indígenas, cifra equivalente a 19.4 por ciento de la población total del país en ese momento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

“Con ello esperábamos que hubiese un mayor impulso en estas políticas públicas, que trabajaran no solamente hacia los pueblos indígenas, sino con los pueblos indígenas. Sin embargo, pasaron los meses, los años y nos dimos cuenta de que esto se transformó en una política más bien indigenista, me recuerda al trabajo del INI (Instituto Nacional Indigenista) de los años 70, una mirada indigenista que en cierto modo se vuelve paternalista. Parece que vamos para atrás”, apuntó con decepción la escritora.

 

 

Uso indebido del Bastón de Mando

El Bastón de Mando es un bordón de madera con el que los actuales pueblos prehispánicos de Mesoamérica –región que incluye a México y los seis países de Centroamérica– simbolizan las prácticas de mando público de las culturas originarias y, en específico, de los reyes y emperadores del mundo precolombino.

“Hoy en día, este Bastón de Mando se entrega a la persona que ha sido elegida para un cargo público en su comunidad por medio de la asamblea; es un cargo que no se gana como tradicionalmente conocemos en nuestra cultura occidental, un cargo público, político. Entonces, lo ostenta y simboliza la autoridad”, explicó el pasado siete de septiembre durante una entrevista con el medio informativo Sin embargo, Milvet R. Alonso, doctora en estudios prehispánicos.

El pasado siete de septiembre, AMLO encabezó nuevamente una ceremonia ritual en un restaurante cercano al Palacio Nacional para entregar este objeto simbólico a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, con miras a los comicios generales de 2024.

Este hecho fue calificado como una ofensa para las tradiciones culturales de los pueblos originarios por el médico olmeca Santiago Ortela, quien explicó: “su servidor fue quien le entregó el Bastón de Mando que representa a los 68 pueblos originarios de México, y afromexicanos…

 

 

“El Bastón de Mando es un instrumento sagrado de conciencia para llevar al ser humano a una conciencia evolutiva para vivir en paz y en armonía con nuestra madre naturaleza… como representante de las tradiciones ancestrales, quiero decirle que el Bastón de Mando no es cualquier instrumento y no se debe usar como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas. Para nosotros es una ofensa”, declaró en una grabación presentada al Presidente durante su rueda de prensa “mañanera” del 19 de septiembre pasado.

La precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, con respecto a la entrega del Bastón de Mando a Sheinbaum Pardo, denunció que AMLO actúa como un “emperador” y no como el Presidente de una República; ya que el evento que encabezó fue un acto de autoritarismo “propio del México que queremos dejar atrás” y propio de un Presidente al que “urge heredar su mandato ante la falta de resultados positivos, porque deja un país enmarcado por el miedo y la violencia”.

La aspirante presidencial opositora agregó que la Banda presidencial –el símbolo de la titularidad del Poder Ejecutivo federal– “no es un cetro que se herede, sino la voluntad y esperanza de todos los mexicanos”.

 

Los morenistas se sienten cardenales

Para el analista político Rafael Cardona, los actos del partido en el poder se parecen mucho a los de la Iglesia Católica, porque en aquéllos también se invoca al “Espíritu santo” como actor determinante de la voluntad divina; y sus dirigentes actúan como el “Colegio de los cardenales” que al final de su cónclave, “echan humo”.

Cardona apuntó que la designación de Claudia Sheinbaum fue, en realidad, una simulación con la que los dirigentes morenistas trataron de ocultar una decisión previa de AMLO quien, inconscientemente lo confirmó al expresar: “no, no lo voy a hacer aquí adentro porque esto no es una cosa del partido”.

El analista criticó también que AMLO simula el traslado a su partido de una atribución que obtuvo como Presidente de la República, y que manifestó en un periodo de abierta contienda electoral, actitud con la que únicamente logró que se reforzara la visión de un mandatario que sólo se dedica a llamar la atención para manipular a la gente y que “siempre acomoda los dichos a los hechos”.

Por ello, Jenny Acosta considera que, en lugar de rituales de las culturas prehispánicas, el Presidente debería “legitimar su régimen”, convocando a los dirigentes de todos los pueblos originarios a una reunión, en la que los tres niveles de gobierno escuchen y atiendan sus demandas y propuestas de desarrollo sociocultural para así intentar salir del “atraso en que se encuentran”.

 

 

Incumplimiento y represión

Al inicio de su mandato, AMLO se comprometió a atender, de manera inmediata, a los pueblos originarios y afromexicanos, y sus demandas más urgentes, como la construcción de infraestructura urbana básica (agua potable, drenaje, carreteras, escuelas y centros de salud, así como la recuperación de sus tierras).

Casi dos años después, el 12 de octubre de 2021, en la página oficial de la Presidencia de la República se publicó que “El Gobierno de México ha cumplido el compromiso del presidente AMLO de privilegiar a los más humildes y a los pueblos originarios del país”.

