La guerra de exterminio entre los grupos del crimen organizado convirtió este año a Chiapas en el segundo estado más violento del país y el primero con mayor número de ataques armados dirigidos a influir en los resultados de los comicios del dos de junio. 

Además de sus enfrentamientos entre sí y con las fuerzas de seguridad pública, las bandas delictivas siguen llevando a cabo secuestros “exprés”, emboscadas a civiles, cobros de piso, narcomenudeo y robo de automóviles, además de traficar con migrantes nacionales, centroamericanos, caribeños y aún de otros continentes.

Esta dinámica de violencia se da particularmente en los 20 municipios considerados como “focos rojos” por las mismas autoridades locales y federales, cuyas principales corporaciones –entre ellas la Guardia Nacional y el Ejército– nada o muy poco hacen para detener a los delincuentes.

Por ello, ante la nula o débil respuesta de las instituciones públicas, varios sectores sociales de la entidad han alzado la voz para exigir que se ponga un alto a la espiral de violencia en la que se hallan envueltas las ciudades más pobladas, donde se realizan las actividades comerciales y turísticas del estado.

Las acciones delictivas empezaron a elevarse en 2023, cuando los cárteles del narcotráfico con mayor presencia nacional y varias organizaciones delictivas locales, como los Motonetos de San Cristóbal de Las Casas, intensificaron sus disputas por el control de las plazas y rutas del tráfico de drogas provenientes de Sudamérica.

En entrevista con buzos, Omar David Jiménez Ojeda, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), afirmó que jamás antes se habían documentado tan altos niveles de violencia en la entidad a causa de su delimitación fronteriza con Centroamérica.

Esta situación geográfica, explicó, ha resultado “sumamente atractiva para los cárteles o instancias delincuenciales, que a pesar de los retenes oficiales se disputan sin el mínimo pudor, y quizás con la complicidad del gobierno”, el control de los municipios fronterizos: Ciudad Cuauhtémoc, Comitán y Frontera Comalapa.

Jiménez Ojeda dijo que las autoridades gubernamentales han abdicado del poder público que se les confirió al no reaccionar como deberían hacerlo frente a las atrocidades que los grupos delictivos están cometiendo en contra de los pobladores y, motivado por su propia reflexión, cuestionó: “¿para qué necesitamos un gobierno?”.

El catedrático dio él mismo la respuesta: “El gobierno debe mantener las condiciones de vivir en sociedad bajo ciertas reglas, cuidando y garantizando los derechos de las personas: Pero cuando la debilidad institucional llega a la esfera estatal se está en un grave problema, ya que toda esa situación no se construye de la noche a la mañana”.

El investigador recordó que desde hace 12 o 15 años algunos conflictos indicaban la presencia de problemas de descomposición social en varios municipios, los que además evidenciaba que las capacidades institucionales eran insuficientes para enfrentar una nueva situación.

Es por esta razón que hoy, detalló, “no se percibe un clima de seguridad en la entidad, y ahí el Estado está quedando a deber toda vez que los casi seis millones de chiapanecos estamos a merced de la delincuencia organizada. Es bien sabido que dos o tres expresiones de la delincuencia organizada se vinieron a instalar a Chiapas y que por la posición fronteriza de la entidad rivalizan por la posesión de los espacios donde fluyen tanto las drogas ilícitas como los migrantes”, explicó.

A decir del experto en materia de seguridad pública, el estado se encuentra en su peor momento y “por más que nos digan que estamos bien, salta a la vista que no, ya que somos nota nacional diaria por algún lamentable acontecimiento”.

Jiménez afirmó que la veta de reclutamiento juvenil más rica del crimen organizado en el estado se halla en Los Altos, especialmente en San Cristóbal de las Casas, donde un estudio sociológico contabilizó que entre dos mil 500 y tres mil jóvenes están siendo utilizados como carne de cañón por las bandas delictivas. 

El investigador dijo que de continuar esta situación la entidad llegará a un nuevo “pico” de violencia; y que para evitarlo es necesario que el gobierno estatal haga lo mismo que hicieron los de Nuevo León, Baja California y Sinaloa para reducir los altos índices delictivos que reportaban.

“Si se observa, Sinaloa ya no es lo que era hace 10 o 15 años. Ahora el foco rojo es Chiapas, pero lo que pasa es que es un proceso que dura de ocho a 10 años”, comentó el catedrático de la UNACH, quien además detalló que ahora las actividades del crimen organizado se han diversificado.