Sin embargo, un bienio más tarde, el 25 de septiembre de 2023, organizaciones civiles y pueblos originarios de todo el país denunciaron a través de un comunicado, que el titular del Poder Ejecutivo sostenía una guerra permanente en contra de las comunidades y barrios, colonias y tribus indígenas para “garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y del narco-Estado".

Agrupados en la Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida (ANAV), los denunciantes afirmaron que su eslogan “primero los pobres” había sido una mentira; que el gobierno ha militarizado al país para imponer mega proyectos “de muerte” como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que están “basados en el colonialismo, el patriarcado, la homogeneización, la imposición, el odio y el miedo, además de que pretenden ordenar y reordenar nuestro territorio”.

En una de sus denuncias de mayor contundencia, la ANAV advirtió: “Son los pueblos originarios y las comunidades indígenas en México las que día a día enfrentan una guerra permanente en la defensa del agua y la vida; los empresarios dan las órdenes y sus empleados, los funcionarios de todos los niveles de gobierno, incluyendo al Ejecutivo Federal, las ejecutan.

“Asimismo, la presencia generalizada del Ejército, la Guardia Nacional, el crimen organizado y los grupos paramilitares, especialmente asentados en territorio de los pueblos y comunidades indígenas, plantea una estrategia de guerra contra la vida que desde la Cuarta Transformación se imponen para garantizar el desarrollo de los megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos”.

 

 

 

En la ANAV coinciden 209 organismos y colectivos civiles y sociales, pueblos originarios y comunidades indígenas en la denuncia específica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a cargo de Germán Arturo Martínez Santoyo, a la que responsabilizan por omitir y consentir la explotación, el despojo, la represión y el desprecio del gobierno morenista contra quienes defienden el agua.

Según el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, hasta diciembre de 2022 se habían publicado ocho “planes de justicia” para los pueblos yaqui, seri, guarijío y mayo de Sonora; huicholes de Jalisco, Nayarit y Durango; el pueblo o’dam, coras y mexica o mexicanero de Nayarit.

Estos “planes de justicia se están convirtiendo en los instrumentos de la política pública para dar una atención integral a las demandas, las exigencias y las reivindicaciones de los pueblos indígenas de nuestro país”, declaró Regino Montes en una entrevista con El Heraldo de México.

Al igual que el INPI, el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (PNPI) se creó para que, en el sexenio 2018-2024, este sector de la población mexicana definiera “libremente sus formas de organización política, su desarrollo económico, social y cultural… para superar las condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido”.

Pero, contrario a su retórica y al discurso presidencial, el gobierno morenista había reducido en casi 50 por ciento el presupuesto del INPI de 2023 con respecto a 2022 y de 54 por ciento entre 2019 y 2021, denunció la representante de los pueblos indígenas ante la ONU, Irma Pineda Santiago… algo delicado, porque este organismo se encarga de dar atención a los pueblos indígenas.

Según el más reciente informe de la organización civil Signos Vitales, el pulso de México, titulado México social a revisión, uno de cada dos mexicanos se ha enfrentado a condiciones de pobreza, fenómeno que no ha cambiado en los últimos 52 años; la pobreza extrema se incrementa en 400 mil personas durante este gobierno con respecto a 2018; en 2022, más de 30 millones de personas no tenían acceso a servicios de salud y entre los más afectados se encuentran los indígenas, las mujeres, los discapacitados y los migrantes.

 

 

El mismo informe revela que, en 2022, alrededor de 8.3 millones de indígenas se hallaban en condiciones de pobreza y que son el sector social con más pobres desde 2010. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) revela que el rezago educativo en la población indígena pasó de 33.5 por ciento, en 2018, a 35.3 en 2022; y la falta de acceso a la vivienda en este mismo sector pasó de 57.4 por ciento al 58 por ciento. 

Doña Guadalupe, entrevistada vía telefónica (por cierto, con muchas interferencias debido a que en su comunidad la señal telefónica es muy deficiente) señaló: “La verdad, pensábamos que AMLO iba a transformar a la comunidad de nosotros en una comunidad mejor, pero, pues no: hoy estamos peor que antes, porque antes no batallábamos por el agua. Se han ido agravando las cosas porque ya la gente se quedó sin trabajo; les quitaron las becas a los niños; mi niño dejó de estudiar; ahora sí que los que le dieron su voto confiando en que iba a hacer mejor las cosas están desengañados.

“Le diría (a AMLO) que se pusiera a chambear en serio; que se ponga a atender los problemas, porque la gente confió en él ciegamente. Ahora se está desanimando la gente; que se pusiera a trabajar en serio porque, la verdad, su chamba no la está haciendo realmente; el gobierno no está trabajando en serio con la gente más necesitada, con la gente más humilde, que es la que está más desprotegida”.


Escrito por Citlali A. Ramírez M.

Periodista


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