Recordó que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el “discurso” fue la conversión de militares en policías y la militarización de los policías a fin de combatir el narcotráfico, la actividad primaria de la delincuencia organizada, pero que hoy en día ésta opera en otros rubros y está presente en bares, cobrando derecho de piso, extorsionando, lavando dinero sucio y traficando o esclavizando migrantes.

Jiménez Ojeda dijo que el Chiapas de hoy “no es el del pasado, aquel que recibía a sus visitantes con las puertas abiertas de sus hoteles, restaurantes y con la tranquilidad en sus carreteras para conocer sus bellezas naturales o ruinas arqueológicas. Ese Chiapas está ausente”.

Por ello, enfatizó, el principal reto en materia de seguridad del gobierno estatal electo consiste en reducir las actividades criminales en los seis años venideros a fin de que el turismo, la segunda actividad económica más importante de la entidad, recupere el nivel que tenía hace dos décadas.

Otros municipios con alta incidencia delictiva citados por Jiménez son Ocozocoautla, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, La Concordia, Villaflores, Villacorzo, Mapastepec, Tapachula, Escuintla, Motozintla, Frontera Comalapa, Rayón, Benemérito de las Américas, Chicomuselo y Pantelhó.

Gobiernos sin resultados

Carmen Villa, directora del Observatorio Ciudadano Chiapas (OCC) /y de LigaLab, destacó en entrevista con buzos que las acciones y la estrategia de las autoridades de los gobiernos Federal y estatal para combatir a los grupos delictivos no han dado resultados positivos para el restablecimiento del orden en Chiapas y en toda la República.

“No vemos una estrategia de seguridad a nivel nacional que esté haciendo frente de manera efectiva al crecimiento exponencial de la presencia de grupos del crimen organizado en el territorio chiapaneco, como se ha visto en los últimos dos años. En la entidad no hay una estrategia sólida o que dé respuesta a partir de un análisis de datos de inteligencia criminológica que indiquen que están entendiendo el fenómeno y respondiendo acorde”, detalló.

Dijo que las dos instancias de gobierno llegaron tarde a la disputa de territorios entre los grupos del crimen organizado y al estatal de Chiapas lo instó a aprender de las experiencias de los gobiernos de otros estados que implementaron medidas funcionales, territorializadas, para poner en orden a los delincuentes.

La carencia de una estrategia adecuada se constató con el resultado más significativo de la Encuesta de Seguridad Urbana (Ensu), que a mediados de abril dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): que en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez disminuyó la percepción de seguridad y que al menos un 80 por ciento de los entrevistados dijo no sentirse seguro en las calles de las dos ciudades más grandes de Chiapas.

En el último semestre, el Observatorio Ciudadano dio a conocer el Reporte de Incidencia Delictiva en el que se consigna que a pesar de que hubo una disminución en el número de los homicidios dolosos, la comisión de otros delitos de alto impacto y el uso de armas de fuego fueron al alza. 

Otro cambio relevante fue que, mientras en los años 70 del Siglo XX la mayoría de los desplazamientos se debió a conflictos políticos o religiosos, ahora la mayoría de los secuestros masivos o comunitarios son cometidos por grupos del crimen organizado, muchos escenificados en la frontera de Chiapas con Guatemala.

“Lo que se puede apreciar tras los enfrentamientos es que los cárteles lo que buscan es exterminar al contrario. Aquí ya no se trata de establecer un área de dominio, si no se trata de una guerra de exterminio”, dijo al diario El Financiero José Adriano Anaya, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en abril pasado.

En coincidencia con Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCOS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Anaya sostiene que, además de la disputa por el control de las rutas del narcotráfico, ahora los cárteles también se pelean por el negocio de la trata de personas en la región fronteriza del sur.

“Por ello es necesario que las autoridades reconozcan el impacto significativo que la violencia del crimen organizado ha tenido sobre comunidades en Chiapas, lo cual ha ocurrido tanto a nivel federal como estatal….los enfrentamientos que hubo en Berriozábal y en Ocozocoautla es la recuperación del territorio entre grupos delincuenciales; (también) los enfrentamientos en Frontera Comalapa, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, hasta Motozintla, forman parte de esta lógica”, aclaró el investigador.. 

Por su parte, el académico de la UNAM indicó que muchos gobiernos chiapanecos, sin importar su filiación política, han fallado en la aplicación de políticas de seguridad pública efectivas, lo que ha propiciado la improvisación de medidas que sólo han expuesto a mayor riesgo de violencia, extorsión y desplazamiento a las comunidades indígenas, entre ellas las zapatistas.

“En Chiapas, los grandes caciques siempre han tenido grupos armados a su disposición; los han usado para desplazar a los indígenas de sus comunidades para tomar posesión de sus tierras. Aunado a esto, desde julio de 2021 y tras el asesinato de Simón Pedro Pérez, de Las Abejas de Acteal, pobladores de Pantelhó formaron un grupo de autodefensa para hacer frente a los grupos criminales de otros estados, los cárteles, y defenderse de estos grupos paramilitares que forman los caciques. Y así se fueron formando varios grupos de autodefensa. Sin embargo, esto fue el comienzo de lo que a la postre es la presencia de los carteles en Chiapas”, dice un texto del medio digital El Salto.

Mario Ortega, activista del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), explica así el fenómeno: “la delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio; es como una trasnacional que va incorporando las tienditas locales”.

Fue precisamente por esto, agrega Ortega, que los zapatistas emitieron varios comunicados en 2023 en los que anunciaron su reorganización comunitaria y su reestructuración de su mando único, toda vez que ahora ya no sólo enfrentan a los grupos de siempre, sino también a los cárteles, que son mucho más peligrosos y el enemigo más visible.

Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos, explica que “los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios. Desde ahí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública”.

Resalta, asimismo, que el objetivo principal de los grupos del crimen organizado es apoderarse de cada territorio, controlarlo y, finalmente, poner a su propia gente en cada presidencia municipal.

Las elecciones más violentas

Las tres últimas elecciones presidenciales de México se realizaron bajo la sospecha de la intervención de la delincuencia organizada, sobre todo en las votaciones realizadas en el ámbito municipal.

De acuerdo con la organización civil OCC, en abril Chiapas se ubicó en el tercer lugar nacional en violencia política electoral, sólo detrás de Guerrero y Michoacán, en donde la incidencia del crimen organizado en la política es aún más alarmante.

Éste fue el año político-electoral más violento en la historia reciente de México; el número de incidentes delictivos aumentó el 150 por ciento con relación a 2021 y fueron asesinados 34 candidatos a algún cargo de elección popular.

De esta cifra nacional, ocho candidatos fueron chiapanecos, lo que ubicó a Chiapas entre las entidades más violentas. Jiménez Ojeda, el investigador de la UNACH, explicó que los espacios municipales resultan idóneos para el crimen organizado porque sus espacios institucionales son más débiles.

Pero además, en el caso de Chiapas, la geografía accidentada y de difícil acceso –montañosa, selvática o boscosa– fue aprovechada por la delincuencia organizada para exacerbar los ánimos políticos y generar confusión con respecto a los cierres de casillas y conteos rápidos. 

Esto ocurrió sobre todo en municipios “foco rojo” como Pantelhó y Chicomuselo, en donde prácticamente no pudieron desarrollarse las votaciones, según reportaron las autoridades de los institutos Nacional Electoral (INE) y el estatal (IEPC). 

En algunas comunidades de otros 10 municipios se impidió la instalación de casillas y más de 60 mil electores no pudieron participar con su voto en la “fiesta democrática” del pasado dos de junio.

DataCivica reportó que, hasta el 28 de mayo, el crimen organizado había convertido a Chiapas en el estado con el mayor número de ataques armados, secuestros y amenazas contra candidatos y militantes de partido (18) y funcionarios electorales (seis) y fuerzas de seguridad pública.

Según su reporte Votar entre Balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México, Chiapas ocupó el segundo lugar nacional en violencia, sólo debajo de Guerrero.

“Chiapas era un estado con poca incidencia de este tipo de agresiones y en el último año se colocó casi a la cabeza del listado”, dice el informe, que se sustenta en el monitoreo de agresiones por motivos políticos y mediante el uso de armas de grueso calibre, entre otras.

“En Chiapas vemos que la violencia en contra de actores políticos se ha incrementado de manera sorprendente en comparación con los periodos electorales previos, y que el número de personas del ámbito de la política que han sido atacadas durante este periodo electoral no tiene precedentes y es muy preocupante”, concluye el informe.